El Instituto de Previsión Social (IPS) prepara una nueva licitación por G. 1.288 millones para realizar estudios sobre la infraestructura del Hospital Central, pese a que documentos técnicos elaborados en 2022 y 2023 ya habían identificado el problema de los pisos destinados al bloque quirúrgico y planteado una solución cuyo costo era de aproximadamente G. 642 millones. La situación vuelve a poner bajo cuestionamiento la gestión de una obra que arrastra problemas desde hace años y que ya generó un proceso judicial contra dos expresidentes de la previsional.

El problema se remonta al proyecto para instalar 11 quirófanos modulares en los pisos séptimo y octavo del Hospital Central del IPS. En octubre de 2022, la empresa Gavilán & Asociados presentó un estudio estructural que determinó que la infraestructura existente no tenía capacidad suficiente para soportar las cargas previstas para el proyecto.

El informe, sin embargo, no planteaba que la obra fuera imposible. Los técnicos propusieron reforzar los pilares mediante el aumento de su sección, una intervención que permitiría adecuar la estructura para recibir el peso de los equipos y las instalaciones quirúrgicas.

En abril de 2023, la misma empresa presentó una propuesta económica para ejecutar esos trabajos. El costo estimado de las obras de hormigón armado era de casi G. 642 millones, una cifra que representaba una alternativa concreta frente al problema estructural detectado.

Esa solución no avanzó durante la administración de Vicente Bataglia. Poco antes, el IPS había aprobado una modificación contractual para incorporar paneles solares al proyecto original, llevando el valor del contrato hasta G. 61.186 millones.

Posteriormente asumió la presidencia del IPS Jorge Brítez, durante el Gobierno de Santiago Peña. La nueva administración suspendió en 2024 la ejecución contractual y decidió buscar un espacio alternativo dentro del Hospital Central para instalar los equipos quirúrgicos.

La nueva ubicación fue diseñada por la empresa contratista y, según la documentación mencionada en la investigación, recibió la aprobación correspondiente del Ministerio de Salud Pública y de dependencias del propio IPS.

Pero el cambio de ubicación tampoco consiguió destrabar definitivamente el proyecto. La obra volvió a quedar paralizada mientras las autoridades de la previsional planteaban nuevos inconvenientes relacionados con el espacio elegido.

En paralelo, el caso comenzó a tener consecuencias judiciales. El fiscal Julio Ortiz imputó el pasado 4 de agosto a Vicente Bataglia y Jorge Brítez por un presunto perjuicio patrimonial de G. 61.186 millones relacionado con la obra.

La investigación penal todavía debe determinar las responsabilidades correspondientes. Los equipos quirúrgicos, entretanto, fueron localizados y los desembolsos realizados a la empresa contratista alcanzan hasta ahora G. 35.658 millones, según la información disponible sobre el expediente.

Ahora el IPS pretende realizar un nuevo diagnóstico de la infraestructura de todo el Hospital Central. La licitación publicada en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas establece un presupuesto de G. 1.288 millones.

El dato que genera cuestionamientos es la comparación con el estudio anterior. Hace tres años ya existía un diagnóstico sobre la estructura y una propuesta concreta para reforzar los pilares por aproximadamente G. 642 millones. Ahora la previsional destinaría el doble de ese monto solamente para volver a estudiar la infraestructura.

El director de Mantenimiento del IPS, Juan José Sánchez, señaló que el nuevo análisis incluso podría determinar que los pisos séptimo y octavo vuelvan a ser considerados aptos para el proyecto quirúrgico. Esto abre un interrogante sobre la necesidad de volver a contratar estudios que podrían terminar confirmando una alternativa que ya había sido analizada.

El caso también expone un problema más amplio de gestión pública: la sucesión de administraciones modificó el proyecto, cambió la ubicación de los equipos y volvió a revisar las condiciones de la infraestructura, mientras los costos continuaron aumentando y los servicios quirúrgicos previstos todavía no fueron puestos en funcionamiento.

La situación adquiere mayor relevancia porque se trata de infraestructura hospitalaria. Cada demora no representa solamente un problema administrativo o financiero: también puede afectar la capacidad del principal centro asistencial del IPS para ampliar y modernizar sus servicios quirúrgicos.

La discusión ahora deberá centrarse en si el nuevo estudio de G. 1.288 millones aporta información técnicamente indispensable o si existe la posibilidad de aprovechar los trabajos realizados anteriormente y avanzar sobre las soluciones ya identificadas.

La diferencia de costos resulta difícil de ignorar: G. 642 millones para una propuesta de refuerzo estructural elaborada en 2023 frente a G. 1.288 millones para el nuevo diagnóstico que ahora impulsa el IPS. El nuevo proceso deberá demostrar por qué es necesario volver a evaluar una estructura sobre la que ya existen antecedentes técnicos y qué resultados concretos se esperan obtener.

Mientras tanto, la obra de los quirófanos continúa atrapada entre diagnósticos, cambios de ubicación, modificaciones contractuales y una investigación judicial. Lo que comenzó como un proyecto para ampliar la capacidad quirúrgica del Hospital Central terminó convirtiéndose en un caso que combina millonarios desembolsos, decisiones administrativas cuestionadas y nuevas contrataciones para problemas que ya habían sido estudiados.

La pregunta que queda abierta es si el nuevo estudio permitirá finalmente destrabar el proyecto o si significará otro gasto millonario antes de que los pacientes puedan beneficiarse de la infraestructura quirúrgica prevista.