El presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón, afirmó que el nuevo acuerdo petrolero alcanzado con Estados Unidos tendrá una vigencia inicial de 25 años, pero podrá ser renovado por períodos similares todas las veces que ambas partes consideren necesario. La declaración vuelve a poner en el centro del debate el alcance de un pacto que modifica profundamente el escenario energético venezolano y abre una nueva etapa de participación estadounidense en la explotación de hidrocarburos del país.

Obregón explicó que el contrato fue firmado por 25 años, aunque su estructura jurídica permitiría acordar nuevas extensiones. Durante una entrevista con la emisora Onda La Superestación, el titular de PDVSA expresó incluso su expectativa de que el petróleo continúe siendo una fuente de ingresos para Venezuela durante los próximos 100 años, una afirmación que muestra la dimensión estratégica que Caracas pretende otorgar al acuerdo.

El convenio tiene además una particularidad que lo diferencia de una operación petrolera convencional. Obregón lo definió como un esquema tripartito, debido a que la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP), que suscribe formalmente el contrato con Venezuela, cuenta con participación del Gobierno de Estados Unidos. Según el funcionario venezolano, el Estado estadounidense posee el 35% de las acciones de NABEP.

La estructura genera especial interés porque el acuerdo no se limita a una relación comercial entre PDVSA y una compañía privada. La participación accionaria estadounidense introduce directamente a Washington en la estructura empresarial encargada de desarrollar los proyectos, mientras que el Gobierno venezolano sostiene que mantiene la propiedad y el control sobre sus recursos petroleros.

17 campos y una meta de más de 1,5 millones de barriles diarios

De acuerdo con las cifras divulgadas por las autoridades venezolanas, el acuerdo contempla el desarrollo de 17 campos petroleros, asociados a reservas estimadas en aproximadamente 65.000 millones de barriles, y establece como objetivo alcanzar una producción superior a 1,5 millones de barriles diarios.

La dimensión de esa meta resulta especialmente significativa si se compara con la producción actual de Venezuela. La ministra de Petróleo, Paula Henao, señaló que el país produce actualmente alrededor de 1,236 millones de barriles diarios y que la previsión oficial es cerrar 2026 con aproximadamente 1,4 millones de barriles diarios.

La diferencia con el pasado es todavía más marcada. En 1998, antes de la llegada de Hugo Chávez al poder, Venezuela producía alrededor de 3,1 millones de barriles diarios, casi tres veces el nivel registrado actualmente. La recuperación de esa capacidad productiva se convirtió en uno de los principales desafíos de la industria petrolera venezolana.

El objetivo de superar los 1,5 millones de barriles diarios requerirá, por tanto, no solamente nuevos contratos, sino también importantes inversiones en infraestructura, mantenimiento, tecnología, recuperación de pozos y capacidad de transporte y refinación.

Un acuerdo que llega en medio de una profunda transformación

El pacto forma parte de una transformación más amplia del sector energético venezolano. En enero de 2026, Venezuela aprobó una reforma de su legislación petrolera destinada a facilitar la participación de capital privado e internacional mediante los denominados Contratos de Participación Productiva en Hidrocarburos (CPPH).

En los últimos días, además, otras empresas internacionales han anunciado acuerdos para ampliar su presencia en Venezuela. Chevron, Eni y otras compañías suscribieron compromisos para desarrollar proyectos petroleros y energéticos, en un proceso que busca recuperar una industria que durante años sufrió problemas de inversión, deterioro de infraestructura y restricciones derivadas de las sanciones internacionales.

El movimiento también tiene una dimensión geopolítica. La incorporación de capital y participación estadounidense al sector petrolero venezolano puede modificar el equilibrio que durante años permitió una fuerte presencia de China y Rusia en la economía energética del país. Estados Unidos busca recuperar influencia directa sobre una de las mayores concentraciones de reservas petroleras del planeta.

Las dudas sobre el contrato

El acuerdo, sin embargo, no está exento de controversias. Una de las principales discusiones está relacionada con su duración y con la diferencia entre las versiones difundidas por las autoridades estadounidenses y venezolanas.

Mientras desde Washington se ha hablado de una autorización de hasta 100 años para la operación de NABEP, las autoridades venezolanas han insistido en que el contrato tiene inicialmente 25 años, aunque puede renovarse mediante acuerdos entre las partes. Esa diferencia es fundamental porque determina el alcance real y el horizonte temporal de la participación estadounidense.

También existen cuestionamientos sobre la transparencia y la legalidad del proceso. Expertos citados por medios internacionales han planteado dudas sobre determinadas disposiciones del acuerdo y sobre la participación estadounidense en NABEP. El Financial Times informó que especialistas consideran que algunos aspectos podrían entrar en conflicto con normas venezolanas y estadounidenses, aunque también existen juristas que defienden la posibilidad de participación privada bajo el nuevo marco legal venezolano.

Otro elemento controvertido es la figura empresarial de Alejandro Betancourt, vinculado a NABEP. Obregón defendió públicamente al empresario, quien ha sido investigado en el pasado por presunto lavado de dinero en Venezuela, Estados Unidos, España y Suiza, aunque esos procesos no han terminado en condenas firmes, según la información difundida por Infobae.

Venezuela busca recuperar su industria petrolera

Para Caracas, el acuerdo representa una oportunidad para aumentar la producción, generar regalías e impuestos y atraer capital extranjero hacia una industria que necesita inversiones de gran magnitud.

Para Washington, el pacto representa además una oportunidad estratégica: garantizar una fuente importante de petróleo en el hemisferio occidental y aumentar su influencia sobre el futuro energético de Venezuela.

La cuestión central será determinar si el acuerdo consigue traducirse en producción real, inversiones efectivas y recuperación de infraestructura, y no solamente en anuncios de grandes volúmenes de reservas.

Por ahora, todavía no se ha difundido un calendario completo sobre el inicio de las operaciones de NABEP en los 17 campos ni se conocen públicamente todos los detalles de la inversión inicial necesaria para alcanzar la meta productiva.

El anuncio de PDVSA de que el contrato podrá renovarse tantas veces como sea necesario confirma que Venezuela y Estados Unidos no están planteando solamente una operación petrolera de corto plazo. El objetivo declarado es construir una relación energética de largo alcance. Si el proyecto consigue recuperar parte de la capacidad perdida por la industria venezolana, sus consecuencias podrían extenderse mucho más allá del mercado petrolero: afectarían las finanzas públicas, el comercio exterior, la geopolítica regional y el papel de Venezuela dentro del mercado energético mundial.

Foto: Reuters / Leonardo Fernández Viloria