Paraguay se encamina hacia un escenario fiscal que obligará al próximo ciclo de gobierno a tomar decisiones de alto impacto. El Ministerio de Economía y Finanzas proyecta que el déficit llegará al 3,2% del PIB en 2026 y podría subir al 3,9% en 2027, antes de regresar al límite de 1,5% establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal en 2028. La magnitud del ajuste previsto abre un debate sobre cómo reducir el desequilibrio sin sacrificar inversión, empleo ni servicios públicos.

El economista Wildo González advierte que el problema ya no puede ser tratado como una dificultad pasajera. Según su análisis, existe un desequilibrio estructural entre los ingresos y los gastos del Estado. La recaudación tributaria del primer semestre de 2026 creció apenas 2,4%, frente a una previsión oficial de 8,5%, mientras el gasto público continuó aumentando a un ritmo que los ingresos no consiguieron acompañar. Para González, los atrasos de pagos son una consecuencia visible del problema, pero no su origen.

El tamaño del desafío queda expuesto en la diferencia entre las metas fiscales. Pasar de un déficit de 3,9% del PIB en 2027 al 1,5% en 2028 implicaría una corrección de 2,4 puntos porcentuales en apenas un año. El economista calcula que ese esfuerzo equivaldría a aproximadamente US$ 1.500 millones, una cifra que podría tener efectos importantes sobre el ritmo de crecimiento de la economía. Con multiplicadores fiscales estimados entre 0,7 y 1,2 para economías pequeñas y abiertas, González calcula que un ajuste de esa magnitud podría restar entre 1,5 y 2,5 puntos porcentuales al crecimiento de 2028.

La preocupación aumenta porque una parte importante del ajuste podría terminar afectando la inversión pública si el Gobierno opta por el camino utilizado tradicionalmente para reducir el déficit. La inversión estatal paraguaya representa aproximadamente entre 1,5% y 2,5% del PIB, según la metodología utilizada, por lo que un ajuste de US$ 1.500 millones podría acercarse al volumen total de inversión pública de un año. Reducir obras, infraestructura y mantenimiento para equilibrar las cuentas tendría, además, consecuencias sobre la actividad económica futura.

El impacto social también aparece como uno de los principales riesgos. Salud, educación, medicamentos y transferencias públicas tienen un peso mayor en los hogares de menores ingresos, por lo que una reducción de estos servicios no necesariamente elimina el gasto: puede trasladarlo directamente a las familias. El resultado sería una presión adicional sobre hogares que ya tienen menor capacidad para absorber aumentos de costos.

El escenario se vuelve todavía más complejo por el nivel de endeudamiento. La deuda pública paraguaya cerró el primer semestre de 2026 alrededor de US$ 21.947 millones, mientras los atrasos acumulados con farmacéuticas y empresas constructoras ya superan los US$ 1.000 millones. La cancelación de esas obligaciones, sumada al déficit previsto para los próximos años, puede obligar al Estado a recurrir a nuevas emisiones de deuda.

Sin embargo, Paraguay todavía conserva acceso a los mercados financieros. La reapertura reciente del bono con vencimiento en 2055 y una tasa de 6% muestra que los inversores continúan dispuestos a financiar al país. El riesgo, según González, está en que esa confianza puede deteriorarse si el Gobierno no presenta una trayectoria fiscal creíble. El problema no es solamente cuánto debe Paraguay, sino qué capacidad tendrá para demostrar que puede estabilizar sus cuentas.

Frente a la posibilidad de realizar un fuerte recorte del gasto, aparece otra alternativa: aumentar los ingresos del Estado. González plantea una reforma tributaria integral basada en una ampliación de la base de contribuyentes, revisión de exoneraciones y mejoras en la administración tributaria. Paraguay mantiene una carga tributaria cercana al 14% del PIB, por debajo de Uruguay, Chile y Argentina, según las comparaciones citadas por el economista.

El cálculo presentado permite dimensionar el potencial de esa vía. Cada punto adicional de presión tributaria representaría aproximadamente US$ 600 millones en ingresos, de acuerdo con la estimación de González. Eso significa que una estrategia combinada entre mayor recaudación, reducción de gastos ineficientes y crecimiento económico podría disminuir la necesidad de aplicar un recorte abrupto en 2028.

Pero elevar impuestos también tiene límites. Una reforma tributaria que aumente la carga sobre sectores productivos sin ampliar simultáneamente la formalización y la eficiencia del gasto podría afectar la inversión y la competitividad. El desafío consiste en recaudar más sin destruir las ventajas que Paraguay todavía conserva frente a otros países de la región.

La discusión también alcanza a la inflación. El déficit, por sí mismo, no necesariamente generaría una aceleración inflacionaria similar a la observada en países que financian sus desequilibrios mediante emisión monetaria. Paraguay no utiliza esa vía para financiar directamente su déficit. El riesgo podría aparecer por el mercado cambiario: una pérdida de confianza podría presionar al guaraní y generar efectos sobre los precios, mientras que un programa fiscal creíble podría contribuir a mantener condiciones financieras más estables.

El calendario político añade una dificultad adicional. 2028 será el último año del actual Gobierno, precisamente el período en que está previsto aplicar la corrección más fuerte. González considera que intentar realizar un ajuste de esa magnitud cerca del final de un mandato puede generar incentivos políticos para postergarlo, especialmente si las medidas afectan el consumo, la inversión o los servicios públicos. Por eso propone una trayectoria más gradual que permita distribuir la corrección en un período mayor.

La alternativa planteada no implica abandonar la Ley de Responsabilidad Fiscal. Por el contrario, González considera que la norma ayudó a introducir disciplina en las cuentas públicas, pero propone modificarla para incorporar cláusulas de escape frente a shocks severos y una regla que tenga en cuenta el ciclo económico. De esa manera, el Estado podría responder ante situaciones extraordinarias sin abandonar una trayectoria de responsabilidad fiscal.

El debate deja así dos caminos claramente diferenciados. Un ajuste concentrado en 2028 podría ser rápido pero costoso para la actividad económica; una corrección gradual exigiría comenzar antes y combinar reformas de ingresos con una revisión profunda de la calidad del gasto. El segundo camino demanda mayor disciplina política porque obliga a tomar decisiones impopulares antes de que aparezca la presión de una crisis.

Paraguay todavía tiene margen para decidir cómo enfrentar el problema. La economía mantiene crecimiento, el mercado internacional continúa financiando al país y la presión tributaria permanece relativamente baja en comparación con sus vecinos. Pero esos factores favorables no eliminan el desequilibrio: solamente ofrecen una ventana para corregirlo antes de que el ajuste sea impuesto por las circunstancias.

La cifra de US$ 1.500 millones funciona, en este escenario, como una señal de advertencia. No representa necesariamente un recorte que inevitablemente deberá ejecutarse en 2028, sino la magnitud aproximada de la corrección necesaria si se mantiene la trayectoria oficial y se pretende regresar en un solo año al límite de déficit establecido por la legislación.

El verdadero desafío será evitar que la corrección fiscal termine convirtiéndose en una reducción de inversión, servicios esenciales y oportunidades económicas. Si Paraguay quiere mantener su crecimiento y al mismo tiempo recuperar el equilibrio de sus cuentas públicas, deberá resolver una ecuación que combina recaudación, eficiencia del gasto, deuda, inversión y credibilidad.

El problema fiscal paraguayo ya está planteado; lo que todavía está abierto es la forma de resolverlo. Cuanto más tarde comience la corrección, mayor será la posibilidad de que el país termine enfrentando medidas más duras y concentradas. Si las reformas comienzan antes, existe mayor espacio para distribuir el esfuerzo y proteger la inversión y los servicios públicos.