Uruguay frente a una nueva ola de violencia: homicidios, narcotráfico y ajustes de cuentas desafían el discurso oficial sobre la seguridad

El asesinato de un niño de 12 años en Montevideo volvió a poner en evidencia el avance de la violencia vinculada al narcotráfico en Uruguay. Aunque las autoridades destacan la reducción de algunos delitos patrimoniales y sostienen que la estrategia de seguridad comienza a mostrar resultados, los homicidios continúan en aumento y las disputas entre organizaciones criminales se consolidan como uno de los principales desafíos para el Estado.

Durante décadas, Uruguay fue considerado uno de los países más seguros de América Latina. Con bajos índices de violencia, estabilidad institucional y una fuerte presencia del Estado, el país construyó una imagen internacional de tranquilidad que lo diferenciaba de otros vecinos de la región. Sin embargo, esa realidad comenzó a cambiar de forma acelerada en los últimos años y, especialmente, durante el período comprendido entre 2024 y 2026, cuando la expansión del narcotráfico y la fragmentación de las bandas criminales provocaron un aumento sostenido de los homicidios y de los episodios de violencia armada.

El hecho que volvió a conmocionar al país ocurrió el 25 de julio de 2026, cuando un niño de 12 años fue asesinado a balazos en Montevideo durante un ataque vinculado, según las primeras investigaciones, a una cadena de venganzas entre grupos narcocriminales. El caso generó una profunda conmoción porque refleja un fenómeno que se repite con mayor frecuencia: víctimas inocentes, incluidos menores de edad, quedan atrapadas en enfrentamientos entre organizaciones dedicadas al microtráfico de drogas.

Los datos oficiales muestran una realidad compleja. El Ministerio del Interior informó que durante el primer semestre de 2026 se registraron 195 homicidios, doce más que en igual período de 2025, lo que representa un incremento del 6,6 % y constituye el peor primer semestre desde 2018. Al mismo tiempo, aumentaron también los heridos por arma de fuego, un indicador que los especialistas consideran estrechamente relacionado con la expansión de la violencia entre bandas criminales.

Mientras tanto, el gobierno sostiene que otros indicadores muestran avances. Las estadísticas oficiales reflejan descensos en algunos delitos patrimoniales, como hurtos y rapiñas, producto del fortalecimiento de la vigilancia, el uso de tecnología y una mayor presencia policial en determinadas zonas. Sin embargo, diversos analistas advierten que la disminución de esos delitos no necesariamente implica una mejora en la seguridad pública cuando los homicidios y la violencia armada continúan creciendo.

Uno de los cambios más importantes observados durante los últimos dos años es la transformación del perfil de los homicidios. Mientras anteriormente predominaban conflictos interpersonales o hechos vinculados a robos, actualmente una proporción creciente está relacionada con ajustes de cuentas, disputas por territorios de venta de drogas y venganzas entre grupos dedicados al narcotráfico. Las autoridades reconocen que muchas de estas organizaciones operan desde barrios vulnerables de Montevideo, Canelones y otras ciudades, donde el microtráfico se convirtió en una importante fuente de ingresos para estructuras criminales cada vez más violentas.

La influencia del crimen organizado internacional también ha crecido. El caso del narcotraficante Sebastián Marset, buscado por varios países de la región y vinculado a redes de tráfico de cocaína hacia Europa, puso de manifiesto que Uruguay ya no es únicamente un país de tránsito, sino también un territorio utilizado para operaciones logísticas, lavado de activos y coordinación de organizaciones criminales con presencia regional. Investigaciones desarrolladas en Paraguay, Bolivia, Brasil y Europa han evidenciado conexiones cada vez más estrechas entre grupos uruguayos y redes internacionales de narcotráfico.

Expertos en seguridad sostienen que otro elemento preocupante es el incremento de la circulación de armas de fuego. La mayor disponibilidad de armamento ha elevado la letalidad de los conflictos entre bandas, provocando que disputas por puntos de venta de drogas o deudas relativamente pequeñas terminen en asesinatos múltiples o ataques indiscriminados. Esta realidad también ha incrementado el riesgo para vecinos que no participan en actividades delictivas, como quedó demostrado en varios casos recientes donde menores y personas ajenas a los enfrentamientos resultaron alcanzados por los disparos.

A ello se suma la situación del sistema penitenciario. Diversos especialistas consideran que las cárceles continúan funcionando como espacios desde donde algunos líderes criminales mantienen capacidad para dirigir actividades ilícitas en el exterior. El propio gobierno ha reconocido que la reforma penitenciaria constituye uno de los ejes prioritarios de su estrategia nacional de seguridad, junto con el combate al tráfico ilegal de armas y la reducción de los homicidios.

Desde el punto de vista político, el debate sobre la seguridad se ha intensificado. Mientras el gobierno defiende que la reducción de algunos delitos demuestra que las políticas implementadas comienzan a dar resultados, la oposición y diversos especialistas sostienen que el aumento de los homicidios constituye el indicador más relevante para evaluar la evolución de la violencia criminal. Incluso el propio Ministerio del Interior ha reconocido que las venganzas entre bandas representan hoy uno de los principales factores detrás del crecimiento de los asesinatos y trabaja en mecanismos específicos para mejorar el seguimiento de estos conflictos antes de que deriven en nuevos ataques.

En perspectiva regional, Uruguay continúa registrando tasas de homicidios inferiores a las de varios países latinoamericanos. Sin embargo, la tendencia preocupa porque rompe con la estabilidad histórica que caracterizó al país durante décadas. Organizaciones especializadas como InSight Crime advierten que el crecimiento de la violencia asociada al narcotráfico constituye uno de los principales desafíos para numerosos países de América Latina y que Uruguay no ha permanecido ajeno a esa dinámica.

El asesinato del niño de 12 años en Montevideo representa mucho más que un hecho policial. Para numerosos analistas simboliza el avance de una violencia que ya no permanece confinada a las organizaciones criminales, sino que comienza a afectar directamente a la población civil. La principal incógnita es si las nuevas estrategias del Estado lograrán contener el crecimiento del crimen organizado o si Uruguay continuará enfrentando una escalada de homicidios y ajustes de cuentas que amenaza con modificar de manera permanente el perfil de seguridad de uno de los países históricamente más seguros de América del Sur.