El Supremo otorga al Gobierno un plazo de cinco días para identificar a las 163020 personas nacionalizadas mediante la Ley de Nietos. La Sala de lo Contencioso-Administrativo estableció como límite las 1500 horas del 28 de octubre para que los ministros Bolaños y Albares entreguen la lista con los nombres, so pena de una multa coercitiva recurrente de 1000 euros. Resulta incomprensible para el alto tribunal que, tras mes y medio de su resolución inicial, el Ejecutivo todavía no facilita la información requerida.
La magistratura del Supremo endureció este viernes su exigencia contra el Gobierno de Pedro Sánchez en uno de los puntos jurídico políticos más delicados de la precampaña la identificación de las 163020 personas nacionalizadas bajo la llamada ley de nietos o Ley de Memoria Democrática. En un auto con fecha de 23 de octubre, la Sala Contenciosa-Administrativa le da a los ministros Félix Bolaños y José Manuel Albares un periodo improrrogable de cinco días hábiles hasta las 15. Tienen hasta las 00 horas del 28 de octubre para que remitan al alto tribunal, a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral la lista nominal completa de los afectados. La advertencia es clara: si el Ejecutivo no cumple, la Sala podría imponer una multa coercitiva de 1000 euros, la cual se repetirá hasta acatar la orden judicial, además de valorar otras responsabilidades.
El origen de este conflicto se remonta a la Ley 20 2022 de Memoria Democrática, que abrió la puerta a obtener la nacionalidad española a descendientes de exiliados por motivos políticos ideológicos de creencias u orientación sexual durante la Guerra Civil y la dictadura. El reglamento posterior aprobado en 2024 desplegó un procedimiento que según datos oficiales ha permitido nacionalizar a 163020 personas al cierre del primer ciclo. La mayoría de estos nuevos nacionales residen en el extranjero y por eso figura en el Censo Electoral de Residentes Ausentes, que es el censo donde se regula el voto de los españoles que viven fuera. La batalla legal empezó a fines de septiembre, momento en el cual el Supremo —atendiendo a Vox e Iustitia— decidió suspender el voto de estos 163020 nuevos nacionales para los comicios del 29 de noviembre, bajo el argumento de que el proceso tuvo trámites irregulares en su ejecución masiva. Semejante determinación provoco un sismo político e institucional, donde el Ejecutivo anuncio recursos, el Defensor del Pueblo presentó quejas ante el Constitucional mientras los afectados amenazaron con salir a las calles. No obstante, el Constitucional rechazo tramitar el recurso del Defensor según informaron medios esta semana, debido a que todavía hay plazos vigentes para que los interesados comprueben su linaje de exiliados y recuperen el sufragio.
En este marco, el auto del viernes sube el tono del alto tribunal. El Supremo recuerda que esta relación nominal la cual, de forma incomprensible para esta Sala, aún no se entrega, resulta esencial para que el Censo Electoral se conforme correctamente y enfatiza que solo mediante ella garantizan la transparencia y objetividad en el proceso electoral. La palabra «incomprensiblemente» que figura literal en la resolución, señala una fricción extraña entre Sala y Ejecutivo, mostrando así la impaciencia de los jueces ante una demora que ven injustificada.
Del lado gubernamental, fuentes de Presidencia recordaron el viernes que Bolaños remitió ya el 15 de octubre parte de la información solicitada por el tribunal, atendiendo un requerimiento previo. Este matiz resulta clave: el Ejecutivo mantiene que la entrega fue parcial, mientras el Supremo insiste que la relación completa de los 163 020 afectados sigue sin entregarse. La diferencia entre versiones no es meramente formal pues condiciona si estos electores podrán ejercer su derecho al voto en el 29N, un comicio que se perfila muy ajustado.
El Supremo concreta el alcance de esta suspensión cautelar. Esta medida impacta a quienes lograron la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática y están en el CERA, pero no alcanza a quienes ya constaban inscritos en el censo ordinario o acreditan su condición de descendientes de exiliados con certificado consular. Resulta que, según los datos que recoge el propio auto, de los 31 390 expedientes revisados desde el 10 de septiembre solamente 91 personas acreditaron dicha condición. Esa cifra es muy mínima en porcentajes, lo que genera dudas serias sobre la capacidad real del colectivo para recuperar su derecho a voto antes que se cierre el censo electoral, fijado para el 30 de octubre. Para paliar tal impacto, el Supremo autoriza a que la Oficina del Censo Electoral siga enviando la documentación entre el 24 y el 30 de octubre, siempre informando expresamente a los afectados que su inscripción es provisional y no garantiza poder votar. Es una solución de compromiso: logra evitar el colapso logístico por una depuración masiva del censo faltando pocas semanas para los comicios, aunque persiste la incertidumbre jurídica de los afectados.
El cruce entre el Supremo y Moncloa se da, además, en plena carrera electoral. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha centrado su precampaña en Andalucía —este sábado hace un acto en Granada— y el tema de los nacionalizados forma parte del discurso del PSOE sobre ampliación de derechos y memoria democrática. Para Vox, en cambio, la suspensión del voto a estos nuevos nacionales resulta un argumento central en su relato de inmigración descontrolada y fraude electoral, mientras que el PP ha mantenido una posición algo más ambigua, oscilando entre la crítica al procedimiento y la advertencia de que el Gobierno debe cumplir con el alto tribunal.
Más allá del duelo partidista, el conflicto revela tensiones estructurales entre el Ejecutivo y el poder judicial que se habían manifestado ya en otros episodios recientes. El sentir general entre los juristas consultados apunta a que el Supremo ha querido mostrar músculo. Esos cinco días de margen y la amenaza de multas coercitivas son herramientas que la Sala guarda para casos de flagrante desobediencia, dejando de lado los simples retrasos. Con este movimiento el Gobierno se encuentra entre la espada y la pared; o entrega el listado, pagando el precio político de reconocer su ineficiencia, o se expone a sanciones justo en plena campaña.
Las jornadas venideras resultarán vitales. Antes del 28 de octubre el Ejecutivo debe elegir si aporta la lista nominal, pide una prórroga que el Supremo apunta a rechazar o intenta otros recursos. Para los 163020 afectados esta fecha límite pone fin a una espera que viene de septiembre; muchos recibieron sus papeles a inicio de mes, votaron en sus asociaciones internas, pero a día de hoy nadie sabe si ejercerán su derecho el 29N. La decisión del alto tribunal, en todo caso, deja bien claro que la disputa se resolverá mediante la justicia y no la política; el calendario electoral de noviembre tampoco será una excusa para que evadan las exigencias del Estado de derecho.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
CLAUDIA VALEAN CARPA
Inventora en España desde 2022 y profesional con sólida trayectoria en liderazgo, gestión estratégica y dirección de equipos. Con experiencia internacional vinculada al ámbito de la investigación y más de 17 años de experiencia en gestión profesional y desarrollo organizativo.
Comprometida con la excelencia, la innovación y el crecimiento continuo, considero que el liderazgo se construye a través de la perseverancia, la visión estratégica y la capacidad de generar valor en cada proyecto. Destaco por mi capacidad de organización, coordinación de equipos y orientación a resultados en entornos dinámicos y de alta responsabilidad.
