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La discusiรณn adquiere especial importancia porque la FTC naciรณ en 2013, durante el gobierno de Horacio Cartes, como respuesta estatal a la actividad del EPP y otros grupos armados que operaban principalmente en el norte de la Regiรณn Oriental. Su creaciรณn buscรณ integrar capacidades de las Fuerzas Armadas, la Policรญa Nacional y la Secretarรญa Nacional Antidrogas, con una estructura destinada a realizar operaciones de inteligencia, patrullaje y combate contra organizaciones consideradas amenazas para la seguridad interna.
La arquitectura institucional tambiรฉn explica por quรฉ el costo de la FTC resulta difรญcil de comparar con una partida presupuestaria convencional. Durante los primeros aรฑos, los recursos destinados a la fuerza estaban distribuidos entre diferentes programas del Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio del Interior, por lo que no existรญa un รบnico programa presupuestario que permitiera determinar fรกcilmente cuรกnto dinero se gastaba exclusivamente en la FTC. Una investigaciรณn publicada en 2021 por รltima Hora, basada en un estudio del Servicio Paz y Justicia Paraguay, calculaba que el Estado habรญa destinado alrededor de 128 millones de dรณlares a la FTC desde su creaciรณn hasta entonces.
La cifra de 68 millones de dรณlares mencionada ahora por el CODI corresponde a otro perรญodo y a otra metodologรญa: el jefe militar seรฑala que, despuรฉs de la denominada โreingenierรญaโ que estableciรณ un presupuesto propio en 2018, el gasto acumulado ronda ese monto. Por lo tanto, ambas cifras no necesariamente se contradicen: la primera intenta abarcar los recursos asignados a la estructura durante sus primeros aรฑos, cuando estaban dispersos en diferentes programas, mientras que la segunda se concentra en el esquema presupuestario posterior a 2018. Esta diferencia es fundamental para evitar presentar como equivalentes cifras calculadas bajo criterios distintos.
Una fuerza que ampliรณ considerablemente su territorio
La FTC tampoco es hoy exactamente la misma estructura que comenzรณ a operar hace mรกs de una dรฉcada.
De acuerdo con el memorando citado por ABC Color, inicialmente el รกrea de actuaciรณn del CODI comprendรญa Concepciรณn, San Pedro y Amambay, departamentos considerados entonces el nรบcleo de las operaciones contra el EPP. Pero durante el gobierno de Santiago Peรฑa la cobertura se ampliรณ mediante decretos de 2024 hacia Canindeyรบ, Itapรบa, Misiones y รeembucรบ.
Esto significa que la presencia de la estructura militar ya no se limita al escenario histรณrico del conflicto con el EPP en el norte. La FTC tambiรฉn participa en operaciones vinculadas al crimen organizado, narcotrรกfico y amenazas armadas en otras regiones.
Segรบn el general Alberto Gaona, la cobertura actual alcanza aproximadamente al 40 % de la Regiรณn Oriental. El argumento militar es que el incremento territorial obliga a sostener una estructura operativa amplia y que, en consecuencia, el presupuesto debe analizarse considerando no solo el nรบmero de integrantes del EPP, sino la extensiรณn del territorio que el Estado pretende controlar.
Esta expansiรณn coincide con una transformaciรณn del concepto de seguridad paraguayo. La amenaza ya no se presenta รบnicamente como una pequeรฑa organizaciรณn insurgente con capacidad de secuestro y ataques contra establecimientos rurales. Ahora se superponen narcotrรกfico, trรกfico de armas, organizaciones criminales transnacionales y estructuras locales que operan en diferentes puntos de la frontera.
ยฟEn quรฉ se gastan los 8,5 millones de dรณlares anuales?
El documento presentado por el jefe del CODI ofrece tambiรฉn una radiografรญa del destino de los recursos.
Del promedio anual estimado de 8,5 millones de dรณlares, aproximadamente 50 % corresponde a servicios personales, 25 % a bienes de consumo e insumos y 17 % a inversiรณn fรญsica y bienes de capital, ademรกs de otros gastos.
En otras palabras, una parte considerable del presupuesto se consume en mantener la estructura humana desplegada en el territorio. Esto incluye salarios y otros componentes asociados al personal.
El segundo gran bloque corresponde a combustible, alimentaciรณn, mantenimiento, logรญstica, equipamiento y otros insumos necesarios para mantener unidades militares operativas en zonas rurales. El tercer componente estรก relacionado con infraestructura y bienes de capital.
El general Gaona sostiene que, pese a que la cifra puede parecer elevada, el dinero apenas alcanza para cubrir las necesidades operativas bรกsicas. Su argumento es que mantener tropas durante todo el aรฑo en una superficie equivalente a aproximadamente 40 % de la Regiรณn Oriental implica costos permanentes que no desaparecen aunque en determinados perรญodos no se produzcan enfrentamientos.
El problema central: medir el รฉxito
Aquรญ aparece el punto mรกs difรญcil del debate.
Una fuerza militar convencional puede medir parte de sus resultados mediante territorio recuperado, enemigos neutralizados, operaciones realizadas o infraestructura protegida. Pero una estructura destinada a impedir secuestros, ataques y expansiรณn de grupos clandestinos enfrenta un problema diferente: ยฟcรณmo medir aquello que no ocurriรณ?
El Gobierno puede argumentar que la presencia de la FTC evita que el EPP se fortalezca y que la ausencia de determinados ataques es precisamente consecuencia de esa presiรณn. Los crรญticos pueden responder que, despuรฉs de mรกs de una dรฉcada de operaciones y millones de dรณlares invertidos, la permanencia de secuestros y hechos atribuidos al grupo demuestra que el objetivo final todavรญa no fue alcanzado.
Las dos posiciones pueden coexistir parcialmente. Una fuerza puede haber reducido considerablemente la capacidad de una organizaciรณn criminal y, al mismo tiempo, no haber conseguido eliminarla completamente.
La propia informaciรณn oficial de 2026 demuestra esa dificultad. En febrero, despuรฉs del secuestro del agricultor Almir de Brum, el ministro de Defensa, รscar Gonzรกlez, confirmรณ el despliegue de la FTC y otras fuerzas para tareas de reconocimiento e inteligencia. Las autoridades seรฑalaron que el EPP estarรญa debilitado y que su brazo operativo tendrรญa entre 11 y 15 integrantes, pero tambiรฉn aclararon que nunca se habรญa afirmado que la organizaciรณn estuviera completamente extinguida.
Ese episodio es especialmente relevante para el debate presupuestario porque muestra la paradoja actual: el adversario es mucho menor que en etapas anteriores, pero todavรญa conserva capacidad para generar una crisis nacional mediante una sola acciรณn de alto impacto.
El EPP ya no es el mismo enemigo de 2013
La comparaciรณn histรณrica es fundamental.
Cuando se creรณ la FTC, el EPP representaba una amenaza mucho mรกs visible. La organizaciรณn habรญa desarrollado una estrategia basada en secuestros, extorsiones, ataques a establecimientos rurales y acciones armadas, principalmente en los departamentos de Concepciรณn y San Pedro.
Con el paso de los aรฑos, las operaciones de seguridad lograron eliminar o capturar a varios de sus principales dirigentes y reducir considerablemente su capacidad operativa.
Sin embargo, el grupo no desapareciรณ completamente.
El caso de รscar Denis, exvicepresidente de Paraguay secuestrado en 2020, continรบa siendo uno de los sรญmbolos mรกs graves de esta incapacidad estatal para cerrar definitivamente el capรญtulo de los secuestros. Tambiรฉn permanece la incertidumbre sobre el destino de otros desaparecidos vinculados a las organizaciones armadas que operaron en el norte.
La situaciรณn se volviรณ todavรญa mรกs compleja por la apariciรณn y evoluciรณn de otros grupos, entre ellos el Ejรฉrcito del Mariscal Lรณpez, mientras que el narcotrรกfico adquiriรณ una importancia creciente en determinadas zonas del paรญs.
Por eso, evaluar la FTC รบnicamente en funciรณn de su capacidad para perseguir al EPP puede ser insuficiente. Su misiรณn actual se ha expandido hacia una concepciรณn mรกs amplia de defensa interna y combate al crimen organizado.
La seguridad del sur cambia la ecuaciรณn
Uno de los cambios mรกs importantes ocurriรณ con la creaciรณn de la FTC Sur, destinada a operar en departamentos como Itapรบa, Misiones y รeembucรบ.
El Gobierno justificรณ esta ampliaciรณn argumentando que las amenazas contemporรกneas no se concentran exclusivamente en el norte y que las Fuerzas Armadas pueden aportar capacidades de inteligencia, movilidad y control territorial frente a organizaciones criminales.
En febrero de 2026, el ministro รscar Gonzรกlez explicรณ ademรกs que el Gobierno buscaba una estrategia flexible para permitir que las Fuerzas Armadas participaran fuera de sus รกreas habituales cuando existieran determinadas condiciones: presencia de grupos criminales con armamento de guerra, entrenamiento de carรกcter seudomilitar o intenciรณn de imponerse sobre la autoridad estatal.
La medida tiene una importancia institucional considerable porque amplรญa el debate sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna.
El Gobierno insiste en que no pretende sustituir a la Policรญa Nacional. La posiciรณn oficial es que los militares aportan capacidades especรญficas y actรบan en coordinaciรณn con otras instituciones, bajo el marco legal y constitucional correspondiente.
Los resultados contra el narcotrรกfico
La ampliaciรณn de la misiรณn tambiรฉn ha producido resultados que el Gobierno utiliza para defender la inversiรณn.
En febrero de 2026, una operaciรณn conjunta en Caazapรก e Itapรบa permitiรณ destruir 143 hectรกreas de cultivos de marihuana, seis toneladas de droga y cinco campamentos clandestinos. La Senad estimรณ un perjuicio de aproximadamente 65 millones de dรณlares para las organizaciones criminales. En la operaciรณn participaron la FTC, la Fiscalรญa, la Senad y la Fuerza Aรฉrea Paraguaya.
Dรญas despuรฉs, la denominada Operaciรณn Escudo Guaranรญ informรณ de la incautaciรณn y destrucciรณn de mรกs de 1.119 toneladas de marihuana en Amambay, Caazapรก e Itapรบa, con una estimaciรณn oficial de perjuicio superior a 193 millones de dรณlares para las organizaciones criminales.
En julio, otra intervenciรณn en la Reserva Natural Paso Bravo, en Concepciรณn, permitiรณ destruir 32 hectรกreas de cultivos de marihuana, tres campamentos y aproximadamente 96.000 kilos de droga, segรบn el reporte operativo, con una estimaciรณn de pรฉrdida superior a 14,4 millones de dรณlares para el narcotrรกfico.
Estos datos no demuestran por sรญ solos que el modelo de la FTC sea exitoso en todos sus objetivos, pero sรญ muestran que su actividad actual es mรกs amplia que la persecuciรณn del EPP.
Una comparaciรณn que exige cautela
Hay otro elemento que debe tenerse en cuenta antes de afirmar que los 8,5 millones de dรณlares anuales representan un gasto excesivo.
El Ministerio de Defensa Nacional dispone de un presupuesto muchรญsimo mayor. Para 2026, el proyecto presupuestario presentado por el Ejecutivo contemplaba aproximadamente 342 millones de dรณlares para todo el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, con un incremento cercano al 12 % respecto del aรฑo anterior.
Otra presentaciรณn ante la Comisiรณn Bicameral de Presupuesto situรณ el monto en alrededor de G. 2,7 billones, equivalentes a unos 350 millones de dรณlares segรบn el tipo de cambio utilizado en aquella informaciรณn. De ese presupuesto, los gastos de personal representaban la mayor parte, mientras que los gastos operativos tambiรฉn aumentaban.
Por lo tanto, los 8,5 millones de dรณlares anuales del CODI no deben confundirse con el presupuesto total de las Fuerzas Armadas ni con el presupuesto completo del Ministerio de Defensa.
La discusiรณn correcta consiste en determinar cuรกnto cuesta especรญficamente mantener la estructura CODI-FTC y quรฉ resultados produce en relaciรณn con esos recursos.
El antecedente de los 128 millones
La diferencia entre los 68 millones actuales y los aproximadamente 128 millones calculados por Serpaj hasta 2021 merece una explicaciรณn porque puede generar confusiรณn pรบblica.
La investigaciรณn de 2021 seรฑalaba que durante los primeros aรฑos de existencia de la FTC no habรญa un programa presupuestario รบnico que permitiera identificar todos sus gastos. Los recursos estaban distribuidos entre diferentes programas del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior. Por eso, el estudio buscรณ reconstruir el costo de la fuerza a partir de distintas partidas.
Desde 2018, en cambio, se estableciรณ un esquema presupuestario especรญfico que facilita la identificaciรณn del gasto de la estructura. El memorando utilizado por ABC Color se basa en esa etapa y calcula un promedio de 8,5 millones de dรณlares anuales.
La diferencia metodolรณgica muestra un problema mรกs profundo: durante aรฑos, la transparencia presupuestaria de una estructura militar interinstitucional fue limitada por la propia forma en que se distribuรญan sus recursos.
Un debate que tambiรฉn involucra derechos humanos
La historia de la FTC no estรก libre de controversias.
Uno de los episodios mรกs graves ocurriรณ en septiembre de 2020, cuando dos niรฑas argentinas de 11 aรฑos murieron durante un operativo contra un campamento relacionado con el EPP en Yby Yaรบ. El caso generรณ cuestionamientos internacionales y continรบa teniendo consecuencias judiciales. En 2026, la Fiscalรญa solicitรณ la desestimaciรณn de una denuncia contra militares al considerar que actuaron en legรญtima defensa, pero el expediente continuaba recorriendo instancias judiciales.
El episodio demuestra que evaluar la FTC รบnicamente desde la perspectiva de resultados operativos serรญa insuficiente. Una polรญtica de seguridad tambiรฉn debe ser medida por su legalidad, controles institucionales, protecciรณn de civiles y respeto de los derechos humanos.
Ese aspecto serรก cada vez mรกs relevante a medida que la fuerza amplรญe su participaciรณn en operaciones contra estructuras criminales fuera del escenario original para el que fue creada.
Antes, ahora y despuรฉs
Antes, la FTC fue concebida fundamentalmente como una respuesta extraordinaria del Estado paraguayo a la existencia de grupos armados que habรญan convertido determinados sectores del norte en zonas de secuestros, ataques y extorsiones. Su creaciรณn en 2013 buscaba concentrar capacidades militares, policiales y antidrogas para enfrentar una amenaza que las estructuras ordinarias no habรญan conseguido contener.
Ahora, el escenario es diferente. El EPP estรก considerablemente reducido, pero no desapareciรณ; el territorio de actuaciรณn del CODI se expandiรณ hasta abarcar alrededor del 40 % de la Regiรณn Oriental; la FTC participa en operaciones contra el narcotrรกfico y el crimen organizado; y el Gobierno de Santiago Peรฑa impulsa una interpretaciรณn mรกs flexible del empleo de las Fuerzas Armadas frente a determinadas amenazas internas.
Despuรฉs, el gran desafรญo serรก demostrar que la expansiรณn territorial y presupuestaria produce resultados sostenibles. Si la amenaza cambia, tambiรฉn deberรก cambiar la estructura. Una organizaciรณn militar diseรฑada para combatir una guerrilla pequeรฑa no necesariamente es la herramienta รณptima para enfrentar redes transnacionales de narcotrรกfico, lavado de dinero, trรกfico de armas y crimen organizado.
El debate presupuestario, por lo tanto, no deberรญa reducirse a la pregunta de si 8,5 millones de dรณlares al aรฑo son mucho o poco. La cuestiรณn verdaderamente importante es si Paraguay estรก utilizando la herramienta adecuada para el tipo de amenaza que enfrenta en 2026.
El Estado puede justificar el gasto si consigue demostrar que la presencia de la FTC evita ataques, reduce secuestros, desmantela estructuras criminales, protege zonas rurales y disminuye la capacidad logรญstica de organizaciones ilegales. Pero tambiรฉn debe aceptar una evaluaciรณn independiente de sus resultados, porque una estructura de seguridad que recibe recursos pรบblicos durante mรกs de una dรฉcada necesita mostrar no solamente operaciones realizadas, sino resultados verificables y sostenibles.
La propia evoluciรณn del EPP plantea una paradoja: la organizaciรณn es hoy mucho mรกs pequeรฑa que cuando naciรณ la FTC, pero todavรญa puede provocar crisis de seguridad, como demostrรณ el secuestro de Almir de Brum en 2026.
Y allรญ se encuentra el verdadero dilema del Paraguay actual: mantener una fuerza costosa y especializada mientras exista una amenaza residual, o transformar progresivamente esa estructura para enfrentar un fenรณmeno criminal mucho mรกs amplio y transnacional.
La respuesta determinarรก no solo cuรกnto dinero seguirรก destinando Paraguay a la FTC, sino tambiรฉn quรฉ modelo de seguridad interna tendrรก el paรญs durante los prรณximos aรฑos.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
GILSON DANTAS CARMINI
Gilson Dantas Carmini es periodista brasileรฑo, presidente y editor en jefe de Prensa Mercosur. Especializado en integraciรณn regional, geopolรญtica y derechos humanos, desarrolla una destacada labor en el รกmbito de la comunicaciรณn internacional.
Posee un Mรกster en Desarrollo y Cooperaciรณn Internacional y mantiene una amplia red de relaciones profesionales, acadรฉmicas y diplomรกticas en Amรฉrica Latina y Asia.
Entre sus reconocimientos destacan el Micrรณfono de Oro de la Asociaciรณn Nacional de Locutores de Mรฉxico (2021), el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Internacional Mรฉxico Blanco (2020) y el tรญtulo de Amigo de la Niรฑez y la Adolescencia.
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