La huelga docente del 27 de mayo dejó dos fotografías distintas y una misma grieta de fondo: en Valencia, más de 25.000 personas marcharon hasta la sede de la Conselleria de Educación tras 13 días de paro indefinido; en Cataluña, los profesores llevaron la protesta a las carreteras, con cortes en la AP-7, la A-2 y movilizaciones en Barcelona y otras ciudades mientras seguían las negociaciones con el Govern. No fue una jornada más en el calendario sindical, de esas que pasan con pancarta, megáfono y nota de prensa. Fue un pulso abierto, incómodo, de esos que convierten la escuela en asunto público cuando el sistema ya no cabe dentro del aula.
La escena tenía algo de final de curso adelantado, pero sin fiesta: calor, tráfico cortado, docentes cansados, familias mirando de reojo el calendario y administraciones atrapadas entre el gesto negociador y la calculadora. En Valencia, la marea verde volvió a ocupar el centro de la ciudad. En Barcelona, la marcha arrancó en Pla de Palau y terminó en Drassanes, mientras otros focos de protesta bloqueaban puntos clave de la movilidad catalana. La educación, esa palabra tan de consenso en los discursos, volvió a enseñar su cara menos cómoda: ratios, salarios, plantillas, burocracia, inclusión, lengua, climatización, desgaste. Todo junto. Todo tarde.
La calle como sala de profesores
La protesta valenciana llegó en plena tercera semana de huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria de la Comunitat Valenciana. La manifestación salió a las 11.00 horas de la plaza de San Agustín y avanzó por Guillem de Castro, el paseo de la Petxina, el Pont de les Glòries Valencianes y la avenida de Pius XII hasta la Conselleria de Educación, en Campanar. No era una ruta elegida al azar: el recorrido terminaba justo donde se negociaba el conflicto, como si la calle quisiera meter el cuerpo entero en la mesa.
La cifra de asistencia marcó el tono de la jornada. Más de 25.000 manifestantes, según el recuento institucional conocido durante la jornada, recorrieron el centro de Valencia. La protesta fue menor que las anteriores grandes marchas, pero siguió siendo lo bastante numerosa para dejar claro que el conflicto no se había desinflado. Venía, eso sí, con cansancio acumulado. Trece días de huelga no son una pose: significan salarios descontados, clases alteradas, familias reorganizando horarios, equipos directivos haciendo malabares y una administración midiendo cada palabra como si caminara sobre baldosa mojada.
Las pancartas resumían el catálogo de demandas con una claridad casi brutal: menos burocracia, menos ratios, más salario, más plantilla y más defensa del valenciano. Ahí estaba el núcleo del conflicto. No solo dinero, aunque el dinero importa; no solo condiciones laborales, aunque importan mucho; no solo lengua, aunque el asunto arde en la política valenciana como brasas bajo ceniza. La protesta juntó reivindicaciones materiales y simbólicas, lo cual explica por qué se ha vuelto tan difícil cerrarla con una única cifra salarial y una sonrisa institucional.
En la cabecera estuvieron STEPV, CC OO y UGT. CSIF, que había sido uno de los sindicatos convocantes, se descolgó de la manifestación tras firmar junto a ANPE un acuerdo retributivo con la Generalitat. Ese movimiento cambió el tablero: para unos fue una salida pragmática, para otros una grieta sindical difícil de disimular. La Conselleria mantiene una subida progresiva de hasta 200 euros brutos mensuales hasta 2028, mientras STEPV, UGT y CC OO consideran que la oferta no basta y reclaman un acuerdo marco que incluya más cuestiones que el salario.
Valencia: negociación larga, acuerdo corto
La mesa valenciana vivió otra jornada de desgaste. La séptima reunión entre la Conselleria de Educación y los sindicatos empezó por la mañana y se alargó durante horas, con un receso y sin pacto definitivo. Sí hubo avances parciales, sobre todo en la carga burocrática, pero quedaron sin cerrar asuntos espinosos: ratios, plantillas, infraestructuras, inclusión educativa y Formación Profesional. Es decir, buena parte de lo que explica por qué la protesta no se ha ido a casa.
El punto delicado es que los sindicatos que mantienen el pulso no quieren acuerdos troceados, una especie de menú por capítulos que permita a la administración vender avances mientras la huelga se enfría. STEPV, CC OO y UGT piden un acuerdo marco que pueda ser consultado al profesorado antes de firmarse. La fórmula tiene lógica sindical: después de dos semanas largas de paro, nadie quiere bajar al patio con un papel pequeño y decir que el incendio estaba controlado. Menos aún cuando una parte del colectivo siente que la oferta salarial firmada por ANPE y CSIF no recoge todo lo hablado en la mesa.
La crisis valenciana tiene, además, una derivada que suele pasar desapercibida hasta que estalla: los equipos directivos. Directores de centros públicos se concentraron ante la Conselleria para pedir una respuesta urgente y advertir de que están al límite. No es una frase decorativa. Los equipos directivos son quienes sostienen el engranaje invisible de los centros: comedor, evaluaciones, organización del curso siguiente, proyectos europeos, bancos de libros, actividades complementarias, sustituciones, comunicación con familias. Cuando ese nivel intermedio se agota, la escuela no se cae de golpe; empieza a crujir por dentro.
La Associació de Direccions d’Escola Pública del País Valencià, que representa a 452 centros, avisó de que el bloqueo amenaza procesos esenciales de final e inicio de curso. Ahí la huelga deja de ser un choque clásico entre empleados públicos y administración. Pasa a afectar al calendario íntimo de cualquier colegio: notas, informes, matrículas, comedores, programas, reuniones, previsiones de septiembre. La palabra “colapso” se usa demasiado en política, sí, como quien echa pimienta a todo. Pero en un centro educativo, cuando se solapan cierre de curso, planificación del siguiente y huelga indefinida, la hipérbole empieza a quedarse pequeña.
Barcelona y Cataluña: la protesta salta a la carretera
En Cataluña, el 27 de mayo tuvo una liturgia distinta. La jornada coincidió con la tercera semana de huelga educativa y con un nuevo paro general del sector, pero el centro de gravedad no estuvo solo en Barcelona. Hubo manifestaciones en varias ciudades y cortes de grandes vías: la AP-7 en puntos como Girona, Tarragona y La Roca del Vallès; la A-2 en Lleida; y otras afectaciones en carreteras secundarias. La protesta salió del aula, bajó a la calle y se plantó en el asfalto. Literalmente.
En Barcelona, miles de docentes marcharon desde Pla de Palau hasta la plaza de Drassanes. La Guardia Urbana cifró la asistencia en unos 7.000 participantes, mientras los sindicatos elevaron el dato hasta los 15.000. La diferencia de cifras ya forma parte del paisaje habitual de cualquier manifestación española; casi un género literario propio, con su épica y su contabilidad creativa. Pero incluso tomando la cifra más baja, la protesta tuvo peso político. No fue una concentración residual ni una pataleta de gremio.
La convocatoria catalana incorporó a profesorado de la pública y de la concertada, además de familias, estudiantes y trabajadores vinculados al sector educativo. Ese ensanchamiento importa. Cuando una huelga deja de ser solo de funcionarios —o de docentes, para decirlo con más precisión— y suma a familias, estudiantes, monitores y centros concertados, el mensaje cambia de volumen. Ya no se discute únicamente una nómina o una jornada; se discute qué recursos necesita el sistema para no funcionar a base de parches, vocación y una paciencia que, como todo recurso natural, también se agota.
Los cortes en la AP-7 y la A-2 fueron el elemento más visible y también el más incómodo. En Granollers, los manifestantes montaron carpas y lonas para protegerse del sol, con intención de alargar la protesta. En Lleida, cientos de docentes cortaron la A-2 en ambos sentidos desde media mañana. En Tarragona, la movilización se movió entre el ambiente festivo y la presión sindical. Ese contraste —paellas, paraguas contra el calor, pancartas, retenciones— tiene algo muy mediterráneo y muy serio a la vez: la protesta puede tener música, pero no por eso deja de doler.
El bloqueo no es solo de tráfico
La palabra bloqueo explica bien la jornada, pero se queda corta si se reduce a carreteras cortadas. En Valencia, el bloqueo estaba en la mesa de negociación: salarios aceptados por unos sindicatos y rechazados por otros, demandas acumuladas y una huelga que ya afectaba al ánimo de los centros. En Cataluña, el bloqueo fue doble: movilidad interrumpida y negociación pendiente con el Departament d’Educació. Dos mapas, una misma pregunta de fondo: cuánto vale sostener una escuela pública —y también concertada, en el caso catalán— con condiciones dignas y recursos suficientes.
En Cataluña, el Departament d’Educació había puesto sobre la mesa un nuevo complemento salarial transversal, situado en torno a los 35 o 40 euros mensuales según las propuestas conocidas, y se abrió a reconocer la deuda de los sexenios recortados desde 2012. Los sindicatos valoraron el gesto como un acercamiento, pero siguieron considerándolo insuficiente. USTEC, Professors de Secundària y CGT mantienen reivindicaciones económicas más ambiciosas y exigen también más plantilla. El salario, otra vez, como puerta de entrada; la plantilla, como pasillo de fondo.
La negociación catalana tenía otro número clavado en la mesa: el incremento de dotaciones. El Govern hablaba de 1.700 dotaciones, mientras los convocantes reclamaban hasta 6.500 dotaciones. Detrás de esa diferencia no hay solo contabilidad administrativa. Hay desdobles, atención a la diversidad, sustituciones, apoyo en aulas complejas, reducción de ratios, acompañamiento emocional, orientación, inclusión real y no de folleto. La escuela moderna, esa que todo el mundo cita en campaña, necesita adultos suficientes dentro del edificio. Vaya hallazgo.
Familias, alumnos y final de curso: el daño colateral
Toda huelga educativa tiene una tensión incómoda: quienes protestan lo hacen por condiciones que afectan al aprendizaje, pero la protesta altera ese mismo aprendizaje. Es la paradoja clásica y conviene no esconderla bajo una alfombra verde o amarilla. Las familias viven el conflicto con una mezcla de apoyo, fatiga y preocupación práctica. Los alumnos miran el final de curso con una incertidumbre que no siempre entiende de siglas sindicales. Y los equipos directivos hacen de dique, traductor y pararrayos.
En la Comunitat Valenciana, el conflicto afecta a la enseñanza pública no universitaria en un momento especialmente sensible del calendario. Mayo no es un mes cualquiera: se cierran evaluaciones, se preparan informes, se ordena el curso siguiente, se ajustan servicios, se planifican grupos, se cruzan datos. Si la huelga se prolonga, el impacto no se limita a las horas lectivas perdidas. También entra en esa trastienda escolar que nadie ve hasta que falla.
En Cataluña, la extensión territorial de las protestas amplificó el efecto público de la huelga. No fue solo Barcelona; también Girona, Tarragona, Lleida, Granollers y Torredembarra estuvieron en el mapa de movilizaciones. La presencia de la concertada añadió otra capa al conflicto, porque trasladó la idea de que el malestar docente atraviesa distintos modelos de centro. Con diferencias, claro. No conviene meterlo todo en el mismo saco como si el sistema educativo fuera una lavadora. Pero la queja compartida sobre ratios, recursos y reconocimiento profesional sí dibuja un clima común.
La escuela española lleva años viviendo una contradicción elegante en los discursos y áspera en la realidad. Se le pide inclusión, innovación, digitalización, atención emocional, igualdad, excelencia, convivencia, orientación personalizada, prevención de conflictos, competencia lectora, competencia matemática, educación sexual, sostenibilidad, ciudadanía democrática y, de paso, que no moleste demasiado al presupuesto. El resultado es conocido: cada reforma añade una capa; pocas retiran peso. Luego llega una huelga docente y todo el mundo descubre, con gran sorpresa institucional, que debajo del sistema había personas.
Dos gobiernos ante un mismo incendio
La jornada dejó también una lectura política inevitable. En Valencia, la Conselleria de Educación, dirigida por Carmen Ortí, afronta una huelga que se ha convertido en el mayor conflicto educativo del curso en la Comunitat Valenciana. El hecho de que ANPE y CSIF hayan aceptado una parte del acuerdo permite al Consell defender que hay avances, pero no resuelve el problema mientras STEPV, CC OO y UGT mantengan la movilización y exijan un marco más amplio. Un acuerdo parcial puede servir para una rueda de prensa. Para cerrar una huelga indefinida, suele hacer falta algo más.
En Cataluña, el Govern de Salvador Illa afronta un pulso con sindicatos que reconocen acercamientos, pero no dan por buena la propuesta. La reunión prevista durante la jornada se convirtió en el punto de referencia de una movilización diseñada para presionar. Los docentes cortaron vías y llenaron calles mientras el Departament d’Educació intentaba mover ficha con complementos salariales, sexenios y dotaciones. La imagen fue muy clara: negociación dentro, ruido fuera. Democracia laboral en estéreo, con retenciones incluidas.
Conviene no caer en la tentación de reducirlo todo a una pugna de buenos y malos. Los gobiernos tienen límites presupuestarios, sí. Los sindicatos pueden tensar de más, también. Algunas familias sufren las consecuencias sin haber votado ninguna pancarta. Pero hay una evidencia que atraviesa la jornada: cuando miles de docentes salen a la calle, cuando directores dicen estar al límite y cuando la protesta salta de los centros a las autopistas, el malestar no es una anécdota. No es un berrinche corporativo. Es un aviso de sistema.
El aula pidió paso en mitad del tráfico
El 27 de mayo dejó una crónica de calles llenas, carreteras bloqueadas y reuniones sin desenlace definitivo. En Valencia, la huelga docente siguió viva tras 13 días de paro, con una manifestación masiva hasta la Conselleria de Educación y una negociación aplazada. En Cataluña, los profesores convirtieron la jornada en una presión territorial, con marchas en varias ciudades y cortes en vías estratégicas mientras el Govern buscaba un acuerdo suficiente para enfriar el conflicto. La foto es nítida: las aulas han salido a la calle porque dentro ya no cabía todo el cansancio acumulado.
Lo más fácil sería quedarse con el tráfico, las pancartas o el cálculo de asistentes. Lo importante está un poco más abajo, donde suelen estar las cosas serias. La huelga habla de salarios, desde luego, pero también de tiempo, ratios, burocracia, plantillas, reconocimiento y capacidad real para enseñar. Habla de profesores que sienten que la vocación se ha usado demasiadas veces como suplemento gratuito del presupuesto. Habla de administraciones que negocian cuando el ruido ya está en la puerta. Y habla de una sociedad que aplaude la educación pública en abstracto, pero se incomoda cuando esa misma educación pública levanta la mano, corta la calle y dice: hasta aquí.
Alessandro Elia
Fuente de esta noticia: https://donporque.com/barcelona-y-valencia-huelga-docente/
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