El caso de Hernán David Rivas expone una cadena de decisiones políticas que permitió al exsenador colorado llegar al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), e incluso presidirlo, pese a que desde el comienzo existían cuestionamientos sobre su condición de abogado. La documentación y los antecedentes del caso muestran que Rivas fue elegido en tres oportunidades por legisladores de distintas bancadas, mientras figuras centrales del cartismo como Pedro Alliana, Raúl Latorre y Basilio “Bachi” Núñez tuvieron participación directa o votaron a favor de su permanencia en el órgano encargado de juzgar a magistrados y fiscales. El episodio adquiere una dimensión mayor porque Rivas actualmente enfrenta un juicio oral por la presunta utilización de un título falso de abogado.
La primera designación ocurrió el 3 de junio de 2020, cuando Rivas era diputado por Itapúa. La Cámara de Diputados lo eligió para integrar el JEM en reemplazo de Ramón Romero Roa. La moción fue presentada por el entonces diputado colorado Hugo Ramírez y obtuvo 43 votos a favor frente a 24 en contra. Entre quienes respaldaron aquella designación estaban Pedro Alliana, Raúl Latorre y Basilio Núñez.
El punto más cuestionado es que, según los antecedentes recopilados posteriormente, Rivas no contaba en ese momento con el título de abogado que exige la Constitución para integrar el JEM. El artículo 253 establece que los dos senadores y dos diputados que forman parte del organismo deben ser abogados.
La situación resulta todavía más significativa porque, de acuerdo con los registros oficiales citados en la investigación, el trámite de su título universitario apareció después de su designación. El Ministerio de Educación registró el documento proveniente de la Universidad Sudamericana en junio de 2020 y la documentación fue aprobada rápidamente. Posteriormente, Rivas obtuvo su matrícula profesional ante la Corte Suprema.
La segunda elección se produjo en junio de 2021, cuando las dudas sobre su formación académica ya habían adquirido mayor visibilidad. Sin embargo, Rivas volvió a obtener respaldo suficiente para continuar en el JEM. Esta vez, según la investigación de ABC Color, la candidatura fue impulsada por Raúl Latorre, actual presidente de la Cámara de Diputados. El número de votos incluso aumentó: pasó de 43 a 59 votos.
Entre los respaldos de aquella elección hubo dirigentes colorados de diferentes sectores y también legisladores opositores. Esto demuestra que el sostenimiento político de Rivas no fue exclusivamente producto de una sola votación del cartismo, aunque el núcleo de Honor Colorado tuvo un papel central en su llegada y permanencia en el organismo.
La tercera etapa ocurrió posteriormente en el Senado. Para entonces, Rivas ya había dejado la Cámara de Diputados y pasó a ocupar una banca en la Cámara Alta. La elección volvió a contar con un importante respaldo del cartismo y se produjo bajo la presidencia del Senado de Basilio “Bachi” Núñez.
Rivas obtuvo 26 votos en el Senado. La mayoría fueron colorados, aunque también recibió apoyo de legisladores pertenecientes al denominado bloque libero-cartista. Entre ellos aparecen Dionisio Amarilla, Noelia Cabrera Petters, Édgar López, Hermelinda Alvarenga y Sergio Rojas.
El caso adquiere una dimensión institucional todavía más delicada porque Rivas no solamente integró el JEM: llegó a presidirlo. Es decir, pasó a ocupar la máxima responsabilidad dentro del organismo encargado de juzgar a jueces y fiscales mientras ya existían cuestionamientos sobre la autenticidad y procedencia de su título profesional.
La investigación periodística también señala al actual vicepresidente Pedro Alliana. En 2020, cuando era presidente de la Cámara de Diputados, fue quien tomó juramento a Rivas como integrante del JEM. Además, según los registros citados, Alliana votó posteriormente para sostenerlo en el organismo.
El papel de Raúl Latorre aparece especialmente vinculado con la segunda elección de Rivas. Latorre fue quien lo propuso para continuar como representante de Diputados ante el JEM en 2021, cuando las dudas sobre su formación profesional ya estaban instaladas.
En el caso de Basilio “Bachi” Núñez, la investigación señala que estuvo entre los legisladores que respaldaron a Rivas en diferentes oportunidades y que forma parte del reducido grupo de dirigentes que votó tres veces para ubicarlo o mantenerlo en el JEM.
También aparece el nombre del presidente Santiago Peña. La investigación sostiene que Peña defendió políticamente a Rivas durante años y que incluso mantuvo contacto con él cuando las acusaciones ya habían adquirido una dimensión judicial. Según ABC Color, Peña llegó a recibirlo en Mburuvicha Róga y sostuvo públicamente su respaldo.
El problema dejó de ser exclusivamente político cuando el Ministerio Público comenzó a investigar formalmente la documentación académica de Rivas. La Fiscalía sostiene que el exlegislador habría utilizado documentos públicos de contenido falso para acreditar su condición de abogado.
En abril de 2026, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la apertura de una causa penal por la denuncia presentada contra Rivas por la presunta producción mediata de documentos públicos de contenido falso. La investigación quedó a cargo de las fiscales Patricia Sánchez y Luz Guerrero.
Posteriormente, la causa avanzó hasta el juicio oral. Rivas enfrenta acusaciones por producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso. La Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para llevar el caso ante un tribunal.
La Justicia ya había atravesado diferentes etapas contradictorias en este expediente. En un momento, un tribunal de apelación había dispuesto el sobreseimiento definitivo de Rivas. Sin embargo, la Fiscalía recurrió ante la Sala Penal de la Corte Suprema y, en mayo de 2026, los ministros Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera, junto con el camarista Digno Arnaldo Fleitas, anularon esas resoluciones y ordenaron que la causa continuara hacia el juicio oral.
La situación actual es, por lo tanto, diferente de la que existía cuando Rivas llegó al JEM. Ya no se trata solamente de sospechas políticas o cuestionamientos periodísticos: existe un proceso penal en el que deberá determinarse judicialmente si utilizó documentación académica falsa.
La investigación sobre cómo llegó al JEM plantea, además, una pregunta institucional que excede la responsabilidad individual de Rivas: ¿cómo fue posible que un dirigente con cuestionamientos sobre su formación jurídica fuera elegido repetidamente para integrar y posteriormente presidir el organismo encargado de juzgar a jueces y fiscales?
La respuesta aparece parcialmente en las sucesivas votaciones legislativas. Rivas necesitó mayorías parlamentarias para cada una de sus designaciones y esas mayorías estuvieron integradas por diferentes sectores políticos.
En la primera elección, el respaldo fue de 43 diputados. En la segunda, llegó a 59 votos. En el Senado consiguió otros 26. Es decir, su ascenso dentro del JEM no fue producto de una única decisión aislada, sino de una sucesión de decisiones legislativas tomadas durante varios años.
El caso también pone bajo discusión el funcionamiento de los controles previos. La condición de abogado no era un requisito menor: estaba expresamente establecida por la Constitución para los legisladores que integraran el JEM.
La investigación publicada ahora vuelve sobre esas decisiones porque varias de las personas que participaron en ellas continúan ocupando posiciones de enorme relevancia dentro del Estado paraguayo.
Pedro Alliana es actualmente vicepresidente de la República. Raúl Latorre preside la Cámara de Diputados y Basilio Núñez ocupa la presidencia del Senado. Santiago Peña ejerce la Presidencia de la República.
Por eso, el caso Rivas ya no es solamente la historia de un exsenador acusado de utilizar un título presuntamente falso. También se convirtió en un caso sobre responsabilidad política, controles institucionales y las redes de respaldo que permiten a determinadas figuras ascender dentro de estructuras estatales.
La propia defensa de Rivas deberá determinar ahora su estrategia frente al juicio oral. El exlegislador niega las acusaciones y será el tribunal el encargado de establecer si existe responsabilidad penal.
Mientras tanto, los antecedentes de su paso por el JEM continuarán bajo escrutinio porque las decisiones tomadas durante aquellos años tuvieron consecuencias institucionales importantes.
El JEM tiene una función particularmente sensible dentro del sistema paraguayo. Sus decisiones pueden afectar la permanencia de magistrados y fiscales, por lo que la idoneidad y la independencia de sus integrantes son elementos esenciales para la confianza en el sistema de Justicia.
Que una persona cuestionada por su título académico haya llegado a ocupar ese espacio genera, por ello, un problema que supera la situación personal de Rivas.
La denuncia política que surge de esta investigación apunta precisamente a esa cadena de responsabilidades: quién lo propuso, quién lo votó, quién tomó juramento, quién volvió a respaldarlo y quién mantuvo su defensa cuando las sospechas ya habían llegado a la Justicia.
El caso también demuestra que la responsabilidad política no necesariamente coincide con la responsabilidad penal. Una persona puede ser políticamente cuestionada por haber apoyado una designación sin que eso signifique automáticamente que haya cometido un delito. La determinación de eventuales responsabilidades penales corresponde exclusivamente a la Justicia.
Lo que sí puede ser reconstruido documentalmente son las votaciones y las intervenciones políticas que permitieron el ascenso de Rivas. Esos antecedentes forman parte de registros legislativos y de investigaciones periodísticas y judiciales.
Ahora, con Rivas sentado ante un tribunal de juicio oral, aquellas decisiones adquieren un nuevo significado. La Justicia deberá determinar si las acusaciones sobre su título tienen fundamento, mientras la sociedad paraguaya puede volver la mirada hacia quienes hicieron posible que llegara a convertirse en “juez de jueces”.
El caso Hernán Rivas expone así una cadena política que comenzó en 2020 y terminó convirtiéndose en una crisis institucional: un legislador cuestionado por su formación jurídica fue elegido tres veces para el JEM, recibió el respaldo de figuras centrales del cartismo y llegó a presidir el organismo. Hoy enfrenta un juicio oral por la presunta utilización de un título falso de abogado. La Justicia deberá resolver su responsabilidad penal, pero el debate político es más amplio: cómo funcionaron los controles parlamentarios, por qué las advertencias no impidieron sus designaciones y qué responsabilidad corresponde a quienes lo promovieron y votaron. Las respuestas a esas preguntas determinarán si el caso queda reducido a la conducta individual de Rivas o si termina revelando un problema mucho más profundo dentro del sistema político y judicial paraguayo.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
GILSON DANTAS CARMINI
Gilson Dantas Carmini es periodista brasileño, presidente y editor en jefe de Prensa Mercosur. Especializado en integración regional, geopolítica y derechos humanos, desarrolla una destacada labor en el ámbito de la comunicación internacional.
Posee un Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional y mantiene una amplia red de relaciones profesionales, académicas y diplomáticas en América Latina y Asia.
Entre sus reconocimientos destacan el Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores de México (2021), el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Internacional México Blanco (2020) y el título de Amigo de la Niñez y la Adolescencia.
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