
Pacientes con cáncer y familiares reclaman al Gobierno de Santiago Peña soluciones concretas para las dificultades que persisten en el sistema público de atención oncológica, especialmente por la falta de medicamentos, las demoras en estudios y tratamientos y la insuficiencia de equipos especializados. La Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa) sostiene que, a tres años del inicio de la actual administración, la incertidumbre continúa afectando a personas que necesitan tratamientos que no pueden ser postergados.
Uno de los principales reclamos está relacionado con los quiebres de stock de medicamentos oncológicos. Los pacientes denuncian que los faltantes obligaron en distintas oportunidades a recurrir a protestas, colectas, rifas y acciones judiciales para conseguir medicamentos necesarios para continuar sus tratamientos. La situación genera especial preocupación porque los esquemas contra el cáncer requieren continuidad y planificación.
El Instituto Nacional del Cáncer (Incan) constituye el principal centro público de referencia para estos pacientes, pero durante los últimos años también atravesó dificultades vinculadas con el abastecimiento y con el funcionamiento de equipamientos de alta complejidad. La falta de previsibilidad en la provisión de medicamentos es señalada por las organizaciones como uno de los problemas estructurales del sistema.
Otro de los puntos críticos es la disponibilidad de tecnología para diagnóstico y tratamiento. Las asociaciones reclaman más aceleradores lineales para radioterapia, debido a que las listas de espera pueden retrasar tratamientos que necesitan ser administrados en determinados períodos.
También cuestionan la dependencia de servicios privados para estudios especializados. Entre sus principales demandas figura la incorporación de equipos públicos de PET Scan, utilizados para diagnóstico, estadificación y seguimiento de diferentes tipos de cáncer.
Las dificultades no se limitan a la falta de equipamiento. Los pacientes también reclaman una mayor cantidad de oncólogos, enfermeros, técnicos y otros profesionales especializados para responder al crecimiento de la demanda en los hospitales de referencia.
La Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares plantea además que es necesario mejorar la infraestructura hospitalaria y modernizar los servicios destinados a la atención oncológica. El objetivo es que los pacientes puedan recibir diagnóstico, tratamiento y seguimiento dentro del sistema público sin depender constantemente de derivaciones o servicios tercerizados.
La burocracia administrativa es otro de los puntos cuestionados. Las organizaciones sostienen que los procesos de licitación y contratación para medicamentos, insumos y servicios médicos pueden demorar respuestas que, en oncología, tienen consecuencias diferentes a las de otros tratamientos.
La preocupación también tiene antecedentes recientes. Un informe de derechos humanos publicado en Paraguay había documentado durante 2025 denuncias de pacientes oncológicos por falta de medicamentos, interrupciones de tratamientos y limitaciones presupuestarias. El documento señaló además que el problema alcanzaba tanto al sistema público como al Instituto de Previsión Social (IPS).
El traslado de pacientes entre instituciones también puede agravar la situación. Cuando el IPS presenta dificultades para abastecer determinados medicamentos, una parte de sus asegurados termina recurriendo al sistema público, aumentando la presión sobre hospitales como el Incan. Ese fenómeno ya había sido señalado durante 2025.
Para los pacientes, el problema central no es solamente conseguir un medicamento en un momento determinado, sino garantizar que el tratamiento pueda mantenerse de manera continua. Una interrupción puede obligar a modificar calendarios médicos y aumentar la incertidumbre de las familias.
Yinmy Romero, paciente oncológica y activista, resumió el reclamo señalando que los afectados necesitan medicamentos, estudios, equipos funcionando, profesionales suficientes e infraestructura adecuada. La organización sostiene que no se trata de solicitar privilegios, sino de garantizar un acceso oportuno a la salud pública.
Andrés Calzada, también paciente oncológico, insistió en que la enfermedad continúa avanzando mientras las instituciones buscan resolver sus problemas administrativos. Su mensaje refleja una de las principales preocupaciones de los pacientes: que las demoras del sistema terminen teniendo consecuencias sobre la evolución de las enfermedades.
Apacfa concentró sus reclamos en seis áreas: más aceleradores lineales, PET Scan públicos, fortalecimiento del personal especializado, provisión permanente de medicamentos, mejora de infraestructura y reducción de las demoras administrativas.
La presidenta de la asociación, Juana Moreno, reclama que la política sanitaria se traduzca en presupuesto suficiente, tecnología operativa, medicamentos disponibles y procesos de compra más ágiles. Para las organizaciones, el desafío no pasa solamente por anunciar inversiones, sino por conseguir que los recursos lleguen efectivamente a los hospitales y pacientes.
El reclamo aparece cuando el Gobierno de Santiago Peña cumple tres años de gestión y realiza un balance de sus políticas públicas. Para las organizaciones de pacientes, la oncología continúa siendo uno de los sectores donde la distancia entre los anuncios oficiales y las necesidades cotidianas sigue siendo especialmente visible.
El desafío es particularmente complejo porque la atención del cáncer requiere una combinación de factores: diagnóstico temprano, medicamentos, estudios de alta complejidad, radioterapia, cirugía, profesionales especializados y seguimiento posterior. Si uno de esos componentes falla, el paciente puede terminar buscando alternativas fuera del sistema público.
La discusión también plantea una cuestión presupuestaria. Las asociaciones sostienen que garantizar la continuidad de los tratamientos requiere una planificación que permita anticipar las necesidades de medicamentos e insumos, en lugar de responder solamente cuando se produce un faltante.
Los pacientes ahora reclaman respuestas y plazos concretos al Gobierno paraguayo. Su posición es que la crisis no puede continuar resolviéndose mediante protestas, colectas o recursos judiciales individuales, sino mediante un sistema capaz de garantizar de manera permanente los medicamentos, diagnósticos y tratamientos necesarios.
El reclamo pone nuevamente a la salud oncológica en el centro de la agenda paraguaya. Mientras el Gobierno enfrenta el desafío de mejorar la gestión y asegurar recursos para el sector, los pacientes advierten que cada demora representa una espera que, en muchos casos, puede tener consecuencias irreversibles.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
GILSON DANTAS CARMINI
Gilson Dantas Carmini es periodista brasileño, presidente y editor en jefe de Prensa Mercosur. Especializado en integración regional, geopolítica y derechos humanos, desarrolla una destacada labor en el ámbito de la comunicación internacional.
Posee un Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional y mantiene una amplia red de relaciones profesionales, académicas y diplomáticas en América Latina y Asia.
Entre sus reconocimientos destacan el Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores de México (2021), el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Internacional México Blanco (2020) y el título de Amigo de la Niñez y la Adolescencia.
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