Paraguay: el Gobierno busca frenar el sobreendeudamiento de las familias con educación financiera

El Gobierno paraguayo presentó este miércoles la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2026-2031, con un cambio de enfoque: después de ampliar el acceso de la población a cuentas bancarias y billeteras electrónicas, ahora busca que las familias utilicen el sistema financiero de manera más responsable y eviten caer en un endeudamiento excesivo. La iniciativa reconoce que una mayor bancarización no necesariamente se tradujo en una mejor situación económica para los hogares y plantea fortalecer la educación financiera, el ahorro y la protección de los consumidores.

El avance de la inclusión financiera en Paraguay fue significativo durante los últimos años. El acceso a cuentas bancarias y billeteras electrónicas pasó del 20% de los adultos en 2012 a casi el 62% actualmente, según los datos presentados por el Gobierno. Sin embargo, el crecimiento del acceso a estas herramientas también estuvo acompañado por un mayor uso del crédito de consumo y por dificultades para administrar adecuadamente las obligaciones financieras.

El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, explicó que la primera etapa de la estrategia, iniciada en 2014, estuvo concentrada principalmente en incorporar a más personas al sistema financiero. La nueva etapa pretende ir más allá de la bancarización y enseñar a utilizar correctamente los productos disponibles, desde cuentas y tarjetas hasta créditos y otros mecanismos de financiación.

Uno de los principales problemas detectados es el incremento del uso de tarjetas y otros instrumentos para financiar gastos de consumo. Para el Gobierno, el crédito puede ser una herramienta positiva cuando responde a una necesidad concreta y existe capacidad de pago, pero puede convertirse en un problema cuando se utiliza sin una planificación adecuada.

Lovera advirtió además que existen casos de personas que adquirieron productos mediante mecanismos de financiación y posteriormente terminaron enfrentando obligaciones que afectan su economía cotidiana. La estrategia busca fortalecer también la defensa del consumidor, de manera que los usuarios conozcan mejor las condiciones de los productos financieros que contratan.

El problema no se limita a las familias. Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) también enfrentan dificultades para acceder a instrumentos de crédito diseñados específicamente para sus actividades. En algunos casos, emprendedores terminan utilizando préstamos destinados al consumo para financiar sus negocios, una alternativa que puede resultar costosa y poco sostenible.

La nueva estrategia plantea trabajar con el sector financiero para adaptar la oferta crediticia a las necesidades de cada grupo. La intención es que una familia, un adulto mayor o un pequeño empresario no tenga que recurrir necesariamente al mismo tipo de financiamiento, sino que pueda acceder a productos adecuados a su situación y capacidad de pago.

La ENIF 2026–2031 tendrá tres grupos prioritarios: familias vulnerables, adultos mayores y mipymes. El Gobierno pretende desarrollar mesas de trabajo con entidades privadas para mejorar los procesos de acceso al crédito y utilizar mecanismos de análisis de riesgo que permitan ofrecer financiación de acuerdo con las características de cada solicitante.

Otro de los grandes objetivos es aumentar el ahorro. Aunque una proporción cada vez mayor de la población dispone de una cuenta bancaria o una billetera electrónica, muchos usuarios las utilizan principalmente para realizar operaciones y no como una herramienta para construir un respaldo económico.

Esta situación deja a numerosos hogares con poca capacidad para enfrentar imprevistos. Una enfermedad, una reparación urgente, la pérdida temporal de ingresos o cualquier otro gasto extraordinario puede obligar a recurrir nuevamente al crédito cuando no existen ahorros disponibles.

Por eso, el Gobierno pretende que la educación financiera comience con la planificación del presupuesto familiar. La idea es que antes de solicitar un crédito se determine cuál es la necesidad que se pretende cubrir, cuánto dinero puede destinarse al pago de una cuota y qué margen queda disponible para afrontar otros gastos.

La propuesta parte de una premisa sencilla: tener acceso al crédito no significa necesariamente tener capacidad para endeudarse. Una persona puede conseguir un préstamo y, al mismo tiempo, estar asumiendo una obligación que supera las posibilidades reales de su presupuesto.

El Gobierno también busca que las personas conozcan mejor el costo total de las operaciones financieras. La tasa de interés, el plazo, las comisiones y las condiciones de refinanciación pueden modificar considerablemente el monto final que termina pagando un usuario.

En el caso de las tarjetas de crédito, una utilización permanente del límite disponible puede generar una acumulación de cuotas que reduce progresivamente el ingreso mensual. Cuando el crédito comienza a utilizarse para cubrir gastos habituales en lugar de necesidades puntuales, aumenta el riesgo de entrar en un ciclo de endeudamiento.

La estrategia oficial intenta precisamente prevenir ese escenario antes de que la persona llegue a una situación de morosidad.

El desafío será trasladar estas recomendaciones a la vida cotidiana. La educación financiera no consiste únicamente en explicar qué es una tasa de interés o cómo funciona una tarjeta. También implica enseñar a elaborar presupuestos, diferenciar necesidades de gastos prescindibles, establecer objetivos de ahorro y evaluar si una deuda realmente puede ser asumida.

Para las familias de menores ingresos, esta tarea resulta especialmente compleja porque una parte importante del presupuesto ya está comprometida con alimentos, vivienda, transporte, educación y servicios básicos.

En esos casos, la educación financiera debe estar acompañada por productos financieros adecuados y mecanismos de protección al consumidor, porque no todo problema de endeudamiento puede resolverse simplemente pidiendo a las personas que administren mejor su dinero.

La nueva ENIF reconoce parcialmente esa realidad al plantear una adecuación de la oferta crediticia. El objetivo es que las instituciones financieras también asuman un papel en la prevención del sobreendeudamiento.

La presentación de la estrategia contó con la participación del presidente Santiago Peña, del presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo Spalding, del titular del Instituto Nacional de Cooperativismo, Carlos Romero Roa, y del ministro Óscar Lovera.

Paraguay entra así en una segunda etapa de inclusión financiera. El desafío ya no consiste únicamente en conseguir que más personas tengan una cuenta bancaria, una tarjeta o una billetera electrónica, sino en lograr que esas herramientas contribuyan realmente a mejorar su situación económica.

Si la bancarización permite acceder al crédito, pero no aumenta la capacidad de ahorro y termina elevando el endeudamiento, la inclusión financiera queda incompleta.

La nueva estrategia apunta justamente a modificar esa relación. El Gobierno quiere pasar de una población simplemente bancarizada a usuarios capaces de tomar decisiones financieras informadas, conocer los riesgos de cada producto y utilizar el crédito como una herramienta para alcanzar objetivos concretos y no como una extensión permanente del ingreso familiar.

El resultado dependerá de la implementación de las medidas durante los próximos años y de la capacidad del Estado, los bancos, las cooperativas y las empresas financieras para trabajar conjuntamente.

La ENIF 2026–2031 plantea, en definitiva, que el siguiente desafío financiero de Paraguay no es abrir más cuentas, sino conseguir que las familias puedan utilizarlas sin quedar atrapadas en deudas que comprometan su futuro. La educación financiera, el fomento del ahorro, una oferta crediticia más adecuada y una mayor protección del consumidor serán los pilares de esta nueva etapa.