El exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, advirtió que la próxima administración estatal deberá enfrentar dos crisis simultáneas: una relacionada con el abastecimiento de combustibles y otra en el ámbito jurídico, en referencia a la derivada de la disputa con Shell, que a su vez es una mala señal para los inversores externos.
“Le están dejando una bomba al próximo gobierno de desabastecimiento y otra bomba en el tema jurídico del país, de seguridad jurídica”, señaló el exministro a poco de conocerse la disputa millonaria interpuesta por Shell al Estado boliviano.
Shell señala seis acciones que considera violaciones al tratado bilateral de protección de inversiones con el Reino Unido.
Según Ríos, el monto inicialmente discutido estaba entre 10 y 12 millones de dólares, pero presuntamente subió por nuevas observaciones, acciones que afectan la percepción internacional sobre la seguridad jurídica en el país.
Shell sostiene que hubo intervención indebida del Estado en tres contratos con YPFB, lo cual, según la empresa, redujo la rentabilidad de su inversión. Además, denuncia que un laudo arbitral emitido a su favor fue anulado por tribunales bolivianos, lo que, a su criterio, constituye una denegación de justicia.
En su notificación, Shell también señala incumplimientos de pago por parte de Bolivia, negativa de documentación necesaria para cerrar relaciones contractuales y la venta no autorizada de crudo perteneciente a la compañía.
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