Paraguay: más de 110.000 denuncias por hechos que afectan a niños y adolescentes en seis años y medio

Más de 110.000 causas relacionadas con hechos punibles contra niños y adolescentes fueron registradas en Paraguay entre enero de 2020 y julio de 2026, según un informe divulgado este domingo por el Ministerio Público con motivo del Día del Niño. La cifra incluye situaciones que van desde el incumplimiento del deber alimentario hasta abusos sexuales, maltrato, pornografía relacionada con menores y violaciones del deber de cuidado, y expone la magnitud de los problemas que afectan a la infancia en el país.

De acuerdo con los datos de la Fiscalía, en ese período se contabilizaron exactamente 110.886 causas vinculadas con hechos que tienen como víctimas o afectados a menores de edad. El registro abarca seis años y medio y muestra que la problemática no se limita a un único tipo de delito, sino que comprende distintas formas de vulneración de derechos.

El mayor número corresponde al incumplimiento del deber alimentario, con 48.832 causas. Se trata de situaciones en las que quienes tienen la obligación legal de contribuir al sostenimiento de sus hijos no cumplen con esa responsabilidad, dejando a los menores expuestos a dificultades económicas y afectando directamente sus condiciones de vida.

El segundo lugar corresponde a uno de los delitos que genera mayor preocupación: el abuso sexual contra niños, con 21.839 causas registradas durante el período analizado. La magnitud de esta cifra convierte a la violencia sexual contra menores en uno de los principales problemas de protección de la infancia identificados por el Ministerio Público.

Después aparecen las denuncias por violación del deber de cuidado, con 13.564 causas. Este tipo de situaciones comprende incumplimientos relacionados con la obligación de proteger, cuidar y garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de niños y adolescentes.

La pornografía relativa a niños o adolescentes ocupa otro lugar preocupante dentro de las estadísticas, con 13.379 causas. El dato adquiere una dimensión adicional debido al crecimiento del uso de internet, las redes sociales y los dispositivos conectados, que pueden ser utilizados para contactar, manipular o explotar a menores.

También se registraron 9.983 causas de maltrato. Esta categoría refleja situaciones de violencia que pueden producir consecuencias físicas, psicológicas y sociales y que, en muchos casos, se desarrollan dentro de entornos donde los menores deberían encontrar protección.

El año con mayor cantidad de denuncias fue 2024, con 18.942 causas. La cifra muestra que la problemática alcanzó un nivel particularmente elevado durante ese año y se mantiene posteriormente en magnitudes importantes.

Durante 2026, entre enero y julio, ya se contabilizaron 11.124 denuncias relacionadas con hechos que afectan a menores. El número corresponde solamente a los primeros siete meses del año y todavía no incluye los registros correspondientes al segundo semestre.

La Fiscalía también puso especial atención en el entorno digital. El Ministerio Público señaló que es necesario reforzar la protección de niños y adolescentes frente a los riesgos vinculados con internet, particularmente por los casos relacionados con pornografía y abuso mediante medios tecnológicos.

La expansión de los dispositivos móviles cambió además la forma en que pueden producirse determinadas agresiones. Un menor puede estar expuesto a contactos de personas desconocidas, intercambio de imágenes, manipulación emocional o situaciones de explotación sin que el hecho ocurra físicamente dentro de su entorno familiar o escolar.

Esto plantea nuevos desafíos para las familias, las instituciones educativas y los organismos encargados de investigar los delitos. La protección de la infancia ya no depende únicamente de controlar los espacios físicos en los que se encuentran los menores, sino también de comprender y prevenir los riesgos del entorno digital.

Las cifras difundidas por la Fiscalía tampoco significan que todas las denuncias hayan terminado en condenas. Una causa registrada representa una investigación iniciada a partir de una denuncia o de la detección de un posible hecho punible y debe atravesar posteriormente las distintas etapas del proceso judicial.

Sin embargo, el volumen de denuncias constituye un indicador relevante para medir la dimensión del problema. Más de cien mil causas en seis años y medio muestran una presión considerable sobre las instituciones encargadas de recibir denuncias, investigar los hechos y brindar protección a las víctimas.

El problema también tiene una dimensión social. Cuando un niño es víctima de violencia, abuso o abandono, las consecuencias pueden extenderse más allá del hecho inicial y afectar su desarrollo, su educación, sus relaciones familiares y su bienestar durante años.

Por eso, la prevención ocupa un lugar central. La detección temprana de señales de violencia, el acompañamiento de las familias y la actuación rápida de las instituciones pueden ser determinantes para evitar que una situación de vulnerabilidad se prolongue.

El informe divulgado en el Día del Niño transforma una fecha tradicionalmente asociada a celebraciones en una oportunidad para observar una realidad mucho más preocupante: decenas de miles de niños y adolescentes aparecen vinculados cada año a investigaciones por hechos que vulneran sus derechos.

El desafío para Paraguay no consiste solamente en aumentar la cantidad de denuncias, sino en garantizar que cada caso reciba una investigación adecuada, que los menores sean protegidos durante el proceso y que quienes resulten responsables respondan ante la Justicia.

Las 110.886 causas registradas entre 2020 y julio de 2026 constituyen una señal de alerta sobre la situación de la infancia en Paraguay. El incumplimiento de las obligaciones alimentarias representa el mayor volumen, pero los 21.839 casos de abuso sexual infantil, junto con las denuncias por maltrato y explotación sexual mediante medios digitales, muestran que la protección de niños y adolescentes requiere una respuesta permanente de las familias, las instituciones educativas, el sistema de protección y la Justicia.