El Ejército de Bolivia presentó una denuncia penal contra el exministro de Defensa Edmundo Novillo por presunto homicidio culposo e incumplimiento de deberes, en una investigación que busca determinar si una alerta emitida en 2025 sobre el deterioro de material almacenado en el cuartel de Viacha fue ignorada. Nueve militares murieron, cinco continúan desaparecidos y al menos 84 personas resultaron heridas tras las dos explosiones registradas en el Regimiento Bolívar.

El caso se originó el 4 de septiembre en el Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada RAM-2 “Bolívar”, ubicado en Viacha, a unos 35 kilómetros de La Paz. Se produjeron dos detonaciones: la primera habría estado relacionada con pólvora negra utilizada en material pirotécnico, mientras que la segunda tuvo una magnitud considerablemente mayor. Hasta ahora, las autoridades no han establecido técnicamente qué provocó esta segunda explosión.

La dimensión humana de la tragedia quedó expuesta durante las tareas de rescate. El balance actualizado mantiene nueve militares fallecidos, cinco personas desaparecidas y 84 heridos. La identificación de las víctimas ha sido especialmente compleja debido a la violencia de las explosiones: el Instituto de Investigaciones Forenses informó que había recogido 48 bolsas con restos humanos para realizar análisis genéticos y determinar si corresponden a algunos de los desaparecidos.

Durante los trabajos posteriores también fueron encontrados nuevos restos humanos. Equipos especializados debieron realizar una demolición controlada de un muro que representaba un peligro para los rescatistas y que impedía avanzar hacia una zona donde todavía podía existir material explosivo. Los restos recuperados fueron entregados a especialistas forenses, pero las autoridades no confirmaron que correspondieran a alguno de los cinco desaparecidos.

El proceso de búsqueda terminó encontrando un nuevo obstáculo: la seguridad de los propios equipos de emergencia. El Ejército suspendió temporalmente la remoción de escombros porque el uso de taladros y otras herramientas podía debilitar estructuras dañadas. Posteriormente se retomaron las labores, pero el retiro de los escombros concluyó durante el fin de semana sin nuevos hallazgos de cuerpos. El cuartel fue finalmente precintado.

Para las familias de los cinco militares que continúan desaparecidos, el cierre de las tareas de limpieza no significa el final de la incertidumbre. Los análisis de las 48 bolsas con restos humanos continúan siendo fundamentales para determinar si alguna de las muestras pertenece a quienes todavía no han podido ser localizados. La identificación genética puede resultar decisiva para entregar respuestas a los familiares.

La alerta que estaba en manos del Ministerio de Defensa

El elemento que ahora concentra la atención de la investigación es un documento fechado el 25 de septiembre de 2025. Según el comandante general del Ejército, Héctor Alarcón, el informe llegó al entonces ministro de Defensa Edmundo Novillo y advertía sobre el avanzado deterioro del material almacenado en el depósito.

El documento, según explicó Alarcón, calificaba la situación como una “amenaza real e inminente” y recomendaba adoptar medidas para desactivar, incinerar o retirar el material de esas instalaciones. El jefe militar sostiene que esas recomendaciones no fueron atendidas por la entonces autoridad.

El Ejército fundamentó su denuncia precisamente en esa presunta omisión. Alarcón señaló que la Fiscalía deberá determinar si existe una relación entre las decisiones o inacciones de las autoridades y las muertes provocadas por las explosiones. La denuncia, por tanto, no constituye una condena contra Novillo, sino el inicio de una investigación penal destinada a establecer eventuales responsabilidades.

El informe técnico citado por el Ejército habría descrito embalajes deteriorados, alteraciones de los compuestos químicos, desprendimiento de residuos y otros indicadores de degradación física y química. De acuerdo con la explicación ofrecida por Alarcón, esas condiciones podían aumentar la inestabilidad del material y el riesgo de una combustión accidental.

Novillo fue ministro de Defensa durante el gobierno del expresidente Luis Arce entre 2020 y 2025. La investigación deberá establecer ahora qué información recibió, qué decisiones correspondían a su despacho y si hubo otras autoridades o funcionarios con responsabilidades en el manejo, almacenamiento y control de esos materiales.

La Fiscalía también apunta a funcionarios actuales y anteriores

El caso dio un nuevo giro este lunes 14 de septiembre. El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, anunció que la investigación alcanzará tanto a exfuncionarios como a funcionarios actuales que hayan tenido el deber de prevenir o controlar las condiciones que desembocaron en la tragedia.

Mariaca afirmó que el Ministerio Público actuará de manera independiente y buscará establecer quiénes tenían responsabilidades concretas sobre la seguridad del material almacenado. La investigación no se limitará, por tanto, a la denuncia presentada contra Novillo.

La Fiscalía ya abrió una causa por homicidio culposo, lesiones culposas y otros estragos. Ahora deberá reconstruir la cadena de decisiones anterior al desastre, determinar qué controles existían, qué advertencias fueron emitidas y si alguna omisión contribuyó directamente a la tragedia.

El Gobierno ordenó revisar otros depósitos militares

La tragedia también provocó una revisión más amplia dentro de las Fuerzas Armadas. El presidente Rodrigo Paz declaró duelo nacional por las víctimas y ordenó inspeccionar los depósitos de artefactos explosivos de las unidades militares del país.

El objetivo es determinar si existen instalaciones con materiales deteriorados o almacenados bajo condiciones que puedan representar un riesgo para los propios efectivos militares y para las poblaciones cercanas. La preocupación no se limita al Regimiento Bolívar: el caso abrió interrogantes sobre los protocolos de seguridad utilizados para conservar y retirar materiales potencialmente inestables.

La tragedia también generó demandas de reparación. El Senado aprobó una resolución para solicitar una atención y reparación integral a las víctimas, incluyendo compensaciones por daños materiales e inmateriales tanto para militares como para civiles afectados.

Las explosiones provocaron daños no solamente dentro del recinto militar. Viviendas y edificios cercanos resultaron afectados por la onda expansiva y cientos de personas de la zona fueron impactadas por el desastre. Informes locales estiman que más de 700 personas de 299 familias resultaron afectadas y que alrededor de 297 viviendas sufrieron daños.

Una tragedia que todavía no tiene una explicación completa

A nueve días del desastre, Bolivia conoce una parte importante de sus consecuencias, pero todavía no tiene todas las respuestas sobre sus causas. La Fiscalía debe determinar qué provocó exactamente las detonaciones y, paralelamente, si existieron fallas administrativas o negligencias en la gestión del material almacenado.

El dato que puede resultar determinante es el informe de 2025. Si la investigación confirma que existía una advertencia formal sobre material deteriorado y que las medidas recomendadas no fueron ejecutadas, ese documento podría convertirse en una pieza central para establecer eventuales responsabilidades. Pero esa conclusión deberá surgir de la investigación judicial y no únicamente de la denuncia militar.

Mientras tanto, cinco familias continúan esperando una respuesta definitiva sobre sus seres queridos. El hallazgo de restos durante las tareas de demolición controlada permitió avanzar en la investigación forense, pero el cierre del retiro de escombros sin localizar nuevos cuerpos mantiene abierta una de las partes más dolorosas de la tragedia.

Lo ocurrido en Viacha deja ahora dos investigaciones paralelas: una destinada a saber exactamente cómo se produjeron las explosiones y otra orientada a establecer si hubo funcionarios que pudieron prevenirlas. Para Bolivia, el caso ya no es solamente una tragedia militar: se ha convertido en una prueba para determinar si los mecanismos de control y seguridad del Estado funcionaron cuando existían advertencias previas sobre un riesgo potencialmente mortal.

Foto: REUTERS / Claudia Morales