Paraguay: la Conferencia Episcopal exige esclarecer la muerte de un docente y un líder indígena en Canindeyú

La Conferencia Episcopal Paraguaya volvió a exigir una investigación exhaustiva sobre la muerte del líder indígena Antonio Carrillo y del docente Catalino Correa, abatidos el viernes pasado durante un operativo de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) en una comunidad indígena de Corpus Christi, Canindeyú. La Iglesia cuestionó la posibilidad de que la violencia contra las comunidades originarias termine siendo naturalizada y reclamó que el Ministerio Público determine con precisión qué ocurrió.

El episodio ocurrió en la comunidad indígena Tekoha Y’apo, perteneciente al pueblo Avá Guaraní. Según la versión oficial difundida por el Ministerio del Interior, se produjo un enfrentamiento durante el operativo y los fallecidos habrían tenido presuntos vínculos con la organización criminal liderada por Felipe Acosta, alias “Macho”.

Esa versión es rechazada por integrantes de la comunidad. Los pobladores sostienen que no existió un enfrentamiento, sino un ataque contra Carrillo y Correa, y relacionan las muertes con una disputa por tierras que mantienen con propietarios de una estancia ubicada en la zona. Por el momento, ambas versiones forman parte de una investigación que deberá determinar qué ocurrió realmente.

La controversia adquirió una dimensión mayor debido a que Carrillo era un dirigente reconocido dentro de su comunidad. De acuerdo con la Conferencia Episcopal, el líder indígena había manifestado días antes ante el Ministerio del Interior su preocupación por lo que consideraba intentos de despojar a los pueblos originarios de sus tierras ancestrales.

La Iglesia considera que este antecedente debe ser incorporado al análisis de lo ocurrido. El cardenal Adalberto Martínez, arzobispo metropolitano de Asunción, reclamó que las circunstancias de las muertes sean investigadas con respeto a la dignidad, la vida y los derechos de los pueblos indígenas.

La Conferencia Episcopal también advirtió sobre un problema que considera más profundo: la posibilidad de que la violencia, el despojo y la vulneración de derechos contra comunidades indígenas terminen siendo vistos como hechos habituales. Su pronunciamiento busca colocar el caso dentro de una discusión más amplia sobre la protección de las comunidades originarias y sus territorios.

El reclamo de la Iglesia no es el único. Durante los últimos días también solicitaron el esclarecimiento del episodio el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, la Unión Nacional de Educadores-Sindicato Nacional y la OTEP Auténtica-Sindicato Nacional, entre otras organizaciones.

La investigación judicial ya comenzó a tomar forma. El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, dispuso la conformación de un equipo fiscal para investigar las circunstancias de las muertes ocurridas en Corpus Christi. La tarea será determinar la secuencia del operativo, establecer cómo se produjo el tiroteo y verificar las distintas versiones surgidas después del hecho.

Uno de los puntos que deberá esclarecerse es si Carrillo y Correa estaban efectivamente vinculados con una organización criminal, como sostuvieron fuentes oficiales, o si se encontraban en la comunidad en otras circunstancias. Esa cuestión no puede establecerse únicamente a partir de las versiones enfrentadas y deberá ser respaldada por pruebas incorporadas a la investigación.

También será fundamental determinar cómo comenzaron los disparos, quiénes participaron del enfrentamiento y en qué circunstancias murieron las dos víctimas. Las pericias sobre el vehículo en el que se desplazaban, los impactos de bala, las armas utilizadas y otros elementos encontrados en el lugar pueden aportar información decisiva.

La existencia de impactos de bala en la camioneta en la que viajaban Carrillo y Correa forma parte de los elementos que deberán ser analizados por los investigadores. La reconstrucción balística puede ayudar a establecer la dirección de los disparos y la posición aproximada de quienes participaron del operativo.

La investigación también deberá considerar los testimonios de los integrantes de la comunidad. Sus relatos pueden aportar información sobre lo ocurrido antes, durante y después del operativo, aunque deberán ser contrastados con las pruebas materiales y con los registros oficiales de la intervención.

El caso tiene además una dimensión territorial. La disputa por las tierras ancestrales aparece como uno de los elementos señalados por la comunidad para explicar el contexto de las muertes, mientras las autoridades sostienen una hipótesis relacionada con la lucha contra organizaciones vinculadas al narcotráfico. Son dos explicaciones sustancialmente diferentes y será la investigación la que deberá establecer si existe alguna relación entre ellas.

Para las comunidades indígenas, la cuestión territorial no representa solamente un conflicto económico. El territorio está vinculado con la identidad, la organización comunitaria, la cultura y la supervivencia de los pueblos originarios. Por eso, cualquier denuncia de despojo adquiere una dimensión especialmente sensible.

La Conferencia Episcopal sostiene que el Estado debe garantizar que los conflictos territoriales sean resueltos dentro del marco legal y con respeto a los derechos de las comunidades. La exigencia de esclarecer las muertes apunta precisamente a evitar que una disputa territorial pueda terminar derivando en hechos de violencia sin una respuesta judicial adecuada.

La participación de organismos estatales de seguridad en el operativo también hace necesario determinar con precisión las reglas bajo las cuales se produjo la intervención. Si existió un enfrentamiento, deberán establecerse sus circunstancias; si las pruebas contradicen esa versión, las autoridades deberán responder por ello.

El caso se encuentra todavía en una etapa inicial y no existe una conclusión judicial definitiva sobre la forma en que murieron Carrillo y Correa. Por eso, resulta necesario diferenciar las denuncias realizadas por la comunidad, la versión oficial y los hechos que puedan ser demostrados mediante la investigación.

La intervención de la Fiscalía será clave para evitar que el conflicto quede reducido a dos relatos enfrentados. La investigación deberá reunir pruebas independientes que permitan establecer responsabilidades y determinar si hubo un uso legítimo de la fuerza durante el operativo.

Para la Iglesia Católica paraguaya, además, el caso representa una oportunidad para volver a colocar en el debate público la situación de las comunidades indígenas. La Conferencia Episcopal tiene presencia pastoral en distintas comunidades del país y sostiene que conoce de cerca las dificultades relacionadas con la defensa de los territorios y los derechos de los pueblos originarios.

La muerte de un dirigente indígena y de un docente en medio de un operativo antidrogas ha abierto interrogantes que todavía no tienen respuesta definitiva. La versión oficial habla de un enfrentamiento y de posibles vínculos con una organización criminal; la comunidad sostiene que se trató de un ataque relacionado con una disputa territorial. Mientras la Fiscalía avanza con una investigación específica, la Conferencia Episcopal reclama que se esclarezcan los hechos y que se respeten plenamente los derechos de las comunidades indígenas.

El caso tendrá especial relevancia en los próximos días porque el resultado de las pericias y los testimonios podría determinar si la versión oficial se sostiene o si aparecen elementos que obliguen a reconstruir de otra manera lo sucedido en Tekoha Y’apo. Para la comunidad y para las organizaciones que reclaman justicia, la prioridad es que las muertes de Antonio Carrillo y Catalino Correa no queden sin una explicación judicial clara.