El caso Leire.

El juez Pedraz le dio quince días al PSOE para informar sobre sus abogados en el caso Leire sin más demora.

Santiago Pedraz el magistrado que instruye el caso Leire Díez en la Audiencia Nacional ha otorgado un plazo nuevo de quince días al Partido Socialista para que entregue toda la documentación de la contratación de abogados y consultoras entre 2021 y 2025. Aunque el PSOE pidió más tiempo al juez, Pedraz solo aceptó parcialmente esa petición.

El magistrado Santiago Pedraz que lleva el caso Leire Díez en la Audiencia Nacional golpeo la puerta del Partido Socialista Obrero Español este viernes. Por medio de un auto nuevo el instructor concedió un plazo de quince días a la formación de la calle Ferraz para que entreguen la documentación completa referente a la contratación de abogados y consultoras entre 2021 y 2025 sin más demora. Esta exigencia surge tras solicitar el PSOE al juez más tiempo para juntar la información pedida en resoluciones pasadas, petición que Pedraz aceptó parcialmente, pues concede el plazo aunque recuerda al magistrado que la entrega ya no admite más dilaciones.

El caso Leire Díez se convirtió, últimamente, en uno de los asuntos judiciales más incómodos para el Ejecutivo de Pedro Sánchez y, en particular, para el PSOE. La instrucción investiga esa presunta trama de influencias y corrupción vinculada a la exdirectora del gabinete de la Presidencia, Leire Díez, sobre la que pesan varios indicios de delito de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. Aunque la excolaboradora de Sánchez ha negado sistemáticamente las imputaciones, la instrucción ido destapando un entramado de relaciones entre altos cargos, despachos jurídicos y empresas públicas que ha erosionado la credibilidad del Ejecutivo en plena precampaña. El foco del pedido de Pedraz recae en los papeles sobre contratos de letrados y consultoras firmados por el PSOE durante los últimos cuatro años. Como adelantó este jueves El País, el instructor tiene la sospecha de que tales encargos funcionarían de vehículo para pagos irregulares, para pedir informes a medida del relato del partido o incluso, se busca instrumentalizar despachos de renombre con el fin de legitimar operaciones que el juez considera como opacas. Se pide incluir contratos, facturas, correos internos y los dictámenes de esos despachos.

La contestación del PSOE a los requerimientos previos del juez han sido, según fuentes, incompleta. El partido entregó parte de los expedientes pedidos, mas no alcanza el volumen ni el detalle que exige la instrucción. Por ese motivo, el juez decidió cerrar el círculo con un nuevo plazo, siendo ahora más corto y con un tono más severo. El lenguaje del auto es bien explícito: sin más demora no resulta una fórmula retórica, sino mas bien una advertencia procesal que abre la puerta a sanciones si el partido vuelve a incumplir.

Las implicaciones políticas de esto caso resultan profundas. El 29N se aproxima mientras el PSOE de Pedro Sánchez atraviesa una precampaña marcada por la candidaturas y la disputa interna por las listas en varias circunscripciones clave, especialmente en Madrid y en Barcelona. A esto le suma la disputa con el PP por el relato de la gestión del Ejecutivo. La reaparición del caso Leire Díez en plena carrera electoral quita oxígeno al mensaje socialista, además alimenta la ofensiva del Partido Popular y de Vox, quienes han hecho de la corrupción socialista uno de sus ejes de campaña. Feijóo, durante una entrevista radiofónica este viernes en la Cadena SER, evitó cerrar la puerta a un acuerdo con Vox si los resultados del 29N le obligan a entenderse con Abascal; lo cual demuestra hasta qué punto el escenario postelectoral se presenta abierto.

Para el PSOE, la dificultad es doble. Por un lado, el partido tiene que atender un requerimiento judicial bastante complejo porque cuatro años de contratos con consultoras y abogados suman miles de documentos, todo esto justo en pleno cierre de listas y precampaña. Por otro, los pasos de la instrucción de Pedraz se traducen en titulares que erosionan al partido y su secretario general, así están las cosas. El propio Pedro Sánchez ha preferido no pronunciarse de forma directa sobre el caso en sus actos públicos de esta semana, dejando que sean los portavoces del partido los que respondan a los requerimientos del juez.
El juez Pedraz, por su parte, mantiene un pulso que se ha hecho célebre en los últimos años por su determinación con causas especialmente sensibles. Instructor también de otros asuntos de la Audiencia Nacional vinculados a redes de corrupción política y a grupos violentos, Pedraz ha demostrado en ocasiones anteriores su disposición a llegar hasta el final en sus pesquisas, incluso cuando ello implica roces con el fiscal o con el propio Gobierno. En el caso Leire, su línea de investigación se ha centrado en la «criptofinanciación» y en el presunto uso partidista de profesionales externos, una línea que podría tener consecuencias penales para algunos de los imputados.
Las reacciones a la decisión del juez no se han hecho esperar. Desde el PP, la vicesecretaria de Comunicación Cuca Gamarra ha asegurado que el auto «confirma lo que ya sabemos todos: que el PSOE tiene mucho que explicar y que el Ejecutivo de Sánchez ha rodeado sus contrataciones de una opacidad que ahora se desmorona». Desde Vox, su secretario general, Jorge Buxadé, ha pedido que Sánchez comparezca en rueda de prensa para dar explicaciones sobre los hechos investigados. En el PSOE, en cambio, fuentes de la dirección consultadas por EFE han preferido no entrar al fondo del auto y se han limitado a recordar que el partido «colabora con la justicia y cumplirá con todos los requerimientos en los plazos establecidos».
Para los juristas consultados, el nuevo auto confirma que la instrucción avanza y que la presión sobre Ferraz se intensifica. «El juez Pedraz está cerrando el cerco», resume un experto en derecho procesal penal consultado por este diario. «La expresión ‘sin más demora’ no es retórica: implica que considera que el plazo anterior se ha agotado sin que el partido haya entregado lo que debía y que, por tanto, está a un paso de adoptar medidas más drásticas si la próxima entrega vuelve a ser incompleta.» Esas medidas podrían ir desde la imposición de multas coercitivas hasta, eventualmente, la imputación de responsables directos del partido por obstrucción a la justicia.
En cualquier caso, los quince días de plazo marcan un calendario especialmente incómodo para el PSOE: el 28 de octubre se cumple el plazo para la entrega de las listas al Congreso, y el 29 de noviembre se celebran las elecciones. Pedraz, con su auto de este viernes, ha colocado el caso Leire Díez en el corazón mismo de la precampaña, garantizando que la sombra del escrutinio judicial seguirá proyectándose sobre el partido del Gobierno durante las semanas decisivas de la carrera electoral