El despliegue de las Fuerzas Armadas bolivianas para desactivar los bloqueos bajo el estado de excepción ha abierto un debate sobre el delicado equilibrio entre el restablecimiento del orden público y la protección de los derechos humanos, una tensión que atraviesa a toda la región del Mercosur. Tras la entrada en vigencia del estado de excepción decretado el 20 de junio, efectivos militares y policiales comenzaron a intervenir en distintos puntos del país para liberar carreteras estratégicas. Las autoridades aseguraron que el objetivo era garantizar la libre circulación y evitar un mayor deterioro de la economía. Un operativo conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía liberó completamente la carretera entre La Paz y Oruro, permitiendo la reanudación gradual de la circulación. Sin embargo, distintos sectores sociales advirtieron que la presencia militar podría profundizar el conflicto si no se acompaña con nuevas instancias de diálogo, especialmente con las organizaciones campesinas que no participaron del acuerdo firmado con la COB.
Los antecedentes de violencia durante los operativos de desbloqueo generan preocupación sobre las consecuencias del despliegue militar. A lo largo de las semanas de conflicto, los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes dejaron víctimas, entre ellas un manifestante que recibió un disparo durante un operativo de desbloqueo y un joven de veinticuatro años que falleció por impacto de proyectil de arma de fuego durante los enfrentamientos registrados en un operativo para habilitar un corredor humanitario. El despliegue de las Fuerzas Armadas para tareas de orden público interno es una medida de alto riesgo que las organizaciones de derechos humanos observan con preocupación, ya que la experiencia regional demuestra que la militarización de los conflictos sociales tiende a aumentar el riesgo de violaciones a los derechos fundamentales. La imagen de vehículos blindados militares en zonas bloqueadas como Cruce Ventilla, en El Alto, ilustró la dimensión de la respuesta gubernamental.
El marco jurídico del estado de excepción contempla salvaguardas que reflejan la conciencia de los riesgos involucrados. Según información de la Presidencia boliviana, la medida no supone la suspensión de derechos, pero sí prohíbe los bloqueos de vías y el uso de armas, explosivos y elementos violentos. La norma autoriza a la Policía y a las Fuerzas Armadas a realizar arrestos preventivos que no pueden exceder las ocho horas, y establece que todo arresto debe ser registrado indicando lugar, hora, motivo y estado físico de la persona, sin que pueda implicar incomunicación, trato cruel o vulneración de derechos fundamentales. Estas salvaguardas, que incluyen el control parlamentario y los límites a la detención, son mecanismos destinados a prevenir los abusos, aunque su efectividad dependerá de su aplicación concreta en el terreno.
La retórica del gobierno, que calificó las protestas como un «intento de golpe de Estado» del «narcoterrorismo», introduce un elemento de polarización que complica la búsqueda de una salida negociada. El presidente Paz acusó a las «estructuras políticas organizadas» que supuestamente operan desde el Chapare de estar detrás de las protestas, mientras que los dirigentes cocaleros como Severo Marca respondieron que el estado de excepción buscaba «intimidarlos». Esta confrontación de relatos —el gobierno que habla de golpe de Estado y narcoterrorismo, y los manifestantes que denuncian intimidación— refleja la profunda polarización que dificulta la construcción de consensos y que mantiene latente el riesgo de nuevos episodios de violencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho un llamado al diálogo como vía para resolver el conflicto.
Para el Mercosur, el debate sobre la violencia de Estado en Bolivia plantea una prueba de la coherencia de su identidad como bloque comprometido con los derechos humanos. El bloque que invoca el Protocolo de Ushuaia para defender la democracia debe ser igualmente riguroso en la vigilancia de que la respuesta a la crisis boliviana respete los estándares internacionales de derechos humanos y no derive en violaciones a los derechos fundamentales. Aunque el levantamiento de los bloqueos por parte de Evo Morales ha reducido la tensión inmediata, el despliegue militar y la retórica de confrontación mantienen vivo el debate sobre los límites del uso de la fuerza. El Diario Prensa Mercosur seguirá documentando la evolución del conflicto boliviano y el debate sobre la violencia de Estado, con la convicción de que el periodismo de integración debe defender los derechos humanos como un valor fundamental e innegociable de la comunidad regional, incluso en los momentos de mayor tensión social.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
GILSON DANTAS CARMINI
Gilson Dantas Carmini es periodista brasileño, presidente y editor en jefe de Prensa Mercosur. Especializado en integración regional, geopolítica y derechos humanos, desarrolla una destacada labor en el ámbito de la comunicación internacional.
Posee un Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional y mantiene una amplia red de relaciones profesionales, académicas y diplomáticas en América Latina y Asia.
Entre sus reconocimientos destacan el Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores de México (2021), el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Internacional México Blanco (2020) y el título de Amigo de la Niñez y la Adolescencia.
- ★SALUD REGIONAL: EXPERTOS ADVIERTEN SOBRE LA NECESIDAD DE MODERNIZAR LOS SISTEMAS SANITARIOS DEL MERCOSUR
- ★DERECHOS HUMANOS: EL MERCOSUR REFUERZA SU AGENDA REGIONAL DE PROTECCIÓN Y COOPERACIÓN
- ★CRECE LA CONTROVERSIA EN EUROPA POR EL ACUERDO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y EL MERCOSUR
- ★ACUERDO MERCOSUR–JAPÓN ABRE UNA NUEVA ETAPA EN LA ESTRATEGIA COMERCIAL DEL BLOQUE
- ★BRASIL DEBUTA HOY ANTE ESCOCIA Y COLOMBIA SUMA SU SEGUNDO TRIUNFO: EL MERCOSUR Y SUS ASOCIADOS BRILLAN EN UN MUNDIAL 2026 CARGADO DE EMOCIONES
