Un valioso inmueble del Instituto de Previsión Social (IPS), ubicado en el barrio San Jorge de Asunción, terminó vinculado a directivos del Grupo Vázquez después de una serie de movimientos societarios y modificaciones al contrato de arrendamiento que comenzaron con una adjudicación realizada en 2021. La investigación publicada este 10 de agosto por ABC Color reconstruye cómo el Lote 17 de la fracción Isla de Francia, originalmente adjudicado a título unipersonal a Ignacio Leoz Callizo por 20 años, pasó posteriormente a estar relacionado con Parque Isla de Francia SA, sociedad cuyos principales directivos aparecen vinculados al Grupo Vázquez, Ueno Bank e Itti SAECA. El caso genera cuestionamientos porque la operación incluyó una modificación contractual aprobada apenas seis días antes de la asunción presidencial de Santiago Peña y porque el predio pertenece al sistema previsional de los trabajadores paraguayos. La documentación empresarial consultada confirma que Guillermo Vázquez figura como presidente de Parque Isla de Francia SA y que otros integrantes de su estructura directiva también ocupan cargos en sociedades del conglomerado.
El caso tiene como punto de partida noviembre de 2021, cuando el Consejo de Administración del IPS adjudicó el arrendamiento del denominado Lote 17 de la fracción Isla de Francia a Ignacio Leoz Callizo. El acuerdo estableció un plazo de 20 años, con un canon inicial de G. 20 millones mensuales, sujeto a incrementos del 10 % anual, y una inversión comprometida superior a G. 4.160 millones para desarrollar un denominado Centro Integral de Deportes, Salud y Bienestar.
El proyecto posteriormente pasó a conocerse como Elevo, un complejo deportivo que comenzó a funcionar en el predio. Sobre el papel, la operación respondía a un modelo mediante el cual el IPS obtenía ingresos por el arrendamiento de un inmueble y, al mismo tiempo, el sector privado asumía la inversión para desarrollar una infraestructura de servicios.
Sin embargo, la adjudicación ya había generado cuestionamientos desde el comienzo. Según la documentación reconstruida por ABC Color, el terreno se encontraba ocupado precariamente y la Auditoría Interna del IPS había sugerido declarar desierta la oferta. Pese a esa recomendación, el Consejo de Administración decidió continuar con el procedimiento y adjudicar el arrendamiento a Leoz Callizo.
Ese antecedente adquiere mayor relevancia al observar lo que ocurrió posteriormente. La historia no terminó con el empresario que originalmente obtuvo el contrato. La estructura jurídica alrededor del inmueble comenzó a modificarse y, finalmente, el predio quedó relacionado con una empresa cuyos principales responsables aparecen vinculados al conglomerado empresarial que controla, entre otras compañías, Ueno Bank e Itti SAECA.
El movimiento societario que cambió el escenario
El 4 de julio de 2023, pocas semanas antes del cambio de Gobierno, fue constituida Parque Isla de Francia SA. La sociedad tuvo inicialmente a Ignacio Leoz Callizo como presidente y a Sergio Israel Rolón Jara como síndico.
El domicilio declarado por la empresa coincidía con la ubicación del complejo deportivo, en las inmediaciones de las calles Coronel Alejo Silva y Teniente Primero Carlos Rocholl. Es decir, no se trataba de una sociedad ajena al proyecto: estaba directamente asociada al inmueble donde funcionaba la infraestructura desarrollada a partir del contrato de arrendamiento.
Cinco días después, el 9 de agosto de 2023, ocurrió otro movimiento relevante. El IPS aprobó mediante la Resolución C.A. N.º 045-043/2023 una adenda al contrato original.
La modificación fue justificada por una supuesta diferencia entre la superficie inicialmente consignada y la superficie que, según el arrendatario, realmente tenía el inmueble. El contrato original hablaba de 13.003,28 metros cuadrados, pero posteriormente se planteó que existía un faltante de superficie.
Para resolverlo, la adenda incorporó una segunda propiedad y una nueva cuenta corriente catastral, identificada como 14-336-30, con el objetivo de completar el área comprometida.
El momento en que se aprobó esta modificación es uno de los elementos que más atención genera. La resolución fue adoptada seis días antes de la asunción de Santiago Peña, cuando el Gobierno de Mario Abdo Benítez se encontraba en sus últimos días.
La modificación no demuestra por sí misma una irregularidad. Para determinar si existió una actuación indebida sería necesario revisar el expediente completo, las tasaciones, los informes técnicos, la documentación catastral, las condiciones originales de la licitación y las razones jurídicas que permitieron modificar el objeto contractual. Pero la secuencia temporal explica por qué el caso volvió a despertar interés político y periodístico.
De Ignacio Leoz a una estructura vinculada al Grupo Vázquez
El elemento central de la investigación aparece al comparar los documentos societarios de 2023 con los registros empresariales más recientes.
Los prospectos de emisión de bonos del Grupo Vázquez, publicados en diciembre de 2025, y documentos relacionados con Ueno Bank de enero de 2026 identifican a varios directivos del conglomerado ocupando simultáneamente posiciones en Parque Isla de Francia SA.
El actual presidente de Parque Isla de Francia SA es Guillermo Vázquez, quien también aparece como presidente de Itti SAECA y ocupa funciones directivas relacionadas con Ueno Bank y el Grupo Vázquez.
En la estructura también aparece Miguel Almada, relacionado con Itti, Ueno Bank y otras empresas del conglomerado, y César Astigarraga, igualmente vinculado a diversas compañías del grupo.
La documentación oficial del mercado de valores paraguayo resulta particularmente importante porque no se trata únicamente de una información periodística: el prospecto corporativo del Grupo Vázquez enumera expresamente a Parque Isla de Francia SA dentro de las empresas donde aparecen vinculados algunos de sus principales directivos.
Por ello, la cuestión central no es simplemente quién aparece actualmente en el directorio de la empresa, sino cómo se produjo la transición desde el arrendatario original hacia la estructura societaria actualmente vinculada al Grupo Vázquez y qué autorizaciones fueron otorgadas por el IPS durante ese proceso.
El propio IPS reconoce que existe una solicitud de cambio
La situación contractual tiene otro elemento relevante.
El director de Inversiones del IPS, Hugo Díaz, confirmó que el contrato continúa registrado a nombre de Ignacio Leoz Callizo como persona unipersonal, pero que existe una solicitud de cambio de razón social hacia una entidad jurídica.
Según explicó el funcionario, ese cambio puede ser autorizado siempre que se cumplan determinadas condiciones de solvencia económica y financiera para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. La modificación debe además ser sometida al Consejo de Administración del IPS para su aprobación.
Díaz sostuvo que el arrendatario está cumpliendo con el cronograma de inversión y se encuentra al día con el pago del canon.
Aquí aparece una distinción jurídica importante: una cosa es que una sociedad tenga directivos vinculados a un grupo empresarial y otra que el contrato del IPS haya sido formalmente transferido a esa sociedad.
Por eso, la documentación que deberá aclarar el caso es la que permita determinar si existió una cesión, sustitución del arrendatario, transformación societaria, transferencia de derechos contractuales o simplemente un cambio de estructura empresarial alrededor del proyecto.
¿Por qué el inmueble del IPS es tan importante?
El patrimonio inmobiliario del IPS no constituye un activo comercial cualquiera.
El Instituto de Previsión Social administra recursos destinados a la seguridad social de los trabajadores, y sus bienes forman parte del patrimonio institucional que debe ser gestionado buscando proteger los intereses de los asegurados.
Por eso, cualquier operación que involucre terrenos de alto valor económico debe analizarse no solamente desde la perspectiva de si el contrato está vigente y si el canon se está pagando, sino también desde criterios de transparencia, rentabilidad, competencia, protección patrimonial y beneficio para los asegurados.
El propio historial reciente del IPS demuestra que la administración de sus inmuebles ha sido objeto de debate. En octubre de 2025, el Consejo de Administración declaró desierto un proceso para el arrendamiento de 13 lotes de la fracción Isla de Francia, según consta en el registro oficial de resoluciones del instituto.
Ese antecedente muestra que la situación de los terrenos de Isla de Francia no es un asunto aislado dentro de la administración patrimonial del IPS.
La expansión del Grupo Vázquez
El caso también debe ser observado dentro del crecimiento empresarial del Grupo Vázquez durante los últimos años.
El prospecto oficial del conglomerado presentado ante el mercado de valores muestra una estructura empresarial amplia, con participaciones y vínculos en compañías de sectores financieros, tecnológicos, seguros, publicidad, servicios y otros negocios.
Entre las relaciones registradas al cierre de 2025 aparece una participación de 88,80 % en Itti SAECA y una participación accionaria en Ueno Bank, además de una participación mayoritaria en Ueno Seguros.
El documento también identifica las conexiones de sus principales directivos con Parque Isla de Francia SA. Esa información es especialmente relevante porque permite reconstruir las conexiones empresariales que actualmente rodean al proyecto instalado en el predio del IPS.
Sin embargo, es importante diferenciar entre vinculación empresarial y prueba de una irregularidad. La existencia de directores comunes entre empresas no demuestra por sí sola que una operación pública haya sido direccionada o que haya existido un delito.
Para establecer responsabilidades sería necesario demostrar que alguna decisión violó normas de contratación, administración patrimonial, competencia, transparencia o derecho societario.
El contexto político aumenta la sensibilidad del caso
La operación también adquiere una dimensión política porque el crecimiento del Grupo Vázquez ha coincidido con la llegada de Santiago Peña a la Presidencia de Paraguay.
La investigación de ABC Color sostiene que el conglomerado amplió considerablemente su número de empresas durante este período y relaciona ese crecimiento con el incremento de negocios y recursos provenientes del Estado.
Una de las cifras mencionadas por el medio es particularmente sensible: Ueno Bank habría alcanzado US$ 806 millones en depósitos públicos al cierre de marzo de 2026.
Ese dato, sin embargo, debe interpretarse correctamente. Tener depósitos estatales no significa automáticamente haber recibido una adjudicación irregular ni implica por sí mismo un beneficio indebido. Los bancos pueden captar depósitos de entidades públicas dentro de las reglas del sistema financiero.
Lo que sí explica el dato es por qué las relaciones entre el Estado paraguayo y el conglomerado empresarial están bajo una vigilancia creciente de sectores políticos, periodistas y organismos de control.
El Congreso también puso el foco sobre las empresas del grupo
La atención institucional sobre las relaciones entre el Estado y las empresas vinculadas al Grupo Vázquez no se limita a este terreno.
En documentos del Congreso paraguayo aparece un pedido de informes dirigido al IPS sobre contratos celebrados con Ueno Bank, Itti SAECA, Ueno Seguros y Grupo Vázquez, así como solicitudes de información dirigidas a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas sobre licitaciones adjudicadas a empresas relacionadas con ese conglomerado.
Esto demuestra que existe una preocupación política más amplia respecto de las relaciones comerciales entre el Estado y compañías vinculadas al grupo.
No significa que todas esas operaciones sean irregulares. Significa que existen pedidos formales de información parlamentaria, lo que constituye un elemento relevante para evaluar el contexto institucional en el que aparece el caso de Isla de Francia.
El punto que falta esclarecer
La pregunta más importante ahora es relativamente sencilla de formular, aunque compleja de responder:
¿Cómo pasó un contrato adjudicado originalmente a Ignacio Leoz Callizo a una estructura empresarial dirigida por personas vinculadas al Grupo Vázquez?
Para responderla se necesita reconstruir toda la cadena documental.
Primero debe determinarse qué ocurrió con la empresa unipersonal original. Después, cuándo y bajo qué condiciones se constituyó Parque Isla de Francia SA. Luego, qué relación contractual mantuvo esa sociedad con el IPS. También debe establecerse cuándo comenzaron a aparecer Guillermo Vázquez, Miguel Almada, César Astigarraga y otros directivos vinculados al Grupo Vázquez en la estructura de la empresa.
Finalmente, debe verificarse si el Consejo de Administración del IPS autorizó formalmente cada uno de esos cambios y si se cumplieron los requisitos establecidos en el contrato original.
Antes, ahora y después
Antes, el IPS tenía un terreno de alto valor en Isla de Francia y decidió entregarlo en arrendamiento por 20 años mediante un proceso que ya había generado observaciones internas. La inversión privada prometida superaba los G. 4.160 millones y el proyecto debía transformarse en un centro deportivo y de bienestar.
Ahora, el complejo funciona bajo la denominación Elevo, mientras que la sociedad Parque Isla de Francia SA aparece dirigida por personas vinculadas al Grupo Vázquez, según documentación corporativa oficial. El IPS sostiene que el contrato original continúa registrado a nombre de Leoz Callizo y que existe una solicitud de modificación societaria en proceso de evaluación.
Después, el caso podría avanzar en varias direcciones: el IPS puede aprobar o rechazar formalmente el cambio solicitado; organismos de control pueden revisar el expediente; el Congreso puede requerir nueva documentación y, si aparecen indicios concretos de irregularidades, eventualmente podrían intervenir otras instituciones.
La clave será la documentación.
Porque la cuestión de fondo no es solamente quién administra actualmente una ciudad deportiva ubicada sobre un terreno del IPS. Lo que está en discusión es cómo se administran los bienes de una institución que pertenece al sistema de seguridad social paraguayo y si los mecanismos utilizados para modificar la estructura de los contratos garantizan realmente la defensa del patrimonio de los asegurados.
Mientras no se conozca toda la cadena contractual y societaria, sería prematuro afirmar que existió una operación ilegal. Pero la secuencia documentada —adjudicación en 2021, creación de una sociedad en julio de 2023, modificación contractual en agosto de 2023 y posterior incorporación de directivos vinculados al Grupo Vázquez— justifica una revisión exhaustiva de los antecedentes y de las decisiones adoptadas por el IPS.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
GILSON DANTAS CARMINI
Gilson Dantas Carmini es periodista brasileño, presidente y editor en jefe de Prensa Mercosur. Especializado en integración regional, geopolítica y derechos humanos, desarrolla una destacada labor en el ámbito de la comunicación internacional.
Posee un Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional y mantiene una amplia red de relaciones profesionales, académicas y diplomáticas en América Latina y Asia.
Entre sus reconocimientos destacan el Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores de México (2021), el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Internacional México Blanco (2020) y el título de Amigo de la Niñez y la Adolescencia.
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