La Fiscalía presentó una nueva acusación contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, y solicitó que sea sometido a juicio oral por un supuesto perjuicio patrimonial de G. 757.166.276 relacionado con recursos del Consejo Local de Salud del Hospital Regional. La acusación se suma a otros procesos que ya avanzaron judicialmente y coloca nuevamente al dirigente de YoCreo en el centro de una intensa disputa política.

De acuerdo con la acusación fiscal, durante el período comprendido entre 2019 y 2022 la Municipalidad de Ciudad del Este transfirió aproximadamente G. 11.295 millones al Consejo Local de Salud para financiar obras, equipamientos e insumos destinados al Hospital Regional. La Fiscalía sostiene que dentro de ese esquema fueron adjudicados ocho contratos a las empresas SERVMAQ y M&M Constructora y que posteriormente se detectaron diferencias entre los recursos desembolsados y los trabajos que efectivamente habrían sido ejecutados.

La acusación alcanza también a Sebastián Martínez Insfrán, exdirector municipal, y a la concejal Valeria Fabiana Romero Escobar, señalados por el Ministerio Público como presuntos partícipes del hecho investigado. La Fiscalía sostiene que las irregularidades habrían generado el supuesto perjuicio de más de G. 757 millones. Como se trata de una acusación y no de una sentencia, la responsabilidad penal de los involucrados deberá ser determinada por la Justicia.

Una nueva causa en medio de un escenario judicial mucho más amplio

El nuevo expediente adquiere relevancia porque no constituye la primera causa contra Prieto que llega a una instancia decisiva. El exintendente ya enfrenta un juicio oral por el caso conocido como “Tía Chela”, relacionado con la adquisición de kits de alimentos durante la pandemia. Ese proceso comenzó formalmente el 31 de agosto y está previsto que continúe este lunes 7 de septiembre.

La Fiscalía también ha señalado que existen numerosas investigaciones relacionadas con la administración municipal de Prieto. El fiscal Silvio Corbeta afirmó recientemente que, de unas 50 denuncias o investigaciones mencionadas públicamente, dos causas ya fueron elevadas a juicio oral —“Tía Chela” y “Tajy”—, mientras otras continúan en investigación o se encuentran próximas a una definición procesal.

Uno de esos expedientes es precisamente el relacionado con el Consejo Local de Salud. En agosto, seis excolaboradores vinculados al organismo reconocieron los hechos que les atribuye la Fiscalía y accedieron a salidas alternativas, según información judicial difundida entonces. La investigación fiscal sostiene que el perjuicio de G. 757.166.276 correspondería a la diferencia entre los pagos efectuados y el valor de obras que, según el Ministerio Público, fueron efectivamente ejecutadas.

El dato político que vuelve particularmente sensible el caso

Más allá del aspecto judicial, las nuevas acusaciones tienen una lectura política inevitable. Prieto continúa teniendo una importante presencia en el escenario opositor y su figura se encuentra en el centro de la disputa por el liderazgo político de Ciudad del Este y, potencialmente, de la oposición paraguaya.

Aquí aparece una particularidad que merece ser observada con cuidado: la acumulación de denuncias no equivale jurídicamente a una condena. Una denuncia puede terminar archivada, una imputación puede no conducir a una condena y una acusación debe ser demostrada en juicio. Por eso, presentar cada nueva denuncia como una prueba definitiva de corrupción sería jurídicamente incorrecto.

Pero también sería incorrecto sostener que ninguna de las investigaciones ha avanzado. Ya existe un juicio oral en curso y otras acusaciones fueron formalmente presentadas por el Ministerio Público, mientras nuevas investigaciones continúan abiertas.

¿Las acusaciones debilitan o fortalecen a Prieto?

Aquí aparece uno de los fenómenos políticos más interesantes de este escenario.

Para sus adversarios, la sucesión de investigaciones constituye un argumento para cuestionar su gestión y su proyecto político. Para sus seguidores, en cambio, la multiplicación de denuncias puede ser presentada como una ofensiva política destinada a impedir que Prieto consolide su liderazgo opositor.

Hasta que existan decisiones judiciales firmes, ambas interpretaciones forman parte de la disputa política y no pueden confundirse con hechos judicialmente probados.

En términos electorales, incluso puede ocurrir un efecto paradójico: cada nuevo proceso puede mantener a Prieto en el centro de la conversación pública, fortalecer el discurso de confrontación con sus adversarios y permitirle presentarse ante una parte de su electorado como un dirigente sometido a una ofensiva del sistema político tradicional.

Pero existe también el efecto contrario: si los tribunales terminan estableciendo responsabilidades en alguno de los procesos, el impacto político podría ser considerablemente mayor que el producido por las denuncias iniciales.

La Justicia será la que marque el límite

El punto central, por lo tanto, no debería ser solamente cuántas denuncias existen contra Miguel Prieto, sino cuántas llegan a juicio, qué pruebas son admitidas, qué determina cada tribunal y cuáles son las decisiones definitivas.

La nueva acusación por G. 757 millones deberá ahora seguir su propio recorrido procesal. El pedido fiscal de juicio oral no significa que Prieto haya sido declarado culpable. Será la Justicia la que deberá establecer si existió efectivamente un perjuicio patrimonial, quiénes tuvieron responsabilidad y si los hechos atribuidos por la Fiscalía pueden ser demostrados.

Mientras tanto, el escenario político continúa abierto.

La paradoja de Miguel Prieto es evidente: cuanto mayor es el número de investigaciones que enfrenta, mayor también es su exposición pública. Para sus adversarios, las causas constituyen una razón para cuestionarlo; para sus seguidores, pueden convertirse en combustible para un discurso de persecución política. El verdadero punto de inflexión llegará cuando las denuncias dejen de ser solamente expedientes y se transformen en decisiones judiciales firmes. Hasta entonces, la disputa seguirá desarrollándose tanto en los tribunales como en el terreno político.

Foto: Archivo / ADN Digital

Paraguay, Ciudad del Este, Miguel Prieto, YoCreo, Fiscalía, Ministerio Público, Justicia, corrupción, Consejo Local de Salud, Hospital Regional, política paraguaya, oposición, denuncias, juicio oral, lesión de confianza, elecciones.