El FMI aseguró que Uruguay tuvo un “salto de calidad” en su economía durante el gobierno de Luis Lacalle Pou
El organismo advirtió, sin embargo, que el “aumento constante” de la criminalidad es una amenaza al crecimiento.
Hay algunas características de Uruguay que los analistas económicos internacionales suelen resaltar más allá de quién esté ejerciendo el gobierno. Lo describen como un país que se destaca por su seguridad jurídica, por la calidad de su democracia y sus instituciones. Para Pau Rabanal, del Fondo Monetario Internacional (FMI), esos conceptos son “comunes” a los partidos políticos, pero destaca que hubo un “salto de calidad” desde que asumió el presidente Luis Lacalle Pou, en 2020.
Rabanal fue el jefe de la misión encargada de la revisión anual del FMI de Uruguay y, entrevistado en Búsqueda, señaló que el país se “destaca en la región por la madurez de su democracia, la alta calidad de sus instituciones, su fuerte gobernanza y sus marcos sólidos en la política macroeconómica”.
“Si bien estas características son comunes más allá del partido que esté en el poder, en este informe queríamos destacar las mejores de los marcos de la política fiscal y monetaria, que se han implementado desde 2020, y que a nuestro entender representan un salto de calidad en el manejo macroeconómico”, declaró el ejecutivo, refiriéndose al último informe aprobado por el Directorio del FMI, que alude a las “sólidas políticas macroeconómicas” de Uruguay.
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Las “mejoras” enumeradas por Rabanal permitieron que Uruguay afronte “desafíos importantes”, como la pandemia, la guerra en Ucrania, la fuga del consumo hacia Argentina y la sequía “sin tener que incurrir en desajustes macroeconómicos”. El ejecutivo destacó la creación de la regla fiscal, una herramienta incorporada en la gestión de Lacalle Pou para controlar el gasto público.
“Pensamos que la nueva institucionalidad fiscal ha sido muy importante para estabilizar el ratio de deuda sobre el PIB en condiciones complejas, mejorando la credibilidad, lo que ha permitido que se produzcan mejores en las calificaciones de la deuda soberana y que los diferenciales de tasas de la deuda en dólares se encuentren en mínimos históricos”, elogió.
Otro punto que elogió el FMI sobre Uruguay fue el control que tiene de la suba de precios. “La inflación ha bajado significativamente en los últimos dos años, después de la subida que se observó en 2022 debido a la guerra en Ucrania, y lleva más de un año instalada dentro del rango meta. Estas mejoras de credibilidad repercuten en la estabilidad macroeconómica, que es condición necesaria para impulsar el crecimiento a mediano plazo”, sostuvo en la entrevista con la revista uruguaya.
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Sin embargo, la desinflación que hubo en Uruguay en 2023 y 2024 se logró de forma “más rápida de lo esperado”, lo que tuvo un impacto en las cuentas fiscales del país, porque provoca un aumento en términos reales de los salarios y las jubilaciones.
El FMI advierte por el aumento de la criminalidad en el país, un elemento que representa una amenaza para el crecimiento. “Uruguay tradicionalmente exhibe algunas de las tasas de criminalidad más bajas de la región, pero se ha experimentado un aumento constante de la criminalidad, gran parte de la cual está relacionada con el tráfico de drogas”, dijo Rabanal.
“El aumento de la delincuencia durante la última década, si bien parte de una base baja, debe ser abordado antes de que empiece a incidir sobre el crecimiento económico”, agregó el jefe de la misión.
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Rabanal también advirtió por el plebiscito que se votará en Uruguay en octubre, junto con las elecciones nacionales. El PIT-CNT, el movimiento sindical uruguayo, juntó firmas para que se vote una papeleta que establecería en la Constitución la edad de retiro en 60 años, igualaría las jubilaciones mínimas con los salarios mínimos y eliminaría los fondos privados de pensiones.
El FMI había considerado necesaria la reforma jubilatoria que se realizó durante el gobierno de Luis Lacalle Pou y advierte por los efectos que podría tener el plebiscito. “Un regreso a la situación anterior a la reforma haría necesario un recorte del gasto en otras partidas o una subida de impuestos si se quiere evitar un incremento de la deuda pública”, apuntó Rabanal.
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