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Naín Andrés Pérez Toncel, alias “Bendito Menor”, señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, murió durante una operación de la Fuerza Pública en Riohacha, en el departamento de La Guajira, en un hecho que representa uno de los primeros golpes de alto impacto contra una estructura criminal durante el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.
Pérez Toncel, de 26 años, murió en la madrugada de este viernes 4 de septiembre junto con Rosa Angélica Tarazona, conocida como “La Bebecita”, y otros dos hombres que, según información oficial, cumplían funciones de seguridad dentro de la estructura. El operativo fue ejecutado por unidades especializadas de la Policía Nacional, la DIJIN y el Ejército, después de labores de inteligencia destinadas a establecer la ubicación del cabecilla.
El procedimiento se desarrolló en el sector de Los Olivos, en Riohacha, en las inmediaciones del aeropuerto Almirante Padilla. La operación, denominada “Centinela de la Patria”, puso fin a varios días de incertidumbre sobre el paradero de Pérez Toncel, después de que circularan versiones según las cuales había sido asesinado por integrantes de su propia organización.
Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas también como Los Pachenca, habían negado previamente esas versiones y asegurado que no habían ordenado ni ejecutado la muerte de su jefe. La operación de las autoridades confirmó finalmente que Pérez Toncel se encontraba en Riohacha.
Las autoridades colombianas señalaban a “Bendito Menor” como uno de los principales responsables de las actividades de una organización con presencia en sectores de La Guajira, Magdalena y áreas limítrofes con el Cesar. Investigaciones oficiales lo vinculaban con homicidios, extorsiones, narcotráfico y otras actividades relacionadas con el control territorial ejercido por estructuras criminales.
Su figura había adquirido una particular notoriedad en los últimos meses por sus apariciones en redes sociales, donde exhibía armas, vehículos, joyas y otros elementos asociados al poder económico de las organizaciones ilegales. Esas publicaciones se convirtieron también en una muestra del desafío abierto que mantenía frente a las autoridades.
La muerte de Pérez Toncel se produce en un momento especialmente significativo para la política de seguridad del nuevo Gobierno colombiano. Abelardo De La Espriella asumió la Presidencia el pasado 7 de agosto con la promesa de endurecer la respuesta del Estado frente a las organizaciones armadas y las estructuras dedicadas al narcotráfico y la extorsión.
Durante la campaña electoral, De La Espriella sostuvo que los integrantes de grupos ilegales que no optaran por la desmovilización y continuaran con actividades criminales serían perseguidos por las instituciones de seguridad. Menos de un mes después de su llegada al poder, la operación contra “Bendito Menor” se convierte en una de las primeras demostraciones concretas de esa política.
El operativo también vuelve a poner bajo escrutinio la estrategia de “Paz Total” impulsada durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro. En 2025, el Ejecutivo reconoció a integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada como miembros representantes dentro de un proceso de conversación sociojurídica con el Estado.
La iniciativa buscaba abrir canales de diálogo con diferentes organizaciones armadas y estructuras criminales con el objetivo de avanzar hacia su sometimiento o desmovilización. Sin embargo, el proceso fue objeto de fuertes críticas por parte de sectores de la oposición y de expertos en seguridad, que cuestionaron la capacidad del Estado para contener las actividades criminales de las organizaciones mientras avanzaban las conversaciones.
La muerte de Pérez Toncel vuelve a colocar ese debate en el centro de la discusión nacional. Para el Gobierno de De La Espriella, el resultado demuestra que las Fuerzas Militares y la Policía cuentan nuevamente con instrucciones claras para perseguir a los principales responsables de la violencia y el crimen organizado.
El propio presidente se trasladó a La Guajira tras conocer el resultado de la operación y destacó el trabajo de las unidades que participaron en la misión.
“Le cayó la mano firme del Estado”, afirmó De La Espriella al referirse a la muerte del cabecilla, en un mensaje en el que respaldó a la Fuerza Pública y aseguró que los criminales que continúen operando al margen de la ley enfrentarán la acción de las instituciones.
“Cuando el Estado actúa con determinación, inteligencia y contundencia, el crimen retrocede”, sostuvo el mandatario.
El resultado de la operación constituye un golpe importante para las ACSN, pero no supone por sí mismo el desmantelamiento de la organización. Las autoridades deberán determinar ahora quién asumirá el control de la estructura y si el vacío dejado por Pérez Toncel puede desencadenar una disputa interna o una nueva confrontación por el dominio territorial.
Ese será uno de los principales desafíos para el Gobierno en La Guajira y otros departamentos de la región Caribe, donde organizaciones armadas y redes dedicadas al narcotráfico y la extorsión mantienen capacidad para ejercer presión sobre comunidades y actividades económicas.
La operación de Riohacha representa, en cualquier caso, una señal inequívoca de la nueva orientación de la política de seguridad colombiana. El Gobierno de De La Espriella ha decidido colocar la persecución de los principales jefes criminales en el centro de su estrategia y “Bendito Menor” se convirtió, apenas unas semanas después de la posesión presidencial, en uno de sus primeros objetivos abatidos.
Para un país que durante años ha intentado combinar negociaciones de paz, sometimiento a la justicia y operaciones militares contra las estructuras criminales, la muerte de Pérez Toncel abre un nuevo capítulo en la compleja disputa por el control territorial en el Caribe colombiano.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
REDACCIóN COLOMBIA
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