Colombia — El plan económico y fiscal del gobierno De la Espriella: subordinación al imperialismo estadounidense, apoyo al capital y transferencia de recursos públicos a manos privadas

1. El plan económico

En un artículo anterior sostuve: “Latinoamérica entra en el reordenamiento geopolítico de la economía mundial por EEUU. En su esfuerzo por contener la expansión mundial de China y las nuevas relaciones entre Estados y élites que impulsa en los BRICS, alínea a las diferentes élites latinoamericanas para favorecer sus intereses de inversión, comerciales y financieros. La relocalización de las cadenas de suministro es vista como oportunidad entre estas élites. Uno de los pilares del plan de EEUU es la explotación de las economías latinoamericanas para el sostenimiento de su sistema financiero basado en el dólar y, por consiguiente, de su gasto militar (1).”

Para el caso colombiano, lo anterior se percibe en el hecho de que al menos cuatro funcionarios del gobierno De La Espriella visitan frecuentemente EEUU para sostener reuniones y pactar acuerdos con representantes del gobierno Trump, el congreso estadounidense, las empresas, los bancos y los organismos multilaterales, entre otros: el vicepresidente, José Manuel Restrepo, el ministro de hacienda, Miguel Gómez Martínez, el ministro de comercio, industria y turismo, Mauricio Gómez Amín, y el canciller sionista, Omar Bula Escobar. Desde antes del inicio del gobierno, allá se dirigen en busca de inversión extranjera directa y financiación, en una muy estrecha coordinación con el gobierno criminal de Donald Trump.

El vicepresidente es uno de los voceros en el país de la ideología neoliberal de la inversión privada, el crecimiento, el empleo, las oportunidades, el desarrollo y la prosperidad: si el capital se libera, todos nos beneficiamos, es su mensaje. En realidad, se trata de la libertad del capital y la (gran) propiedad de la tierra para explotar al ser humano, así como al resto de la naturaleza, y no pagar impuestos ni ser controlados por el Estado, sino más bien apoyados por éste para garantizar ganancias y rentas. El Estado puesto al servicio del interés privado en vez de un poder público instituido por la mayoría popular que, basado en la propiedad socializada, planifique democráticamente la producción y la distribución de bienes y servicios. Pero debe relievarse que el mentado vicepresidente viene poniendo un énfasis particular en la llamada cuarta revolución industrial, en la que pretende insertar a Colombia.

El plan económico del gobierno De La Espriella fue encargado mediante el decreto 1373 de 2026 al afamado vicepresidente con la llamada “Misión Crecer”, para supuestamente llevar el crecimiento económico al 6% del PIB. Presentada como una estrategia interministerial, son cuatro sus ejes: incentivos a la inversión y estabilidad jurídica, banco de proyectos de inversión de alto valor agregado (170 proyectos por 600 billones de pesos), desregulación y simplificación de trámites, y productividad laboral. Los ministerios involucrados en esta estrategia son: Interior, Transporte, Vivienda, Agricultura, Hacienda, Minas y Energía, Ambiente, Tecnologías de la Información y la Comunicación, y Comercio, Industria y Turismo. Examinemos ahora la lógica de dicha “misión”.

El FMI ya hizo pronósticos desalentadores sobre el futuro de la economía colombiana. Sus proyecciones de crecimiento del PIB real son de 2,2% para 2026, 2,3% para 2027 y 2,4% para 2028. Siendo así, ¿cómo alcanzará el gobierno De La Espriella el 6%? El crecimiento económico en el capitalismo liberalizado sólo se consigue con el aumento de la rentabilidad del capital y el consiguiente incremento de la inversión privada que produce. El aumento de la tasa de ganancia, la acumulación ampliada del capital y la reproducción ampliada del mismo dan como resultado el crecimiento económico. Pero, la inversión en el sector real sólo se produce si su rentabilidad es mayor que en la especulación financiera. Por lo que, para conseguir esto y el anhelado crecimiento económico, se anunció el viejo y fracasado recetario neoliberal antes citado: “incentivos a la inversión y estabilidad jurídica”, es decir, presupuesto público, rebaja de impuestos, subsidios, y leyes, normas y contratos favorables al capital; “desregulación y simplificación de trámites”: liberación del capital de limitaciones normativas, administrativas, sociales y ambientales; “productividad laboral”: reducción de costes laborales flexibilizando el trabajo, más recapacitación de la fuerza de trabajo.

Sin embargo, la gran novedad radicará en el “banco de proyectos de inversión de alto valor agregado”. Aquí está puesta, precisamente, la ambición de las élites locales: su pretensión de disparar el crecimiento económico al 6% del PIB aprovechando un nuevo ciclo ascendente de las materias primas (hidrocarburos, minerales, etc.), pero también (re)localizando eslabones de las cadenas de suministro de EEUU relacionadas principalmente con la IA. El vicepresidente se ha referido a ello: las inversiones serán en proyectos de energía, agroindustria, minería, transporte e infraestructura, turismo, y centros de datos y tecnología. En cuanto a la minería, se pretende extraer y transformar cobre, litio, níquel, minerales y tierras raras. De manera que iremos hacia una industrialización dependiente y subordinada, con la que las élites pretenden insertar a Colombia en las cadenas globales, internacionales o al menos regionales de valor. 

Ahora bien, dentro de este diseño, el viejo bloque imperialista, conformado por EEUU, Europa y Japón, junto a los países que orbitan en torno a EEUU, así como a la internacional reaccionaria que lidera, son privilegiados en la búsqueda de nuevos acuerdos comerciales y de inversión, conforme a la orientación del imperialismo estadounidense. Recuérdese que el 8 de septiembre de 2026 el gobierno De La Espriella firmó con el gobierno Trump, representado por Marco Rubio, dos memorandos de entendimiento sobre tierras raras y energía nuclear. Asimismo, el pasado 14 de octubre de 2026 el ministro de comercio, industria y turismo, ya antes mencionado, junto con la embajadora de Colombia en EEUU, María Consuelo Araújo, se reunieron en Washington con el representante comercial de EEUU, Jamieson Greer, en pos de un nuevo acuerdo comercial EEUU-Colombia.

La financiación, por su parte, se está buscando en organismos multilaterales (Banco Mundial, FMI, BID, CAF), grandes bancos y grandes fondos (el llamado crédito privado) del imperialismo estadounidense y su órbita. Así, el BID se sumó a la misión oficial con tres frentes de trabajo: modernización del Estado con inteligencia artificial, recapacitación de trabajadores para avanzar en la formalización laboral y atracción de inversión nacional y extranjera. Sobre la “modernización del Estado” se puede mencionar que el gobierno De La Espriella había anunciado previamente a David Vélez (el segundo hombre más rico del país, dueño de Nubank) como el asesor en IA del gobierno para la reforma del Estado. Es de notar que, además de un gran negocio para las tecnológicas estadounidenses, significará el control del Estado y de los ciudadanos por éstas, socavando todavía más la soberanía colombiana.

“Desregulación y simplificación de trámites”. Volviendo a los ejes de la “misión”, además de controlado por la IA, el Estado colombiano será recortado y sometido a la austeridad (recortes y austeridad en ciertos gastos, como se verá más adelante) y su capacidad reguladora debilitada: no sólo por el permisivo y acelerado licenciamiento ambiental de la inversión, ya en curso, sino también porque la consulta previa con comunidades étnicas impondrá a éstas decisiones administrativas en favor del capital, por medio de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (Dancp). El gobierno De La Espriella decidió que ahora consulta previa y licenciamiento ambiental serán procesos paralelos, no sucesivos, y, mediante la Directiva Presidencial 06 de 2026, estableció cinco etapas para la consulta, eliminó el test de proporcionalidad y dio más poder a la Dancp. No pasará mucho tiempo para que las comunidades entren en conflicto con el Estado.

“Productividad laboral”. El conflicto entre el capital y el trabajo gira en torno a la extensión, la intensidad y el costo del trabajo para el capital. En el gobierno De La Espriella, con la IA, el trabajo está siendo enfocado desde dos puntos de vista: el del cambio técnico y el de las normas que lo regulan dándole algunas protecciones y garantías, individuales y colectivas, conforme a la reforma laboral del gobierno Petro, en su momento apoyada por el Banco Mundial, el FMI y la OCDE. La formación de los trabajadores en IA supone la eliminación de puestos de trabajo reemplazados por esta tecnología. El masivo desempleo que creará será compensado parcialmente con nuevas (y viejas) ocupaciones humanas, por lo que los salarios reales caerán y aumentará la rentabilidad del capital.

Por su parte, el asalto normativo del gobierno De La Espriella comenzó con la Resolución 2708 de 2026, que derogó 11 circulares del Ministerio del Trabajo expedidas por el gobierno Petro con lineamientos sobre jornada máxima, horas extras, trabajo a destajo, descanso obligatorio, estabilidad laboral reforzada, cuidado y equidad de género, libertad sindical, permisos sindicales, negociación colectiva, cumplimiento de convenciones colectivas, jornada y horas extras en vigilancia y seguridad privada, plataformas digitales de reparto, trabajo doméstico remunerado, debido proceso disciplinario, y alcances de la reforma laboral y modalidades de contratación. Tras lo anterior, la ministra de trabajo del gobierno De La Espriella, Natalia López Fuentes, anunció la radicación en el Congreso de la República de un proyecto de ley de Estatuto del Trabajo, que pretende formalizar relaciones laborales. Más recientemente, el Ministerio del Trabajo presentó a comentarios ocho proyectos de decreto que reemplazarían ocho decretos anteriores, referidos a tercerización ilegal, pactos colectivos, medidas preventivas, trabajadores de plataformas digitales, acoso laboral, violencia y discriminación, multas por despedir a víctimas de acoso sexual, trabajo doméstico, y periodistas y comunicadores.

2. El plan fiscal

El plan fiscal del gobierno De La Espriella, es decir, la transferencia de recursos y activos públicos a manos privadas, incluye cuatro pasos: primero, recorte de 21,9 billones de pesos (1,1% del PIB) de gasto público en 2026; segundo, Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 por 634,9 billones de pesos; tercero, “Ley de Rescate Económico” o de ajuste fiscal, y cuarto, Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2026–2030.

En cuanto a lo primero, el supuesto recorte del gasto público, bandera del gobierno De La Espriella para los años 2026 y 2027, es completamente falso: el gasto público en realidad aumentará, no sólo en 2027, sino también en la vigencia actual, 2026. Mediante el decreto 1372 de 2026, el gobierno De La Espriella aumentó el cupo de endeudamiento público interno de este año, pasando de 85,25 billones de pesos a 110,25 billones, es decir, 25 billones más, o sea, 3 billones más que el recorte anunciado de 21,9 billones. Ese nuevo endeudamiento es, por supuesto, para atender gastos de 2026. Al 2 de octubre de 2026 el gobierno De La Espriella había emitido títulos de deuda pública (TES) a altas tasas de interés por 8 billones de pesos: TCO por 4,8 billones, con una tasa máxima de 12,538; TES COP por 3 billones, con vencimientos en 2030, 2035, 2040 y 2058, con una tasa máxima de 12,976, y TES UVR, por 200 mil millones, con vencimientos en 2031, 2041, 2055 y 2062, con una tasa máxima de 5,990. Lo anterior se suma a un desembolso de 200 millones de dólares hecho por el Banco Mundial tres días después del terremoto, a otros 200 millones de dólares adicionales aprobados por esta multilateral el 24 de septiembre de 2026, a 1250 millones de dólares aprobados el 1 de octubre de 2026 por la CAF y a 200 millones de euros de un crédito firmado con el banco alemán de desarrollo KfW el 20 de octubre de 2026, de tres que busca el gobierno De La Espriella por hasta 497 millones de euros. Por lo anterior, las preguntas que deben plantearse son: ¿recorte de qué y contra quién?, ¿a favor de quién? En siguientes artículos se revisará cómo ha venido actuando el gobierno De La Espriella frente a las consecuencias del terremoto y el fenómeno de El Niño.

El PGN 2027 es una ley de apropiaciones (gastos) y un presupuesto de rentas y recursos de capital (ingresos). El proyecto inicial del gobierno De La Espriella contemplaba lo siguiente: en cuanto a las apropiaciones, es decir, al gasto público en 2027, pasar de 575,6 billones de pesos proyectados por el gobierno Petro para ese año, y de 546,9 billones en el PGN 2026, a 634,9 billones, es decir, 59,3 billones más (9,34% más) y 88 billones más (13,86% más), respectivamente. Ahora bien, oficialmente el gasto público se divide en gastos de funcionamiento (que también incluye inversión), inversión y servicio de la deuda pública. El gobierno De La Espriella propuso pasar de 367,6 billones en funcionamiento en el proyecto Petro y 365,8 billones en el PGN 2026, a 392,5 billones; de 89,9 billones en inversión en el proyecto Petro y 89,4 billones en el PGN 2026, a 86,9 billones, y de 118 billones en servicio de la deuda en el proyecto Petro y 100,4 billones en el PGN 2026, a 155,4 billones. Casi un cuarto del presupuesto de gastos, el 24,47%, se destinaría al servicio de la deuda pública.

Examinando los gastos de funcionamiento y la inversión, se observaba que, respecto a los primeros, el gobierno De La Espriella aumentaba las transferencias corrientes (de 273,6 billones en 2026 a 297,5 en 2027) y los gastos de personal (de 66,8 billones en 2026 a 72,2 en 2027), mientras que recortaba la adquisición de bienes y servicios (de 20,7 billones en 2026 a 17,8 en 2027), rubro en el que están los contratistas por prestación de servicios. Por su parte, la inversión disminuía en 2,5 billones menos. Sin embargo, lo central era la reorientación de la inversión hacia la gran empresa, mientras se producían tres clases de recortes: en los subsidios para los más pobres, en programas sectoriales y en las regiones. Para los más pobres el recorte era de 40% en los subsidios que los beneficiaban: de 22,2, a 13,3 billones, es decir 8,9 billones menos. Es de recordar que el 31 de agosto de 2026, en la 60a Convención Bancaria del gremio de los banqueros, Asobancaria, el ministro de hacienda anunció que en el PGN 2027 se recortarían 17 billones de pesos, por lo que ahora ya se puede ver recorte de qué y contra quién, y a favor de quién.

Con respecto al presupuesto de rentas y recursos de capital, sumados los recursos de los establecimientos públicos (ICBF, SENA, Invías, Aerocivil, etc.) a los ingresos de la Nación, los ingresos corrientes serían 315,1 billones de pesos, los recursos de capital (endeudamiento) 287,6 billones, los fondos especiales 20,6 billones y las contribuciones parafiscales 11,4 billones, para un total de 634,9 billones. Discriminando entre los ingresos de la Nación y los de los establecimientos públicos, los primeros serían: ingresos corrientes, 299 billones de pesos, recursos de capital, 281,3 billones, fondos especiales, 19,3 billones, y contribuciones parafiscales, 4,6 billones, es decir, 604,2 billones. Los recursos de los establecimientos públicos, separados, sumarían 30,5 billones, donde aproximadamente 6,3 billones son deuda pública. ¡De manera que el 45,29% del presupuesto total de rentas y recursos de capital es deuda pública! Lo anterior significa que una parte de los gastos de funcionamiento e inversión se financiará con endeudamiento. Obsérvese que entre 2026 (184,1 billones de pesos) y 2027 (287,6 billones) el crédito público total aumentará en 103,5 billones más, mientras que sólo el de la Nación, interno y externo, crecerá en 105,1 billones adicionales (diferencia entre 281,3 billones en 2027 y 176,2 en 2026). ¡Y todo para sostener las ganancias y rentas privadas!

Tras la negociación con los congresistas, el gobierno De La Espriella introdujo cambios en el proyecto de PGN 2027. En segundo debate de Senado y Cámara de Representantes se aprobó la reducción de la amortización de la deuda pública (no el pago de intereses), con lo que el servicio de la deuda pasó de 155,4 billones de pesos a 147 billones (8,4 billones menos); así como el aumento de la inversión en 7,7 billones de pesos, de 86,9 billones a 94,6 billones, y marginalmente de los gastos de funcionamiento, de 392,5 billones de pesos a 393,3 billones, con el incremento en la adquisición de bienes y servicios y el recorte de gastos de personal, lo mismo que de comercialización y producción. Sencillamente, el gobierno De La Espriella había comprado el apoyo de los congresistas.

La reducción en la amortización de la deuda se explicaba por el reperfilamiento de la deuda pública que emprendió el gobierno De La Espriella desde antes. El 1 de octubre de 2026 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizó el primero de tres canjes de deuda anunciados: recompró TES por 19,8 billones de pesos con vencimientos en 2026 y 2027, reemplazándolos por TES con vencimientos que van hasta 2062. Los otros dos canjes fueron programados para el 22 de octubre y el 19 de noviembre de 2026.

Sin embargo, el presupuesto aprobado en segundo y último debate se cayó por un vicio de procedimiento, por lo que el gobierno De La Espriella decretó el presupuesto aprobado en primer debate el 22 de octubre de 2026. Hasta éste los cambios introducidos fueron: funcionamiento: 391,3 billones (-1,2 b.); inversión, 88,14 billones (+1,2 b.). Asimismo, adición de 2 billones de pesos a Salud y Protección Social, 100 mil millones a la Rama Judicial y 99 mil 100 millones a Deporte, y reducción de 2 billones en Hacienda, 170 mil millones en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, 15 mil 600 millones en Aerocivil y 13 mil 500 millones en Planeación.

Con más gasto público y más endeudamiento en favor de privados, tanto en 2026 como en 2027, sumados a 1) el discurso económico, fiscal y financiero catastrofista del gobierno De La Espriella, el FMI, etc., 2) la reducción de los ingresos fiscales del Estado por las medidas adoptadas en los estados de excepción decretados por el terremoto y 3) la negativa del gobierno De La Espriella a subir impuestos a los ricos y las grandes empresas (que por el contrario serán reducidos), el gobierno De La Espriella crea la situación con la que justifica el ajuste fiscal, incluyendo la venta de activos públicos, y la entrada en escena del FMI. El 27 de septiembre de 2026, el gobierno De La Espriella anunció que buscaría un nuevo crédito con el FMI, que se sabe condicionado a austeridad y ajuste fiscales. Previo a este anuncio teatral ya se venían adelantando reuniones entre el subdirector gerente del FMI, Nigel Clarke, y el vicepresidente, el ministro de hacienda y el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar.

Dentro de este tinglado, la Ley de “rescate económico” del gobierno De La Espriella pretende recortar más de 40 billones de pesos para 2027. Dicho recorte será selectivo para dar paso a otras prioridades de gasto. Adicionalmente, mediante esta ley, el gobierno De La Espriella creará “incentivos tributarios”, es decir, eliminará el impuesto al patrimonio y la sobretasa a las grandes fortunas, entre otros, con la pretensión de que los impuestos sean sólo de renta, IVA interno e IVA externo, y establecerá obras por impuestos y obras por regalías para el sector privado, al tiempo que buscará financiamiento con la banca multilateral y demás. En esta ley también se incluirá que una parte del impuesto vehicular y de la sobretasa a la gasolina vaya a la rehabilitación y el mantenimiento de vías.

Por último, el PND para el cuatrienio del gobierno De La Espriella fusionará y eliminará entidades públicas (como la reducción de 19 a 13 ministerios), introduciendo la IA en el Estado. A comienzos de octubre de 2026 se conoció un documento base del PND que anunciaba que sería de grandes proyectos y seis ejes: “Reconstrucción, Transformación y Resiliencia”, por el terremoto, “Patriotismo Constitucional” (componentes de seguridad, justicia y democracia), “Milagro Social”, “Milagro Económico”, “Colombia desde las regiones” (macroproyectos en 12 nodos regionales), y, en relación con lo dicho al principio, “Transformación del Estado” (Estado pequeño y tecnológico, estabilidad macroeconómica y sostenibilidad fiscal). Recientemente se supo de un séptimo eje: “Talento, conocimiento e innovación para el desarrollo” (educación, IA, etc.). Por su parte, el “Milagro Económico” incorporará la “Misión Crecer”, su meta de crecimiento de 6% del PIB y seis sectores estratégicos para la inversión: minero-energético, vivienda e infraestructura, agroindustria, turismo, ciencia, tecnología e innovación, y bioeconomía.

*Ecosocialista – Plataforma de Convergencia Anticapitalista

Nota 1