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El Gobierno de Abelardo De la Espriella anunció que apelará la decisión judicial que ordena suspender los bombardeos de la Fuerza Pública cuando exista información sobre la presencia de menores de edad reclutados por grupos armados ilegales en las zonas donde se proyecten las operaciones.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, calificó la decisión como inconstitucional y advirtió que el criterio establecido por el fallo podría restringir de manera significativa la capacidad operacional de las Fuerzas Militares en la lucha contra las estructuras armadas y narcotraficantes que operan en distintas regiones del país.
Lara cuestionó particularmente la exigencia de suspender una operación aérea cuando exista información “cierta, objetiva o razonablemente verificable” sobre la presencia de menores reclutados por organizaciones ilegales. A su juicio, se trata de un estándar cuya amplitud puede generar incertidumbre en medio de operaciones militares.
“¿Qué significa, en términos operacionales, razonablemente verificable? ¿Un indicio? ¿Una fuente? En ese supuesto todo es plausible”, sostuvo el ministro, al advertir que en escenarios de confrontación armada la información disponible para las autoridades puede ser fragmentaria y estar sujeta a cambios constantes.
El funcionario afirmó que la protección de los menores debe mantenerse como una prioridad, pero cuestionó que su utilización por parte de grupos armados pueda terminar condicionando de manera general las operaciones militares.
“Los menores deben ser protegidos con el máximo rigor. Y así lo viene haciendo y lo hará este Gobierno”, señaló Lara. Sin embargo, sostuvo que convertir el reclutamiento de menores en un mecanismo que otorgue una suerte de protección territorial a las organizaciones armadas constituiría, en su opinión, un incentivo peligroso.
“Este fallo absurdo e inconstitucional será apelado”, afirmó el ministro.
La controversia se produce en momentos en que el Gobierno de De la Espriella mantiene una ofensiva militar contra diferentes estructuras armadas ilegales, entre ellas las disidencias de las Farc. Durante la actual administración se han ejecutado operaciones aéreas contra organizaciones señaladas de mantener actividades relacionadas con narcotráfico, control territorial y otras acciones criminales.
Entre los objetivos de estas operaciones han estado estructuras atribuidas a las disidencias bajo el mando de alias Calarcá y organizaciones vinculadas con alias Iván Mordisco.
El fallo ha abierto así un nuevo frente de discusión entre las autoridades judiciales y el Gobierno sobre los límites de las operaciones militares, especialmente en escenarios donde existe riesgo de presencia de menores reclutados por grupos armados. La apelación será ahora el escenario en el que el Ejecutivo buscará que se revise el alcance de la decisión y se defina hasta dónde puede llegar la restricción impuesta a las operaciones aéreas de la Fuerza Pública.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
REDACCIóN COLOMBIA
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