La creación de un Ministerio de Energía, Minería e Hidrocarburos dejó al descubierto una discusión mucho más profunda que la creación de una nueva cartera estatal: quién tendrá en sus manos las decisiones estratégicas sobre la electricidad paraguaya. Sitrande sostiene que el proyecto puede debilitar a la ANDE al trasladar funciones que considera esenciales, mientras el Gobierno plantea una nueva estructura institucional destinada a formular la política energética y crear un ente regulador independiente. La Cámara de Diputados decidió postergar el tratamiento del proyecto y abrir una etapa de diálogo técnico.

El conflicto llegó a un punto de tensión este martes, cuando representantes de Sitrande se reunieron con la conducción de Diputados y consiguieron que el proyecto fuera retirado temporalmente del orden del día. El acuerdo fue alcanzado con la participación del presidente de la Cámara, Raúl Latorre, y del vicelíder de la bancada oficialista, Alejandro Aguilera. El sindicato había advertido que, si la iniciativa avanzaba sin modificaciones, podía movilizar a trabajadores de la ANDE frente al Congreso.

La principal preocupación sindical está concentrada en qué funciones conservará realmente la ANDE. Adolfo Villalba, secretario general de Sitrande, sostuvo que el gremio no rechaza necesariamente la creación de un Ministerio de Energía, pero sí se opone a que la empresa estatal pierda atribuciones como la planificación de su sistema y la participación en la definición tarifaria. Para el sindicato, retirar esas herramientas de la ANDE podría terminar debilitando la capacidad técnica de la institución que administra la red eléctrica nacional.

El Gobierno presenta una arquitectura diferente. El proyecto divulgado en agosto propone crear un Ministerio de Energía, Minería e Hidrocarburos encargado de diseñar, formular, coordinar, supervisar y evaluar la política nacional de esos sectores. El borrador establece que la nueva cartera ejercerá la rectoría sectorial, pero aclara que no sustituirá las funciones operativas de organismos autónomos y autárquicos como la ANDE. También contempla coordinación con Itaipú, Yacyretá, Petropar y otros organismos.

El punto más sensible aparece con el proyecto paralelo para crear un Ente Regulador de Energía (ERE). La propuesta le asigna facultades que actualmente forman parte del esquema estatal, entre ellas establecer metodologías para calcular tarifas y peajes, fiscalizar a los prestadores, aprobar pliegos de licitación y aplicar sanciones. El organismo también tendría competencia sobre electricidad, hidrocarburos, gas y biocombustibles.

Allí está una de las razones por las que el debate dejó de ser simplemente administrativo. La creación del ministerio y del ente regulador podría modificar la distribución histórica de responsabilidades entre el Poder Ejecutivo, la ANDE y los organismos del sector energético. Para el Gobierno, se trata de construir una institucionalidad capaz de atraer inversiones y establecer reglas previsibles; para Sitrande, existe el riesgo de que una reorganización institucional termine reduciendo el peso de la empresa estatal.

El proyecto del ERE contempla además una revisión tarifaria integral que debería realizarse como máximo cada dos años, con audiencias públicas previas a modificaciones de tarifas, precios, peajes o cánones. También prevé un directorio de tres miembros titulares y tres suplentes, seleccionados mediante concurso público y designados posteriormente por el Poder Ejecutivo.

La discusión llega en un momento particularmente delicado para Paraguay. El país todavía dispone de un enorme potencial hidroeléctrico, pero el período de energía excedente barata no será indefinido. Según las proyecciones mencionadas en el debate, entre 2030 y 2032 Paraguay podría consumir prácticamente toda la energía excedente que actualmente le corresponde de Itaipú y Yacyretá. Eso obliga a decidir ahora cómo ampliar generación, transmisión y distribución antes de que la demanda supere la capacidad disponible.

La propia ANDE ya está trabajando en esa transformación. En junio avanzaba con el proyecto para adquirir energía de una planta solar de 140 MW en Loma Plata, con apoyo técnico del Banco Mundial, mientras que en julio la empresa informó sobre estudios de factibilidad para una futura interconexión eléctrica con Bolivia. Estos proyectos muestran que el sistema paraguayo ya está entrando en una etapa en la que deberá incorporar nuevas fuentes y nuevas conexiones regionales.

También existe una reforma legal reciente que permite una mayor participación privada. La Ley 7599/2025, reglamentada en mayo de 2026, establece condiciones para desarrollar generación a partir de fuentes renovables no convencionales como solar, eólica, biomasa, biogás y geotermia. La propia ANDE señala que el nuevo marco permite autogeneración, cogeneración y generación distribuida, aunque la estatal mantiene un papel central en la integración de esas fuentes al sistema nacional.

Por eso, la verdadera discusión no es solamente si Paraguay necesita un Ministerio de Energía. El país efectivamente necesita una política energética de largo plazo capaz de coordinar electricidad, hidrocarburos, minería, nuevas tecnologías y nuevas inversiones. El problema político y técnico está en definir qué competencias debe conservar la ANDE, cuáles deben pasar a un regulador independiente y cuáles deben quedar bajo la conducción del nuevo ministerio.

Sitrande sostiene que la ANDE ya dispone de planes técnicos para enfrentar el crecimiento de la demanda, pero cuestiona que los gobiernos hayan utilizado recursos de la empresa para otras necesidades estatales en lugar de destinarlos a infraestructura eléctrica. El gremio afirma que la institución tiene planificación de largo plazo, pero necesita recursos para ejecutarla.

En el otro extremo, sectores empresariales sostienen que el actual modelo institucional genera obstáculos para nuevas inversiones. Durante la presentación del proyecto, representantes empresariales señalaron que la falta de un ministerio especializado y de un ente regulador constituye un cuello de botella para establecer reglas previsibles, particularmente en materia tarifaria.

La cuestión adquiere todavía mayor relevancia por las inversiones que Paraguay intenta atraer. En las últimas semanas se intensificó la discusión sobre grandes consumidores de electricidad y proyectos vinculados con centros de datos, además de iniciativas de generación renovable. En paralelo, Sitrande cuestionó públicamente negociaciones relacionadas con el precio de la energía ofrecido a determinados proyectos privados.

El Gobierno también ha planteado la reforma dentro de una estrategia más amplia de transformación del sector energético. La Presidencia sostiene que el nuevo modelo busca adaptar la institucionalidad a las condiciones futuras del país y establecer reglas que acompañen la planificación de largo plazo. Los proyectos fueron colocados inicialmente a disposición pública precisamente para recibir observaciones antes de su eventual envío al Congreso.

El retiro del proyecto del orden del día no significa que la iniciativa haya sido abandonada. La discusión simplemente cambió de escenario: de una eventual votación inmediata pasó a una etapa de negociación política y técnica. Según el acuerdo alcanzado con Sitrande, se prevén mesas de trabajo con especialistas y exautoridades del sector para revisar el contenido de la propuesta.

El desafío será evitar que una reforma de semejante importancia quede atrapada entre intereses corporativos, urgencias políticas o presiones empresariales. Paraguay está entrando en una etapa en la que la energía dejará de ser solamente un recurso abundante para convertirse en uno de los principales factores de competitividad económica, industrial y tecnológica del país.

La discusión sobre la ANDE, por lo tanto, tendrá consecuencias mucho más amplias que las relaciones entre el Gobierno y el sindicato. De la estructura que finalmente adopte Paraguay dependerá quién define las reglas para las nuevas inversiones, cómo se fijan las tarifas, quién controla a los operadores privados, cómo se financia la expansión de las redes y qué papel conservará la empresa estatal.

El proyecto de Ministerio de Energía puso sobre la mesa una pregunta que Paraguay ya no puede postergar: cómo administrar su enorme ventaja energética antes de que la demanda transforme la abundancia actual en una restricción. La respuesta necesitará más que una nueva institución; necesitará reglas claras, planificación, inversión y una definición precisa de las atribuciones de cada organismo.