𝗘𝗹 𝘀𝗲𝗻𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗚𝘂𝘀𝘁𝗮𝘃𝗼 𝗟𝗲𝗶𝘁𝗲, 𝘂𝗻𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗱𝗶𝗿𝗶𝗴𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗼𝘃𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗛𝗼𝗻𝗼𝗿 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗿𝗮𝗱𝗼, 𝗮𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁ó 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶ó𝗻 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮 𝘀𝗼𝗯𝗿𝗲 𝗲𝗹 𝗴𝗼𝗯𝗶𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗱𝗲 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗶𝗮𝗴𝗼 𝗣𝗲ñ𝗮 𝗮𝗹 𝗰𝘂𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿 𝗮𝗯𝗶𝗲𝗿𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗮 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗶ó𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗱𝗲𝘂𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗮𝘀 𝗳𝗮𝗿𝗺𝗮𝗰é𝘂𝘁𝗶𝗰𝗮𝘀 𝘆 𝗹𝗮 𝗳𝗮𝗹𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗹𝗼𝘀 𝗵𝗼𝘀𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗲𝘀. 𝗟𝗲𝗶𝘁𝗲 𝗮𝗳𝗶𝗿𝗺ó 𝗾𝘂𝗲 𝗻𝗼 𝗲𝘀𝘁á 𝗲𝗻𝗳𝗿𝗲𝗻𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲, 𝗽𝗲𝗿𝗼 𝘀𝗼𝘀𝘁𝘂𝘃𝗼 𝗾𝘂𝗲 “𝗻𝗶 𝘁𝗼𝗱𝗼 𝗹𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝘆𝗼 𝗱𝗶𝗴𝗼 𝗲𝘀𝘁á 𝗯𝗶𝗲𝗻, 𝗻𝗶 𝘁𝗼𝗱𝗼 𝗹𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝗲𝗹 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗥𝗲𝗽ú𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮 𝗵𝗮𝗰𝗲 𝗲𝘀𝘁á 𝗯𝗶𝗲𝗻”. 𝗦𝘂𝘀 𝗰𝗿í𝘁𝗶𝗰𝗮𝘀 𝗹𝗹𝗲𝗴𝗮𝗻 𝗲𝗻 𝘂𝗻 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗳𝘂𝗻𝗱𝗮 𝗽𝗿𝗲𝗼𝗰𝘂𝗽𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗽𝗼𝗿 𝗹𝗮 𝗰𝗮𝗽𝗮𝗰𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲𝗹 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗶𝘇𝗮𝗿 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼𝘀, 𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝘀 𝗲𝗹 𝘀𝗲𝗻𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗿𝗲𝗰𝗹𝗮𝗺𝗮 𝗾𝘂𝗲 𝘀𝗲 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗲 𝗾𝘂𝗶é𝗻𝗲𝘀 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗿𝗼𝗻 𝗹𝗮𝘀 𝗼𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗮𝗰𝘂𝗺𝘂𝗹𝗮𝗱𝗮𝘀 𝘆 𝗾𝘂é 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝗱𝗲𝗻.

La declaración de Leite tiene una importancia política particular porque no proviene de un dirigente opositor, sino de un senador identificado con el oficialismo colorado. Su cuestionamiento se produce además pocas semanas después de su regreso al Senado, tras haber ejercido durante aproximadamente once meses como embajador de Paraguay en Estados Unidos. Su reincorporación estuvo acompañada de una agenda política propia, bajo la propuesta denominada “Vivir mejor”, con planteamientos relacionados con reducción del gasto público, deuda estatal, energía y salud.

Desde su retorno, Leite ha insistido en que pertenecer al mismo movimiento político que el presidente no significa que el Congreso deba aprobar automáticamente las decisiones del Poder Ejecutivo. A finales de julio sostuvo que el oficialismo se había acostumbrado a respaldar al Ejecutivo sin suficiente discusión y defendió la necesidad de que los legisladores ejerzan con mayor independencia sus funciones de control y propuesta.

La crisis de medicamentos se convirtió ahora en el punto más sensible de esa disputa. Leite considera que el problema no puede resolverse simplemente acumulando nuevas obligaciones financieras. Según sus declaraciones, el Estado habría aprobado originalmente recursos del orden de US$ 600 millones, mientras que las obligaciones acumuladas podrían acercarse, según sus propias estimaciones, a US$ 2.000 millones. El senador pidió que los organismos de control y la Fiscalía investiguen cómo se generó ese desequilibrio y quién autorizó compromisos que terminaron afectando la disponibilidad de recursos para medicamentos.

La cifra debe interpretarse como una estimación planteada por Leite, no como una cifra oficial consolidada de toda la deuda sanitaria. Días antes, el propio senador había señalado que representantes de importadores le informaron de una deuda atrasada cercana a US$ 775 millones, a la que se sumarían unos US$ 500 millones con laboratorios nacionales, totalizando aproximadamente US$ 1.275 millones. Las diferencias entre las cifras dependen de qué obligaciones se incorporen al cálculo y de si se consideran únicamente proveedores de medicamentos o un conjunto más amplio de compromisos estatales.

El problema tiene una consecuencia inmediata: cuando una parte creciente del presupuesto sanitario debe utilizarse para cancelar obligaciones anteriores, queda menos margen para financiar las compras corrientes. Leite resumió esta situación como “el peor de los mundos”, porque la falta de liquidez termina repercutiendo nuevamente sobre la adquisición de medicamentos y, por lo tanto, sobre los pacientes que dependen del sistema público.

El senador incluso presentó, junto con Antonio Barrios, una propuesta para transferir aproximadamente G. 500.000 millones de gastos considerados prescindibles hacia el Ministerio de Salud, con el objetivo de disponer de recursos adicionales para la compra de medicamentos. La iniciativa refleja una de las principales diferencias entre Leite y el enfoque económico del Gobierno: el legislador sostiene que existen recursos dentro del presupuesto que pueden ser reorientados antes de recurrir a nuevas formas de endeudamiento.

Pero Leite fue todavía más lejos. Días antes planteó que la deuda con los proveedores podría ser reconocida y refinanciada a 30 años, siempre que previamente se determine quiénes fueron los responsables de haber generado las obligaciones. Su argumento es que el Estado debe asumir sus compromisos con los proveedores para recuperar la credibilidad, pero no debería hacerlo sin investigar las decisiones que llevaron a acumular semejante pasivo.

La propuesta de refinanciamiento a tres décadas muestra la dimensión del problema: si las obligaciones son efectivamente tan elevadas como las cifras manejadas en el debate político, Paraguay no estaría enfrentando solamente un problema temporal de abastecimiento, sino una cuestión de sostenibilidad financiera del sistema sanitario.

El conflicto tampoco se limita al Ministerio de Salud Pública. Una parte fundamental de la crisis se encuentra en el Instituto de Previsión Social (IPS), que atiende a cientos de miles de asegurados y atraviesa una situación financiera particularmente compleja.

El presidente del IPS, Isaías Fretes, reconoció en junio ante la Comisión de Hacienda del Senado que la institución necesita alrededor de G. 150.000 millones mensuales para garantizar un abastecimiento adecuado de medicamentos. Sin embargo, una parte importante de los recursos disponibles está siendo absorbida por compromisos financieros acumulados.

Los datos expuestos por Fretes permiten comprender la magnitud del problema. En mayo, el Fondo de Salud del IPS alcanzó G. 462.432 millones, pero G. 170.617 millones fueron destinados a obligaciones financieras. Para la compra de medicamentos quedaron aproximadamente G. 42.268 millones, una cantidad muy inferior a la que la administración considera necesaria para atender regularmente la demanda.

La situación se vuelve todavía más compleja por el costo de los tratamientos oncológicos. Fretes explicó que aproximadamente el 80 % del dinero destinado a medicamentos se concentra en productos oncológicos, debido al elevado precio de las terapias modernas contra el cáncer. Esto significa que una parte muy importante del presupuesto farmacéutico queda comprometida antes de atender otras necesidades habituales de los asegurados.

Por eso, la discusión política sobre los medicamentos no puede reducirse a una simple disputa entre Leite y Peña. Existe un problema estructural que combina deuda acumulada, aumento de los costos médicos, medicamentos de alto precio, restricciones presupuestarias y una demanda creciente de servicios de salud.

El propio presidente Santiago Peña reconoció semanas atrás que el IPS atraviesa un deterioro acumulado durante décadas y sostuvo que “no hay soluciones mágicas”. El mandatario pidió tiempo para ejecutar reformas y defendió la gestión de Fretes, argumentando que comprar más medicamentos sin solucionar primero el problema financiero podría simplemente aumentar nuevamente las deudas de la institución.

La posición de Peña y la de Leite tienen, por tanto, un punto de coincidencia y una diferencia fundamental. Ambos reconocen que existe un problema financiero. La diferencia está en cómo debe abordarse y quién debe asumir la responsabilidad política por lo ocurrido.

Peña insiste en que parte de la crisis es heredada y requiere reformas estructurales. Leite, en cambio, reclama que además de reorganizar las finanzas se determine quién autorizó las obligaciones y si existieron decisiones administrativas que violaron los límites presupuestarios.

Esa diferencia podría convertirse en un problema político mayor para el oficialismo. Leite pertenece al cartismo, el mismo espacio político que sostiene buena parte de la estructura parlamentaria del Gobierno. Por ello, sus críticas no pueden ser descartadas como una oposición convencional. Son cuestionamientos provenientes desde el interior de la propia coalición gobernante.

El contexto político también importa. Durante los últimos meses han aparecido diferentes señales de tensión dentro de Honor Colorado, con dirigentes del movimiento expresando críticas a la gestión de Peña en cuestiones relacionadas con gasto público, deudas, salud, energía y funcionamiento del Estado. En abril, por ejemplo, ABC Color ya describía una creciente disputa interna alrededor de la administración presidencial.

Leite no es, por tanto, el primer dirigente cartista que plantea reparos. Pero su posición tiene una característica particular: está intentando convertir las críticas en propuestas concretas dentro del Senado, incluyendo reasignación presupuestaria, investigación de responsabilidades y refinanciamiento de la deuda.

El riesgo para el Gobierno es que la crisis de medicamentos termine convirtiéndose en un símbolo más amplio de la percepción ciudadana sobre la administración pública. Cuando un paciente llega a un hospital y no encuentra un medicamento esencial, la discusión sobre déficit, deuda o reglas presupuestarias deja de ser una cuestión técnica y se convierte en una experiencia directa del ciudadano con el Estado.

Y allí reside uno de los principales desafíos políticos de Peña.

El Gobierno puede argumentar que las obligaciones fueron acumuladas durante varios períodos y que solucionarlas requiere tiempo. Sin embargo, la responsabilidad política de garantizar que los hospitales funcionen corresponde a la administración actual. Al mismo tiempo, si existen deudas generadas durante gobiernos anteriores, la solución tampoco puede consistir simplemente en trasladarlas indefinidamente hacia el futuro sin identificar cómo se originaron.

La propuesta de Leite de pagar la deuda a 30 años apunta precisamente a ese dilema: reconocer las obligaciones para evitar el colapso del suministro, pero investigar simultáneamente quién generó los compromisos y bajo qué mecanismos.

El escenario que se abre ahora tiene tres caminos posibles.

El primero es que el Gobierno consiga estabilizar gradualmente las cuentas, regularice los pagos a proveedores y recupere la capacidad de compra de medicamentos. En ese caso, las críticas de Leite podrían terminar funcionando como una presión interna que aceleró decisiones que el Ejecutivo ya consideraba necesarias.

El segundo escenario es que se produzca una salida financiera basada principalmente en más endeudamiento o refinanciamiento, sin una investigación profunda de las responsabilidades. Esto podría resolver temporalmente el problema de liquidez, pero trasladaría una carga adicional a los próximos gobiernos y generaciones.

El tercer escenario, políticamente más delicado, sería que la crisis se transforme en una investigación sobre funcionarios y autoridades que participaron en la generación de las obligaciones. Si aparecen responsabilidades administrativas o penales, el problema dejaría de ser exclusivamente financiero y podría convertirse en uno de los principales conflictos políticos del Gobierno.

La situación del IPS muestra además que el problema no desaparecerá simplemente con una transferencia extraordinaria de recursos. La institución enfrenta problemas de estructura financiera, crecimiento de la demanda, costos médicos cada vez mayores y necesidades de inversión. En Presidente Franco, por ejemplo, una unidad del IPS registra una fuerte reducción de médicos y mantiene su única ambulancia fuera de servicio desde hace más de un año, mientras atiende alrededor de 490 pacientes diarios.

Esto demuestra que la crisis tiene múltiples capas. Hay falta de medicamentos, pero también falta de profesionales, infraestructura deteriorada, problemas logísticos y presión financiera.

En este contexto, la frase de Leite —“no todo lo que hace el Presidente está bien”— adquiere un significado político mayor. El senador no está anunciando una ruptura con Peña, pero sí está estableciendo públicamente un límite: el respaldo al Gobierno no será necesariamente incondicional.

El futuro inmediato dependerá de si el Ejecutivo logra transformar esa presión en una solución concreta. Para los pacientes, el resultado no se medirá en discursos ni en disputas internas, sino en algo mucho más simple: si cuando llegan al hospital encuentran el medicamento que necesitan.

Para Peña, la crisis representa una prueba de gestión. Para Leite, una oportunidad para demostrar que sus críticas pueden convertirse en decisiones legislativas. Y para el cartismo, el episodio constituye una prueba de cohesión interna en un momento en que las diferencias dentro del oficialismo comienzan a ser cada vez más visibles.

La cuestión central ya no es solamente cuánto debe Paraguay a las farmacéuticas. La pregunta que comienza a dominar el debate político es cómo se llegó a esa deuda, quién debe responder por ella y cómo garantizar que una nueva generación de obligaciones no vuelva a quitar recursos destinados directamente a la salud pública.