El Gobierno de Santiago Peña enfrenta una de las mayores tensiones con el sector público de salud mientras avanza el estudio del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sostiene que conceder ahora el aumento salarial solicitado por los médicos podría generar un precedente para otros sectores del Estado y comprometer la sostenibilidad de las cuentas públicas.
El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, defendió la posición del Ejecutivo frente al reclamo de los gremios médicos, que plantean un incremento salarial de hasta 76% sobre las remuneraciones actuales. Para el Gobierno, el problema no se limita al costo de atender esta demanda, sino al efecto que tendría sobre otros funcionarios públicos que también podrían reclamar aumentos bajo el mismo argumento.
Lovera advirtió que Paraguay atraviesa un momento particularmente sensible porque se aproxima el calendario electoral. Las elecciones municipales están previstas para octubre de 2026 y posteriormente comenzará el proceso que desembocará en las elecciones generales de 2028. Según el ministro, históricamente el tercer año de un gobierno suele estar acompañado por una mayor presión sobre el gasto público.
El antecedente de 2012 que preocupa al Gobierno
El MEF utiliza como referencia lo ocurrido en 2012, durante el gobierno de Fernando Lugo. En aquel período, en un contexto de fuertes presiones salariales y proximidad electoral, se aprobaron incrementos generales que, según Lovera, terminaron teniendo consecuencias duraderas sobre las finanzas públicas.
De acuerdo con las cifras citadas por el ministro, los salarios llegaron a absorber entonces una proporción muy elevada de los recursos provenientes de la recaudación tributaria. El impacto financiero acumulado de aquellas decisiones fue estimado por Lovera en aproximadamente US$ 800 millones, no como un gasto extraordinario de un solo año, sino como una obligación permanente para el Estado.
El argumento central del Ministerio de Economía es que una decisión salarial tomada ahora no debería evaluarse solamente por su costo inmediato. Cada aumento permanente genera compromisos presupuestarios para los siguientes ejercicios, reduciendo el margen disponible para medicamentos, infraestructura, educación, seguridad, inversión pública y otros servicios.
Los médicos reclaman mucho más que un aumento
El conflicto sanitario, sin embargo, no se limita a una disputa salarial. Los gremios médicos reclaman también la desprecarización y regularización de profesionales contratados, mejores condiciones laborales, pago doble por los días feriados trabajados y mejoras en infraestructura, medicamentos e insumos.
El sector médico ya realizó una huelga nacional de cinco días a finales de agosto y, ante la falta de un acuerdo considerado satisfactorio, anunció una nueva medida de fuerza para el 21 y 22 de septiembre. Además, alrededor de 270 médicos presentaron sus renuncias ante el Ministerio de Salud Pública como parte de la presión gremial.
La situación genera preocupación porque cualquier reducción significativa de personal puede repercutir directamente sobre hospitales públicos que ya enfrentan dificultades para cubrir determinadas especialidades y mantener una atención adecuada.
El Gobierno propone un escalafón médico
Ante la imposibilidad de aceptar el incremento general del 76%, el Ejecutivo planteó una alternativa basada en un escalafón médico, que busca vincular la remuneración con factores como la especialidad, la antigüedad, la carga horaria y los vínculos laborales.
El Gobierno calcula que el esquema podría representar un paquete financiero de aproximadamente US$ 60 millones. Una parte de los recursos, según la propuesta oficial, provendría de unos US$ 34 millones ahorrados mediante procesos de licitación.
La propuesta contempla reajustes que pueden llegar hasta aproximadamente G. 19,1 millones, dependiendo de la antigüedad, especialidad, carga horaria y cantidad de vínculos del profesional. El Ministerio de Salud habilitó incluso una calculadora para que los médicos puedan estimar cuánto recibirían bajo el nuevo sistema.
El problema es que los sindicatos consideran insuficiente la propuesta y sostienen que no responde de manera inmediata a la pérdida del poder adquisitivo ni resuelve las condiciones estructurales de los hospitales.
Salud acumula una deuda millonaria
Mientras la discusión salarial continúa, el Gobierno enfrenta además una situación financiera compleja dentro del sistema sanitario. Lovera informó que el Ministerio de Salud mantiene una deuda con proveedores cercana a US$ 1.050 millones, de los cuales aproximadamente US$ 850 millones corresponden al sector farmacéutico. El Ejecutivo prevé recurrir a una nueva autorización de endeudamiento dentro del PGN 2027 para hacer frente a parte de esas obligaciones.
Esta situación explica parte de la dificultad fiscal que enfrenta el Gobierno: aumentar permanentemente los salarios mientras se acumulan deudas con proveedores implicaría ampliar todavía más las necesidades de financiamiento del sistema.
Un presupuesto de US$ 25.751 millones
El proyecto de PGN 2027 presentado por el Ejecutivo asciende a aproximadamente G. 166,3 billones, equivalentes a unos US$ 25.751 millones, con un crecimiento nominal del 11,2% respecto del presupuesto vigente.
Según el MEF, el 76% del aumento previsto para el Poder Ejecutivo se concentraría en esa administración, y Salud recibiría alrededor de US$ 1.200 millones adicionales, destinados principalmente a cubrir obligaciones acumuladas del sistema y financiar insumos y medicamentos.
El proyecto contempla además un endeudamiento de aproximadamente US$ 2.100 millones para equilibrar las necesidades presupuestarias y un déficit fiscal estimado en 3,9% del PIB, equivalente a unos US$ 2.615 millones.
El riesgo de que el conflicto se extienda
La preocupación del MEF es que el conflicto médico pueda convertirse en el primer capítulo de una nueva ola de demandas salariales. El sector docente ya reclama un reajuste del 8% y también ha advertido sobre nuevas movilizaciones.
En ese escenario, la advertencia de Lovera adquiere una dimensión política y fiscal: si el Estado concede un aumento excepcional bajo presión, otros sectores podrían considerar que existe un precedente para presentar demandas similares.
La discusión, por lo tanto, enfrenta dos necesidades igualmente sensibles. Por un lado, el Estado debe garantizar salarios adecuados y condiciones dignas para los profesionales responsables de la atención sanitaria. Por otro, el Gobierno sostiene que cualquier incremento debe poder mantenerse durante los próximos años sin poner en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas.
El conflicto entre el Gobierno y los médicos todavía está lejos de una solución definitiva. Mientras los profesionales reclaman una recuperación salarial y mejores condiciones para trabajar, el MEF intenta evitar que una concesión puntual se transforme en una cadena de compromisos permanentes. El desafío para Paraguay será encontrar un punto de equilibrio: mejorar la situación de quienes sostienen la salud pública sin repetir decisiones presupuestarias que, como advierte Economía, pueden terminar condicionando las finanzas del Estado durante muchos años.
Foto: Brian Cáceres / ABC Color
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