El Gobierno de Javier Milei descartó implementar un programa estatal para asistir a las familias que tienen dificultades para pagar sus créditos y tarjetas, pese al fuerte aumento de la morosidad registrado durante los últimos meses. El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que se trata de un problema entre privados y que los deudores deben negociar con las entidades financieras las alternativas disponibles. La postura oficial se conoció mientras la morosidad de los hogares alcanzó niveles récord.

Según los últimos datos del Banco Central de la República Argentina, la morosidad de los créditos destinados a las familias llegó al 12,8% en mayo, el nivel más elevado de la serie histórica de la entidad. El indicador aumentó 0,7 puntos porcentuales respecto de abril y 8,3 puntos en comparación con mayo de 2025.

Los mayores problemas aparecen en los préstamos utilizados para financiar el consumo. La morosidad de los préstamos personales llegó al 15,9%, mientras que las tarjetas de crédito registraron una irregularidad del 13,7%. En ambos casos, el deterioro fue considerable durante el último año.

Caputo afirmó que el Estado no tiene previsto intervenir para rescatar a los deudores. Su argumento es que los créditos son acuerdos entre bancos y clientes, por lo que las dificultades de pago deben resolverse mediante negociaciones y refinanciaciones dentro del sistema financiero. El funcionario también sostuvo que espera que la mora disminuya progresivamente a medida que mejore la situación económica.

La posición del Gobierno generó críticas de sectores de la oposición, que consideran que el aumento de la deuda de los hogares refleja una pérdida de capacidad de compra y no solamente decisiones financieras individuales. Una parte de las familias recurrió a tarjetas, préstamos personales y financiación digital para cubrir gastos cotidianos ante ingresos que no alcanzaban para sostener el presupuesto mensual.

El fenómeno también se extiende fuera de los bancos tradicionales. Las fintech, billeteras virtuales y financieras adquirieron un peso creciente en el mercado de crédito y concentran una parte importante de los deudores. Esto amplió el acceso al financiamiento, pero también facilitó que algunas personas acumulen obligaciones con diferentes proveedores al mismo tiempo.

El Banco Central señaló, de todos modos, que el sistema financiero mantiene capacidad para absorber las pérdidas potenciales asociadas al aumento de la morosidad. La situación de las empresas es considerablemente diferente: la irregularidad de sus créditos se ubicó en torno al 3,5%, muy por debajo de la registrada entre las familias.

El debate ahora se concentra en si el problema puede solucionarse mediante acuerdos individuales entre bancos y clientes o si el crecimiento de la morosidad terminará requiriendo algún tipo de respuesta regulatoria. El Gobierno mantiene su negativa a utilizar recursos públicos, mientras en el Congreso avanzan propuestas destinadas a facilitar la refinanciación y aliviar el peso de las deudas familiares.

La evolución de la morosidad será uno de los indicadores importantes para medir el impacto de la recuperación económica sobre los hogares. Una reducción sostenida permitiría al Gobierno sostener su estrategia de dejar la solución en manos del mercado. Si, en cambio, los incumplimientos continúan aumentando, la presión política para adoptar medidas de asistencia o regulación sobre el crédito podría crecer durante los próximos meses.