El comercio grita que está quebrando y la Legislatura sigue discutiendo el poder

El comercio jujeño reclama respuestas mientras la Legislatura concentra parte de su agenda en grandes obras, controversias sobre redes sociales e internas oficialistas. Preservar negocios y empleo exige presupuesto, alivio efectivo y control de resultados antes de nuevos cierres.

Mientras comerciantes y pequeños emprendedores advierten que no pueden sostener sus negocios, la política jujeña consume energías en disputas internas, proyectos cuestionados por sus riesgos para la libertad de expresión y financiamiento de grandes obras. La emergencia exige cambiar las prioridades: preservar empresas, empleo y consumo antes de que nuevas persianas bajen definitivamente.

En Jujuy conviven dos urgencias muy diferentes. La del comerciante consiste en reunir el dinero para pagar salarios, alquiler, servicios, impuestos y proveedores. La de buena parte de la dirigencia parece concentrarse en ordenar posiciones hacia 2027, administrar enfrentamientos y controlar la agenda pública. Esa distancia se vuelve intolerable cuando quienes generan empleo privado advierten que están llegando al límite.

Los cierres ya forman parte de las preocupaciones expresadas por el sector. Incluso el repunte comercial previo al Día de la Madre fue presentado por la Cámara de Comercio y Servicios de Jujuy como un alivio después de un período de bajas ventas y locales que dejaron de funcionar. Las fechas especiales pueden mejorar la recaudación de unos días; sostener una empresa requiere ingresos durante todo el mes.

El reclamo que origina esta editorial describe negocios con dificultades para pagar sueldos completos, obligaciones acumuladas y escaso margen para seguir trabajando. Cada advertencia debe ser atendida antes de convertirse en despido o cierre. Cuando un emprendimiento comienza a financiar sus pérdidas con deuda, a postergar proveedores o a consumir el capital destinado a reponer mercadería, su continuidad está comprometida.

Frente a este escenario, la Legislatura debe responder por sus prioridades. El impulso político para financiar la multitrocha de la ruta 9 demuestra capacidad para discutir créditos, garantías y compromisos de recursos futuros. Corresponde exigir una evaluación igualmente rigurosa sobre qué inversiones pueden ejecutarse por etapas o esperar y qué recursos necesita hoy la preservación del tejido comercial. La urgencia de cada obra debe justificarse frente a la urgencia del empleo que puede perderse ahora.

También hubo tiempo y energía para un proyecto sobre violencia digital que provocó cuestionamientos por sus posibles efectos sobre la libertad de expresión. Finalmente, Alberto Bernis anunció que no sería tratado, mientras sus impulsores rechazaron las acusaciones de censura. La controversia deja una pregunta política inevitable: ¿por qué el sistema encuentra tanta iniciativa para discutir los límites de lo que se publica y tan poca eficacia para responder a quienes denuncian que sus negocios se vuelven inviables?

La interpelación al ministro Federico Posadas también ocupó el centro de la escena y quedó atravesada por las tensiones entre sectores del oficialismo. El control legislativo tiene valor cuando esclarece decisiones, determina responsabilidades y produce consecuencias verificables. Pero, cuando el debate público termina reducido a quién conduce, quién disciplina y quién gana espacio dentro del mismo esquema gobernante, el efecto es el de una cortina de humo sobre las necesidades sociales.

Desde la perspectiva de quienes intentan mantener un negocio abierto, esas disputas pueden parecer una interna escenificada: cambian los protagonistas del enfrentamiento, pero siguen pendientes las respuestas económicas. La credibilidad de la política se juega en sus resultados. Ningún cruce entre funcionarios y legisladores paga un sueldo, recupera un cliente o evita por sí mismo una quiebra.

El contexto nacional agrava el problema. CAME informó que las ventas minoristas pymes retrocedieron un 1,2% mensual en septiembre y acumularon una caída real del 2,1% durante los primeros nueve meses del año, pese a una leve mejora interanual del 0,3% en septiembre. Ese escenario de consumo débil exige capacidad provincial para amortiguar el golpe.

La administración de Carlos Sadir anunció en junio financiamiento subsidiado, avales, incentivos al consumo y un proyecto de alivio fiscal. Precisamente porque existieron anuncios, corresponde exigir una rendición de cuentas: cuántos comercios accedieron, cuánto se desembolsó, qué obstáculos encontraron los solicitantes y cuáles son las herramientas disponibles después del plazo de vigencia inicialmente informado para el paquete. La eficacia se mide en asistencia que llega y empleo que se preserva.

Hay, además, una contradicción económica que el Gobierno debe resolver. Los salarios son un ingreso para las familias y una fuente de demanda para los negocios. Cuando su capacidad de compra resulta insuficiente y el desempleo deja hogares sin ingresos estables, el mercado local pierde fuerza. Si, al mismo tiempo, los costos fijos absorben una porción creciente de las ventas, la actividad queda atrapada entre clientes que compran menos y obligaciones que siguen venciendo.

La Legislatura puede intervenir sobre esa realidad: revisar la presión efectiva de los tributos provinciales sobre pequeños establecimientos, controlar la ejecución de los programas, convocar a cámaras y trabajadores y discutir un mecanismo anticíclico con recursos y reglas claras. También debe exigir información sobre cierres, aperturas y empleo por localidad. Una emergencia que no se mide facilita respuestas tardías y anuncios imposibles de evaluar.

El crédito debe formar parte de una estrategia que permita recuperar capacidad de pago. Endeudar a un comercio para cubrir pérdidas recurrentes puede prolongar su agonía. Hace falta combinar financiamiento accesible con alivio transitorio de costos, estímulos al consumo, pagos oportunos del Estado a proveedores y protección del trabajo registrado.

La responsabilidad alcanza al oficialismo y a los demás bloques. Todos deben mostrar propuestas, decisiones y seguimiento. Jujuy necesita una Legislatura capaz de convertir el reclamo económico en prioridad presupuestaria y legislativa, con la misma energía que dedica a sus disputas.

El comercio está advirtiendo que no puede más. Cada persiana que baja puede llevarse años de trabajo, ahorros y puestos laborales. La política debe decidir qué atiende primero y explicar esa elección ante la sociedad. Mientras la dirigencia calcula su futuro electoral, hay familias que están perdiendo su presente.