El juicio oral al exsenador Hernán David Rivas Román avanza este martes hacia una de las jornadas más relevantes desde su inicio, con la declaración de testigos vinculados directamente con el proceso mediante el cual su título de abogado fue registrado ante el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Entre quienes deben comparecer se encuentra el exministro Eduardo Petta, además de Rodrigo Ramírez, funcionario que trabajó con el fallecido abogado José Casañas Levi, cuyo informe cuestionó la validez del título atribuido a Rivas. El tribunal deberá escuchar ahora a personas que tuvieron participación o conocimiento directo de los procedimientos administrativos que rodearon el controvertido documento.

La jornada adquiere especial importancia porque Petta era ministro de Educación cuando el caso llegó al MEC. En declaraciones anteriores, el exministro negó haber firmado algún documento que certificara a Rivas como abogado y sostuvo que, tras recibir el informe elaborado por Casañas Levi, ordenó una auditoría. Petta también había afirmado que nunca obstaculizó una investigación relacionada con el título. Su declaración ante el Tribunal de Sentencia puede permitir precisar qué información recibió, qué decisiones adoptó y qué ocurrió dentro del MEC después de que surgieran las primeras objeciones.

Casañas Levi, entonces responsable de Transparencia y Anticorrupción del MEC, había elaborado un informe en el que cuestionaba el registro del título de Rivas. Según los antecedentes expuestos durante el proceso, el documento recomendaba dejar sin efecto la resolución que había permitido registrar el título, después de advertir inconsistencias relacionadas con la supuesta formación universitaria del exsenador. Casañas Levi falleció en noviembre de 2024, por lo que su participación en el juicio queda reconstruida mediante documentos y testimonios de personas que trabajaron con él.

La investigación judicial sostiene que Rivas está acusado de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso. El núcleo del proceso consiste en determinar si efectivamente cursó la carrera de Derecho que figura en los documentos utilizados para obtener el título y posteriormente registrar su matrícula profesional. La Fiscalía sostiene una tesis diferente a la defensa, por lo que corresponde al tribunal valorar las pruebas producidas durante el juicio antes de establecer cualquier responsabilidad penal.

Uno de los elementos que ha generado mayor controversia durante las audiencias es la falta de testimonios de personas que puedan confirmar que Rivas fue efectivamente alumno de la carrera. En jornadas anteriores declararon exfuncionarios de la Universidad Sudamericana, entre ellos el exvicerrector Hermann Weisensee, la exsecretaria general Nancy Barúa y la exdirectora académica Dora Cabañas. ABC Color informó que ninguno de los testigos que habían declarado hasta ese momento reconoció a Rivas como estudiante de Derecho.

Sin embargo, la versión presentada por funcionarios de la universidad no coincide completamente con la interpretación de la Fiscalía. La Nación informó que durante la audiencia del 19 de agosto algunos exfuncionarios de la Universidad Sudamericana ratificaron ante el tribunal la existencia de registros académicos atribuidos a Rivas y sostuvieron que se habían cumplido formalmente los requisitos para la expedición del título. También declaró un funcionario del MEC. Estas posiciones contrapuestas convierten la valoración de documentos y testimonios en uno de los puntos centrales del juicio.

La discusión sobre los registros universitarios se vuelve particularmente compleja porque durante la investigación también surgió el argumento de que determinados documentos académicos ya no estaban disponibles debido al vencimiento de los plazos legales de conservación. Según lo expuesto por el periodista Santiago González durante su declaración, la Universidad Sudamericana había informado que planillas de calificaciones, certificados de estudios y registros de docentes ya no existían por haber transcurrido cinco años.

El caso tomó fuerza pública después de que investigaciones periodísticas comenzaran a cuestionar la trayectoria académica de Rivas. Durante el juicio, el periodista Santiago González recordó una entrevista realizada al entonces senador en diciembre de 2023, cuando le preguntó por sus profesores, su materia favorita y compañeros de la carrera. Según su testimonio, Rivas no respondió concretamente ninguna de esas preguntas y manifestó que respondería posteriormente.

Otro testimonio periodístico incorporado al juicio apuntó a la dificultad de ubicar al acusado en los lugares donde supuestamente habría cursado sus estudios. Orlando Bareiro relató que, durante una investigación, visitó María Auxiliadora, en Itapúa, donde residentes le señalaron que Rivas vivía allí. El periodista también dijo que no encontró documentación que acreditara que el entonces político hubiera residido en Ciudad del Este o Pedro Juan Caballero, lugares relacionados con la trayectoria universitaria atribuida al acusado.

La Fiscalía, por su parte, sostiene que el documento utilizado para obtener el título contenía una afirmación falsa respecto de que Rivas había cursado la carrera de Derecho. Un dictamen presentado anteriormente ante el juez de Garantías señaló que el título, expedido el 6 de marzo de 2020, contendría la declaración de que Rivas había completado la carrera, mientras que otro certificado habría consignado que fue evaluado en diferentes materias.

La cuestión no termina en la obtención del diploma. El título permitió que Rivas accediera a la matrícula profesional de abogado, y posteriormente el dirigente colorado llegó a ocupar espacios institucionales de enorme relevancia. Fue representante de la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y posteriormente llegó a representar al Senado, además de haber ejercido la presidencia del organismo.

Precisamente por eso el caso adquirió una dimensión institucional que supera la discusión sobre un documento universitario. La eventual utilización de un título irregular para acceder a la profesión de abogado y posteriormente ocupar un cargo dentro del organismo encargado de juzgar a magistrados plantea interrogantes sobre los controles que permitieron que esa trayectoria avanzara. Esas circunstancias forman parte del contexto del proceso, aunque la responsabilidad penal deberá determinarse exclusivamente a partir de las pruebas sometidas al tribunal.

También permanece bajo discusión el papel que desempeñaron las instituciones que intervinieron en el registro. El informe de Casañas Levi había advertido sobre el procedimiento, pero posteriormente surgieron cuestionamientos acerca de la rapidez con la que el título fue registrado y sobre las decisiones adoptadas dentro del MEC. El propio Petta ha sostenido que ordenó una auditoría al conocer el informe y que no impidió las verificaciones.

La declaración de Petta puede aportar precisamente sobre ese tramo de la historia: qué ocurrió entre la llegada del título al MEC, su registro y la aparición de las objeciones internas. También puede ayudar a establecer qué funcionarios tuvieron intervención en el procedimiento y qué medidas fueron tomadas cuando surgieron cuestionamientos sobre la documentación.

El juicio ya ha incorporado testimonios de periodistas, funcionarios universitarios, funcionarios del MEC y dirigentes políticos. En una audiencia anterior, el senador Pedro “Pipo” Díaz Verón confirmó que la bancada de Honor Colorado había respaldado la designación de Rivas como representante del Senado ante el JEM en 2023. Dijo no recordar quién propuso específicamente su nombre, pero confirmó que la decisión contó con el respaldo del oficialismo.

Esa declaración permitió incorporar al juicio otra dimensión del caso: la utilización de la condición de abogado como elemento de la trayectoria política de Rivas. El acusado no solamente registró un título y obtuvo una matrícula; posteriormente esa condición profesional estuvo vinculada con su participación en un organismo de alta relevancia dentro del sistema de justicia paraguayo.

La audiencia de este martes, por lo tanto, puede convertirse en una pieza clave para reconstruir el recorrido administrativo del título. La atención estará puesta no solamente en lo que diga Petta, sino también en los documentos y explicaciones que aporten los funcionarios vinculados con el informe de Casañas Levi y con el proceso de registro.

El juicio todavía no establece una sentencia sobre la responsabilidad de Hernán Rivas. Lo que se está produciendo es la confrontación de versiones, documentos y testimonios para determinar si los hechos atribuidos por la Fiscalía pueden ser demostrados más allá de las sospechas que dieron origen al proceso.

Pero la causa ya dejó expuesta una pregunta institucional de fondo: ¿cómo pudo avanzar el registro de un título que posteriormente fue cuestionado por funcionarios del propio MEC y por investigaciones judiciales y periodísticas? La respuesta dependerá de lo que logren demostrar las pruebas y de las conclusiones que finalmente adopte el Tribunal de Sentencia.

Con la declaración de Eduardo Petta y de otros protagonistas del proceso administrativo, el juicio entra ahora en una fase particularmente sensible. El tribunal deberá reconstruir qué ocurrió dentro de la universidad, qué información recibió el Ministerio de Educación, cómo se registró el título y quiénes intervinieron en cada etapa.

La resolución final no solamente definirá la situación penal de Hernán Rivas. También podría dejar establecidos criterios importantes sobre los controles de autenticidad de los títulos universitarios, la responsabilidad de las instituciones que los registran y las consecuencias que puede tener la utilización de documentación académica cuestionada para acceder a cargos públicos y profesionales.