A Jujuy se le fue el tren otra vez: la política debe hacerse cargo

El C15 continúa sin las mismas garantías anunciadas para el C14 y expone una deuda de gestión en Jujuy. Años de promesas ferroviarias obligan a exigir proyectos, presupuesto y resultados a toda la dirigencia.

El C15 sigue sin tener las mismas garantías de inversión anunciadas para el C14. El Gobierno provincial reconoce ahora que el ferrocarril es indispensable para competir, pero debe explicar por qué esa prioridad no se tradujo en resultados. La responsabilidad alcanza al oficialismo, a la oposición y a los representantes libertarios: el desarrollo necesita gestión, presupuesto y anticipación.

A Jujuy se le fue el tren una vez más. La expresión describe una frustración política que tiene consecuencias económicas: mientras la provincia vuelve a reclamar infraestructura indispensable para transportar su producción, las garantías siguen pendientes. Cuando un gobierno reconoce que una obra es estratégica, también debe rendir cuentas sobre lo que hizo para asegurarla. Declarar una necesidad después de años de promesas resulta insuficiente.

El anuncio nacional establece una diferencia concreta. Según la comunicación oficial del Gobierno de Salta, tras las gestiones de Gustavo Sáenz ante Nación se acordó avanzar con una adenda para establecer la obligatoriedad de las obras del ramal C14. Para el C15, en cambio, se anunció financiamiento internacional a través del Ministerio de Economía. El comunicado no precisa montos, plazos ni condiciones financieras. Son compromisos distintos y ninguno debe confundirse con obras ya ejecutándose.

Esa diferencia deja expuesta la debilidad de los resultados obtenidos por la dirigencia jujeña. El propio Ministerio de Desarrollo Económico y Producción sostuvo el 21 de octubre que recuperar los corredores ferroviarios permitiría reducir costos, ampliar mercados y generar mejores condiciones para invertir y crear empleo. El diagnóstico oficial es claro. La pregunta es por qué una necesidad tan importante continúa dependiendo de compromisos pendientes de instrumentación.

Gobernar exige anticiparse. Si los costos logísticos condicionan la competitividad provincial, el ferrocarril debió ocupar un lugar persistente en las negociaciones nacionales, la planificación productiva y la discusión presupuestaria. El Gobierno de Carlos Sadir debe mostrar qué proyectos presentó, qué recursos comprometió, qué acuerdos consiguió y qué obstáculos encontró. Una declaración de acompañamiento al reclamo empresarial no alcanza para evaluar una política de infraestructura.

La comparación con otras decisiones provinciales es inevitable. Para la multitrocha de la ruta 9, el oficialismo impulsa un esquema de financiamiento y busca autorización para afectar recursos coparticipables como garantía. Esa iniciativa demuestra que, cuando una obra recibe prioridad política, se movilizan herramientas legislativas y financieras. ¿Dónde está el esfuerzo equivalente, sostenido y verificable para la logística ferroviaria de la producción?

Los antecedentes ferroviarios también obligan a discutir cómo se eligieron las prioridades. En 2021, la Provincia anunció un presupuesto de 1.300 millones de pesos de aquel momento, financiado con fondos provinciales, para rehabilitar el tramo Volcán–Tilcara. Hubo, por lo tanto, una decisión concreta de destinar recursos propios al ferrocarril. Corresponde explicar cómo se articuló aquella inversión con la recuperación de los corredores productivos y qué resultados económicos se exigieron a cada proyecto.

La misma exigencia corresponde a las sociedades del Estado y a los emprendimientos sostenidos con recursos públicos: publicar aportes, balances, resultados y necesidades de asistencia. La discusión sobre prioridades requiere saber cuánto recibe cada iniciativa y qué devuelve a la sociedad. Cada peso comprometido debe poder justificarse frente a las necesidades de empleo, producción y conectividad que siguen sin respuesta.

Además, la deuda política excede al C15. El corredor hacia La Quiaca tiene su propia historia de anuncios. Una publicación oficial de 2018 registró que Gerardo Morales proyectaba llegar a esa ciudad en 2023. En abril de 2023, el Gobierno todavía presentaba la recuperación del vínculo San Salvador–La Quiaca como un proyecto que comenzaría con servicios turísticos y contemplaría pasajeros y cargas a futuro. La distancia entre aquella fecha prometida y las garantías pendientes merece una explicación pública.

Tampoco corresponde presentar un eventual crédito como una solución sin costos. Antes de celebrarlo deben conocerse el deudor, las garantías, la tasa, la moneda, los plazos y la fuente de repago. La información difundida no permite afirmar que esa obligación recaerá sobre los contribuyentes jujeños. Precisamente por eso hay que exigir transparencia: cualquier compromiso público necesita demostrar beneficios productivos y capacidad de devolución.

La responsabilidad política tiene distintos grados, pero alcanza a todas las representaciones. El oficialismo debe responder por su planificación y sus resultados; la oposición, por la calidad de su control y sus alternativas; los representantes libertarios, por su capacidad de defender las necesidades provinciales ante el Gobierno nacional. Las afinidades partidarias deben traducirse en soluciones para Jujuy. El interés por el desarrollo se demuestra con gestiones documentadas y compromisos exigibles.

Todavía corresponde actuar: exigir garantías para el C15, presentar un programa por etapas para el corredor hacia La Quiaca, publicar proyectos y costos y reunir a los sectores productivos detrás de una posición provincial común. Jujuy necesita una estrategia ferroviaria que sobreviva a las campañas y tenga responsables, recursos y fechas. Se nos fue el tren otra vez. La responsabilidad es política, y la obligación de recuperarlo también.