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A partir de este miércoles (22), una parte de los productos brasileños exportados a Estados Unidos estará gravada con un arancel del 25%. La medida responde a una decisión unilateral del gobierno estadounidense, que alega supuestas prácticas desleales de Brasil en el comercio internacional.
Además, el gobierno brasileño prevé un nuevo sobrecargo del 12,5%, bajo el argumento de Washington de que Brasil no impide la importación de productos procedentes de países que recurren al trabajo forzado.
Sin embargo, expertos consultados por Agência Brasil discrepan de la evaluación estadounidense y van más allá: Brasil es referencia en el combate al trabajo forzado y a formas análogas a la esclavitud.
Aranceles adicionales
Washington justificó el arancel del 25% anunciado el pasado día 15 alegando que Brasil no combate eficazmente la deforestación ni la corrupción, y que utiliza el sistema de pagos Pix para perjudicar a las empresas estadounidenses, entre otras prácticas.
El gobierno brasileño rechaza las acusaciones y se mostró dispuesto a recurrir a la Ley de Reciprocidad como respuesta a la tributación, que calificó de “injusta”.
Mientras no comienza el cobro, el Ejecutivo da por seguro un nuevo arancel del 12,5%. En entrevista con el periódico Folha de S.Paulo el pasado viernes (17), el ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, Márcio Fernando Elias Rosa, declaró que la nueva sanción debería publicarse el viernes (24).
“Sabremos si será acumulativa o no. Brasil corre el riesgo de enfrentar una alícuota del 37,5%”, dijo al periódico.
Alegación
El probable nuevo gravamen se fundamenta en un informe de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) que investiga a 59 países y a la Unión Europea.
La oficina estadounidense señala que estas economías “no aplican una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzado”.
Sobre Brasil, el documento rechaza el argumento de que los acuerdos internacionales impidan la importación de dichos productos.
«Aunque Brasil afirme prohibir las importaciones producidas con trabajo forzado mediante compromisos en acuerdos de inversión y libre comercio, esas disposiciones no prohíben jurídicamente la importación al mercado interno de bienes producidos, total o parcialmente, con trabajo forzado en otro país”, señala el texto de la USTR del 2 de junio.
Brasil rebate
Durante la investigación, Brasil proporcionó a la Casa Blanca información técnica sobre el marco legal nacional para impedir las importaciones de bienes producidos mediante trabajo forzado.
El 3 de junio, el gobierno brasileño manifestó, mediante una nota, su “profunda discrepancia” con la conclusión preliminar estadounidense y calificó la medida de “proteccionista”, es decir, orientada a defender la economía de Estados Unidos frente a la competencia internacional.
“Es lamentable que un tema tan relevante como la protección de condiciones dignas para millones de trabajadores y trabajadoras se desvirtúe para justificar medidas proteccionistas unilaterales”, señala el gobierno brasileño.
Brasil añadió que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo especializado de las Naciones Unidas, reconoce desde hace décadas al país como una “referencia internacional en el combate al trabajo forzado, gracias a la combinación de fiscalización, sanción, cooperación institucional y compromiso político”.
El Decreto 12.857, de febrero de 2026, formaliza la adhesión de Brasil al Convenio n.º 29 de la OIT sobre el trabajo forzado. De los 187 países que forman parte de la organización, solo seis no figuran como signatarios del convenio, entre ellos Estados Unidos.
Brasil sostiene además que sus autoridades aduaneras, que operan en la entrada y salida de mercancías del país, tienen la competencia legal para denegar el ingreso y confiscar cualquier mercancía extranjera que atente contra la moral pública, las buenas costumbres, la salud pública o el orden público.
“Cualquier bien producido total o parcialmente mediante trabajo forzado se encuadra en esa definición”, refuerza el comunicado.
Reconocimiento internacional
El profesor de derecho internacional Thiago Romero, del Ibmec-SP, enfatiza la necesidad de separar dos factores “que la narrativa estadounidense confunde”.
“Existe una diferencia jurídica entre combatir el trabajo forzado dentro del propio territorio y frenar en la aduana productos importados que fueron fabricados con trabajo forzado en otro país”, explica.
El docente recalca que Brasil es reconocido internacionalmente por el combate al trabajo forzado dentro de sus fronteras.
“Es el entendimiento de la propia OIT, que desde hace décadas considera el modelo brasileño de combate al trabajo análogo a la esclavitud como una de las mejores prácticas del mundo”, señala.
El profesor agrega que el país cuenta con una “arquitectura jurídica bastante sólida que mostrar”. Cita el artículo 149 del Código Penal, que tipifica la reducción a condición análoga a la esclavitud con una definición amplia que incluye jornadas exhaustivas y condiciones degradantes.
“Más avanzada, incluso, que la de muchos países desarrollados”, evalúa.
Añade que desde 1995 existen los Grupos Móviles de Fiscalización del Ministerio del Trabajo. De acuerdo con el Observatorio de la Erradicación del Trabajo Esclavo y de la Trata de Personas, casi 66 mil personas han sido rescatadas de condiciones análogas a la esclavitud.
El profesor recuerda también la llamada “lista sucia”, registro de empleadores brasileños detectados utilizando trabajo forzado.
“Es un instrumento de transparencia que el propio sector privado utiliza para cortar relaciones comerciales y crédito con los infractores, un mecanismo que la OIT recomienda como modelo”, enfatiza.
La versión actual de la lista sucia, divulgada por el Ministerio del Trabajo y Empleo en abril, incluye 568 empresas. Algunos empleadores aparecen más de una vez por haber sido responsabilizados en diferentes acciones fiscales o establecimientos. Dado que se realizan actualizaciones periódicas, algunos nombres pueden ser retirados de la lista.
“Brasil fiscaliza incluso el trabajo forzado presente en cadenas extranjeras que operan en suelo brasileño”, apunta Romero.
Otra herramienta destacada por el especialista del Ibmec es el Pacto Nacional por la Erradicación del Trabajo Esclavo, que reúne a grandes empresas y a la sociedad civil.
USTR
El profesor explica que la USTR se aferra a un vacío técnico para encuadrar a Brasil.
“La crítica estadounidense tiene un fondo ‘técnico’ verdadero. Cuando Estados Unidos señala que hay trabajo esclavo en Brasil, lo que realmente sostiene es que Brasil no cuenta con un instrumento aduanero específico para prohibir la importación de mercancías producidas con trabajo forzado en el exterior, bajo el molde del modelo estadounidense”, contextualiza.
En Estados Unidos existe una norma desde 1930, la Sección 307 de la Ley de Aranceles, que prohíbe la importación de cualquier mercancía producida total o parcialmente con trabajo forzado.
Thiago Romero detalla que en 2021 la legislación se actualizó para determinar que cualquier producto procedente de la región china de Sinkiang se presume elaborado con trabajo forzado y debe ser bloqueado en la aduana.
La Unión Europea aprobó un instrumento similar en 2024, cuya entrada en vigor está prevista para 2027, recuerda el especialista.
A su juicio, admitir que Brasil no cuenta con un instrumento legal que frene la mercancía en el ingreso en función de su origen en trabajo forzado no significa que el país falle.
“Lo que Brasil no tiene es un mecanismo de bloqueo de importaciones idéntico al modelo de Estados Unidos. Se trata de una falta de instrumento regulatorio, no de una omisión de política pública”, afirma.
Para Romero, cuando el gobierno de Washington exige que 60 economías adopten su estándar regulatorio bajo la amenaza de aranceles, incurre en una forma de “exportar su propia legislación”.
“Cuando se imponen aranceles a todo el mundo bajo el mismo argumento, queda claro que la variable que explica la medida no es el trabajo forzado, sino la política comercial”, concluye.
Proyecto de Ley en el Congreso
Desde hace casi 11 años se tramita en el Congreso Nacional el Proyecto de Ley (PL) 2.799/2015, que propone prohibir la importación y comercialización de productos fabricados con trabajo infantil, forzado u obligatorio.
El PL se encuentra en la Cámara de Diputados y superó aprobaciones en comisiones durante 2025 y 2026, pero aún no cuenta con una decisión final del pleno.
El abogado y profesor Jean Menezes de Aguiar considera que el hecho de que el PL aún no sea ley no justifica que la Casa Blanca clasifique a Brasil como un país que no combate el trabajo forzado.
“De ninguna manera. Todo país tiene sus trámites burocráticos, y el Poder Legislativo de EE. UU. también es lento”, sostiene.
Menezes de Aguiar tilda la presión estadounidense de “típicamente político-electoral”. “Saben que tenemos esto plenamente regulado en la Constitución, y Brasil no cede en esta agenda”, afirma.
El abogado destaca el Artículo 243 de la Constitución Federal, el cual determina que las propiedades donde se localicen cultivos ilegales de plantas psicotrópicas o la explotación de trabajo esclavo serán expropiadas y destinadas a la reforma agraria y a programas de vivienda popular, sin indemnización alguna al propietario. “En el plano civil no existe una sanción mayor que la expropiación de un bien dentro del modelo capitalista”, considera.
“Solo por ese artículo 243 de la Constitución, existe la certeza de que el país está totalmente comprometido con la erradicación del trabajo esclavo y de otras condiciones análogas”, afirma.
Para Menezes de Aguiar, en lo relativo a la importación de bienes con trabajo forzado en su cadena productiva, basta con que el país disponga de la información sobre dicho origen ilegal.
“A partir del momento en que eso sea público y notorio, el país puede realizar los esfuerzos necesarios para impedir que el producto ingrese o circule en el mercado local”, explica.
Publicado por: Bruno de Freitas Moura — Reportero de Agência Brasil
Fuente de esta noticia: https://agenciabrasil.ebc.com.br/es/economia/noticia/2026-07/brasil-destaca-contra-trabajo-forzado-pese-acusaciones-de-ee-uu
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