Paraguay: comunidad Ava Guaraní denuncia operativo de la Senad, muertes y detenciones durante un festejo comunitario

La comunidad indígena Ava Guaraní Tekoha Yapo, ubicada en Canindeyú, denunció un operativo de fuerzas públicas que terminó con la muerte de dos integrantes de la comunidad y la detención de otras personas, durante una jornada en la que se celebraba el Día del Niño. Los representantes comunitarios sostienen que los agentes ingresaron al territorio con armas de grueso calibre y sin exhibir una orden judicial, mientras que las autoridades intervinientes habrían señalado que durante el procedimiento fueron encontradas armas de fuego y que existían sospechas de vínculos con estructuras criminales. La versión de la comunidad niega esas acusaciones y sostiene que el procedimiento está relacionado con un antiguo conflicto territorial.

El operativo se produjo el 14 de agosto, mientras integrantes de Tekoha Yapo participaban de las actividades comunitarias por el Día del Niño. Según el relato difundido por los representantes indígenas, el líder de la comunidad, Antonio Carrillo Mancuello, recibió una llamada para asistir a una reunión y pidió al docente Catalino Correa que lo trasladara debido a que no contaba con vehículo.

Ambos terminaron muertos durante el procedimiento. La comunidad sostiene que no existió un enfrentamiento y cuestiona la versión de las fuerzas intervinientes sobre la presencia de armas y la vinculación de los fallecidos con grupos armados.

También fue detenido Bruno López, junto con otras personas. La comunidad afirma que los aprehendidos son ciudadanos vinculados con la vida comunitaria y educativa de Tekoha Yapo y niega que formen parte de una organización criminal.

La versión oficial mencionada en la denuncia sostiene, en cambio, que durante el procedimiento fueron encontradas armas de fuego en poder de algunos de los detenidos. Esa circunstancia deberá ser determinada mediante la investigación fiscal y las evidencias incorporadas al expediente.

El caso adquirió especial sensibilidad porque la comunidad afirma que los agentes ingresaron al territorio durante una actividad destinada a los niños y que no se presentó una orden judicial antes de comenzar el procedimiento. El abogado Aníbal Alfonso, representante legal de los indígenas, cuestionó públicamente las circunstancias del operativo.

La comunidad también rechazó cualquier relación con Felipe Santiago Acosta Riveros, alias “Macho”, señalado por las autoridades como líder de una estructura criminal que opera en la zona. Los representantes indígenas sostienen que las acusaciones son falsas y que el operativo habría sido utilizado para vincular a miembros de la comunidad con actividades delictivas.

El conflicto tiene además un componente territorial que viene de varios años. Tekoha Yapo mantiene una disputa por tierras ancestrales con responsables de la denominada Estancia América, según denunciaron sus representantes. La comunidad afirma que existe un intento de desalojo y que las acusaciones relacionadas con drogas y grupos criminales forman parte de una estrategia para debilitar sus reclamos sobre el territorio.

El antecedente territorial no es menor. Documentos oficiales y registros históricos reconocen la existencia de la comunidad indígena Yapo en el departamento de Canindeyú, donde se encuentra asentada población Ava Guaraní. Además, existen antecedentes judiciales y conflictos anteriores relacionados con Antonio Carrillo y otros integrantes de la comunidad, principalmente por disputas vinculadas con tierras y actividades desarrolladas en la zona.

En 2025, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Paraguay registró varios expedientes relacionados con Antonio Carrillo y otros habitantes de la zona, entre ellos causas por invasión de inmueble ajeno, coacción, amenaza, extorsión y otros hechos. La existencia de esos expedientes no demuestra por sí misma responsabilidad penal en el operativo actual, pero permite comprender que el conflicto territorial y judicial alrededor de la comunidad tiene antecedentes prolongados.

La comunidad, por su parte, sostiene que sus integrantes ya habían acudido voluntariamente ante el Ministerio Público para ponerse a disposición de la Justicia y rechaza que fuera necesario un despliegue de esa magnitud para investigar las acusaciones.

Otro punto planteado por los representantes indígenas es la supuesta existencia de una campaña de desprestigio contra la comunidad. Según su denuncia, algunos medios y sectores interesados en el conflicto territorial habrían presentado a sus integrantes como miembros de organizaciones criminales sin que existieran pruebas suficientes para sostener esas afirmaciones.

El abogado de Tekoha Yapo sostiene que las imágenes difundidas después del procedimiento tampoco demostrarían la existencia de una estructura armada dentro de la comunidad. La defensa cuestiona particularmente la presentación de uno de los vehículos relacionados con el operativo y afirma que se trataba de un automóvil de características modestas perteneciente al docente fallecido.

La muerte de Carrillo y Correa será uno de los aspectos que deberá esclarecer la investigación. Será fundamental determinar en qué circunstancias se produjo el operativo, qué ocurrió antes de los disparos y si existió un enfrentamiento o una intervención armada de otro tipo.

También deberán establecerse las circunstancias de las detenciones y el origen de las armas que, según las autoridades, fueron encontradas durante el procedimiento. Las evidencias balísticas, los testimonios, los registros de comunicación y las imágenes disponibles pueden resultar determinantes para reconstruir lo sucedido.

El caso adquiere una dimensión adicional por tratarse de una comunidad indígena. Paraguay reconoce constitucionalmente la existencia de los pueblos indígenas y sus derechos sobre sus territorios tradicionales. La cuestión territorial ha sido históricamente una de las principales fuentes de conflicto entre comunidades indígenas, propietarios privados y organismos estatales.

En el caso de Yapo existen antecedentes que muestran que las disputas por el uso y la propiedad de las tierras no son recientes. Ya en 2020 se habían registrado enfrentamientos y denuncias entre indígenas y productores vinculados con propiedades de la zona, incluyendo acusaciones cruzadas relacionadas con el acceso a tierras y actividades agropecuarias.

Ese contexto hace necesario separar dos cuestiones que ahora aparecen entrelazadas: por un lado, las acusaciones de carácter penal contra determinadas personas y, por otro, el conflicto histórico por el territorio indígena. Una investigación rigurosa deberá establecer si ambos asuntos están directamente relacionados o si fueron utilizados simultáneamente para justificar el procedimiento.

La comunidad exige que se esclarezcan las muertes y que se determine la legalidad del operativo. También reclama que las autoridades investiguen la denuncia sobre el supuesto ingreso sin orden judicial y las circunstancias en las que se produjeron las detenciones.

Las fuerzas de seguridad, por su parte, deberán aportar los elementos que justificaron la intervención y explicar las circunstancias en las que fueron utilizadas las armas durante el procedimiento.

La investigación será clave para determinar si se trató de un operativo antidrogas que terminó en un enfrentamiento o de una intervención cuya versión oficial está siendo cuestionada por la comunidad afectada. Hasta que existan resultados de la investigación fiscal y pericial, ninguna de las dos versiones puede considerarse definitivamente establecida.

El caso vuelve a colocar a Canindeyú en el centro de una problemática en la que se cruzan narcotráfico, seguridad, derechos indígenas y conflictos por la tierra. La región ha sido escenario durante años de disputas territoriales y de operaciones contra organizaciones vinculadas al crimen organizado, lo que hace todavía más importante que cualquier intervención estatal pueda ser documentada y sometida al control judicial correspondiente.

Para la comunidad Ava Guaraní, sin embargo, lo ocurrido representa algo más que un operativo policial. Sus dirigentes sostienen que dos integrantes murieron mientras cumplían actividades vinculadas con su comunidad y que posteriormente fueron presentados bajo acusaciones que consideran falsas.

Ahora corresponderá a la Justicia determinar qué ocurrió realmente el 14 de agosto en Tekoha Yapo, quiénes participaron en el procedimiento, bajo qué autorización se realizó, qué evidencias fueron encontradas y cuáles fueron las circunstancias exactas que provocaron la muerte de Antonio Carrillo y Catalino Correa.

El caso permanece abierto y las acusaciones de la comunidad todavía deben ser contrastadas con la investigación oficial. Lo que sí está confirmado es que un operativo de fuerzas públicas terminó con dos personas muertas y varias detenidas en una comunidad indígena de Canindeyú, en medio de una disputa territorial que arrastra antecedentes judiciales y denuncias cruzadas. El esclarecimiento de los hechos será determinante no solo para establecer responsabilidades individuales, sino también para evitar que el conflicto por las tierras ancestrales vuelva a derivar en un episodio de violencia.