El Parlamento del Mercosur convirtió este lunes su sesión ordinaria en la Cámara de Diputados de Paraguay en el escenario de la declaración institucional más urgente y más políticamente cargada que el bloque ha emitido en lo que va del año: el repudio formal de los hechos de violencia en Bolivia y la activación del mecanismo de seguimiento del Protocolo de Ushuaia, la llamada «cláusula democrática» del Mercosur. Bolivia está atravesando desde inicios de mayo una crisis de gobernabilidad de creciente intensidad: campesinos de La Paz, la Central Obrera Boliviana y seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) protestan y bloquean carreteras en distintos puntos del país exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz, a quien acusan de incumplir los compromisos que realizó durante la campaña electoral. Los bloqueos están generando desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos esenciales en varias regiones del país, afectando gravemente la vida cotidiana de miles de ciudadanos y poniendo a prueba la capacidad del Estado boliviano de garantizar el orden sin recurrir a la represión que deslegitimaría al gobierno.
El Parlasur, reunido bajo la presidencia del diputado paraguayo Rodrigo Gamarra, emitió una declaración oficial con un lenguaje de urgencia que refleja la seriedad con que los legisladores regionales están tomando la situación. El organismo hizo un «llamado directo tanto a las autoridades gubernamentales como a la ciudadanía boliviana para deponer posturas extremas y garantizar el cumplimiento estricto de los tratados internacionales vigentes.» La declaración reivindica explícitamente el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur, el instrumento que prevé sanciones políticas y comerciales ante la ruptura del orden constitucional en los Estados parte del bloque. Bolivia está en proceso de adhesión plena al Mercosur, y su situación institucional tiene ahora una dimensión regional que le impone obligaciones adicionales ante sus socios. Gamarra citado en la nota de prensa fue categórico: el Parlasur enfatiza su rol «como un celoso custodio de la democracia y la paz en la región.» Esta frase —»celoso custodio»— no es retórica vacía; es la afirmación de un mandato institucional que el Parlasur está dispuesto a hacer valer con los instrumentos que tiene disponibles.
La activación del mecanismo de seguimiento del Protocolo de Ushuaia tiene consecuencias concretas que van más allá de la declaración: significa que el Consejo del Mercado Común —el órgano máximo de decisión del bloque, integrado por los cancilleres de los cinco países— deberá ser convocado para evaluar la situación boliviana si la crisis escala hasta comprometer el orden constitucional. En ese escenario, el Mercosur podría aplicar sanciones que incluyen la suspensión de los derechos de participación en los órganos del bloque, la interrupción de los acuerdos comerciales vigentes y, en el caso extremo, la suspensión total de la membresía, como ocurrió con Venezuela en 2017. Bolivia, que está en proceso de adhesión plena y que ve en esa adhesión una de las apuestas más importantes de su política exterior, tiene incentivos muy poderosos para resolver su crisis interna dentro de los marcos constitucionales antes de que el Mercosur se vea obligado a elevar la presión institucional.
Los antecedentes de violencia en Bolivia durante las protestas agravan el panorama. Las imágenes de agentes antidisturbios retirando piedras de carreteras bloqueadas en el departamento de La Paz, que circularon esta semana en todos los medios regionales, muestran una confrontación que todavía no ha alcanzado el nivel de violencia sistémica que el Protocolo de Ushuaia define como umbral para sus mecanismos más drásticos, pero que está peligrosamente cerca de ese límite. Paraguay, como sede del Parlasur y como Presidencia Pro Tempore del Mercosur, envió ayuda humanitaria a Bolivia esta semana, un gesto que la Cancillería paraguaya describió como una expresión de solidaridad fraternal que no implica reconocimiento de ninguna de las partes en el conflicto. Esa distinción —solidaridad humanitaria sin posicionamiento político en el conflicto interno— es el equilibrio más difícil que los gobiernos del Mercosur deben mantener cuando uno de sus socios enfrenta una crisis de gobernabilidad que todavía no ha cruzado la línea de la ruptura constitucional.
La crisis boliviana llega en un momento especialmente delicado para el proceso de adhesión del país al Mercosur. Bolivia necesita demostrar que es un Estado con instituciones sólidas y con capacidad de gestión democrática de los conflictos para completar los requisitos del proceso de adhesión plena. Una crisis que escale hasta comprometer el orden constitucional no solo activaría los mecanismos del Protocolo de Ushuaia sino que también detendría indefinidamente el proceso de adhesión, privando al país del marco institucional que precisamente necesita para negociar desde una posición más sólida el acceso a sus recursos estratégicos —litio, gas, minerales críticos— en el contexto del acuerdo Mercosur-UE.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
GILSON DANTAS CARMINI
Gilson Dantas Carmini es periodista brasileño, presidente y editor en jefe de Prensa Mercosur. Especializado en integración regional, geopolítica y derechos humanos, desarrolla una destacada labor en el ámbito de la comunicación internacional.
Posee un Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional y mantiene una amplia red de relaciones profesionales, académicas y diplomáticas en América Latina y Asia.
Entre sus reconocimientos destacan el Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores de México (2021), el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Internacional México Blanco (2020) y el título de Amigo de la Niñez y la Adolescencia.
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