El presidente ratificó que los vehículos donados por Estados Unidos patrullarán barrios de Montevideo, pero la donación los restringe a misiones de paz de la ONU. Para usarlos en seguridad interna, el gobierno deberá renegociar el acuerdo con el Departamento de Estado y avanzar en la figura del “pase en comisión” para los choferes militares. Mientras, el ministro Juan Castillo cuestionó la medida y advirtió sobre la “imagen” de las calles patrulladas por el Ejército.
La decisión del presidente Yamandú Orsi de utilizar vehículos blindados del Ejército para patrullar barrios de Montevideo con altos índices de criminalidad choca con una cláusula de la donación: los 14 vehículos Mamba MK7 fueron entregados por Estados Unidos para ser utilizados en misiones de paz de la ONU, y su uso en tareas de seguridad interna requiere una autorización expresa de Washington.
El propio Orsi reconoció este miércoles que la decisión está tomada, pero admitió que hay temas “jurídicos” a resolver para implementar la medida. Entre ellos, la autorización del país presidido por Donald Trump. Según supo El País, aunque el gobierno es optimista y entiende que no habrá inconvenientes, aún restan “formalidades” que podrían impedir la puesta en funcionamiento de los blindados.
Una donación con fines específicos
Los 14 vehículos Mamba MK7 fueron donados por Estados Unidos en 2024, con un valor total de US$ 13.900.000. La donación incluyó “equipos de comunicación multibanda, paquetes completos de mantenimiento, sistemas y seis cursos de entrenamiento operacional”. Sin embargo, el objeto de la donación era “colaborar con el Comando General del Ejército, a los efectos de cumplir con los estándares requeridos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), brindándole a Uruguay la oportunidad de continuar con el despliegue en las Misiones de Paz”.
En un documento interno al que accedió El País, se recuerda que la donación tiene como fin específico la utilización de las unidades militares para operaciones de paz de la ONU o regionales. “Consecuencia práctica: Los Mambas MK7 no pueden ser desplegados en operaciones nacionales de seguridad interna (represión de disturbios, operaciones policiales, control de fronteras con función de seguridad interna) sin renegociación formal del acuerdo del uso final con el Departamento de Estado de Estados Unidos”, detalla el documento.
Según confirmó una fuente del Ministerio de Defensa, en caso de que su uso se concrete, está pendiente el trámite con la Embajada de Estados Unidos. Hasta el momento, desde la embajada norteamericana dijeron al citado medio ut supra que no había habido comunicación con el Poder Ejecutivo, pero desde el gobierno se entiende que no va a haber “ningún problema” para obtener la autorización pertinente.
El “pase en comisión” como alternativa legal
La figura que cobra fuerza en las negociaciones entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa es el “pase en comisión”: los militares que conduzcan los vehículos pasarían formalmente a depender del Interior durante los operativos, lo que permitiría al Ejecutivo evitar tener que aprobar una ley en el Parlamento para habilitar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna. Según informó la diaria, este miércoles se realizó una nueva reunión entre ambas carteras con la participación del ministro del Interior, Carlos Negro, el subsecretario de Defensa, Joel Rodríguez, y asesores. Allí se definió que el acuerdo será presentado el próximo viernes en el Consejo de Ministros. Hasta entonces, no se brindarán más detalles públicos.
Fuentes del gobierno señalaron a la diaria que los choferes no irían armados y que los operativos serían “de persuasión”, no de combate. El presidente Yamandú Orsi ya había anticipado esta posibilidad en declaraciones previas: “O será un pase en comisión. Veremos cuál es la mejor forma, pero el concepto es: recursos que Uruguay tiene no los puede tener parados”.
“La decisión está tomada”
Orsi reafirmó este miércoles que la utilización de los blindados para apoyo al patrullaje policial es “una decisión tomada” y que se conversarán los detalles en el Consejo de Ministros del próximo viernes. “Acá no es un tema de imagen, es de acción. Hay que resolver. Lo que cada uno piense lo profundizaremos en el próximo gabinete. Pero es clarísimo, la gente precisa que se le resuelva el derecho a la seguridad y no podemos escatimar ningún esfuerzo”, afirmó el presidente.
En declaraciones a la diaria, Orsi señaló que el apoyo militar en materia de seguridad pública “no es novedad” y mencionó los controles en las zonas fronterizas y la vigilancia en los perímetros de las cárceles. Consultado sobre la participación de personal militar en la conducción de los vehículos, Orsi dijo que esto “depende de cuál de las infraestructuras” utilizará la Policía.
Este jueves, el presidente Orsi se reunirá con la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, para seguir preparando la propuesta que se presentará al Consejo de Ministros del viernes. En esa instancia se definirán aspectos clave como: cómo se utilizarán los vehículos, en qué condiciones participará el personal militar y cómo se procesarán las definiciones relativas a la cadena de mando.
El pulso interno por los vehículos y el rol de EE.UU.
Uno de los puntos que aún genera discusión interna es qué vehículos se utilizarán. Mientras el Ministerio del Interior prefiere los blindados Mamba MK7, fuentes señalaron que Defensa propone otros vehículos blindados. A esto se suma la necesidad de obtener la autorización de Washington para usar los Mamba en tareas de seguridad interna.
Las críticas internas en el FA
La medida volvió a exponer las diferencias dentro del Frente Amplio. El histórico dirigente del Partido Comunista y ministro de Trabajo, Juan Castillo, fue el primero en cuestionar públicamente la decisión. En declaraciones a Arriba Gente (Canal 10), Castillo dijo que en primer término lo “impactó la noticia” y que no le han gustado algunas declaraciones que se han hecho al respecto.
“Me quedo con lo que más me gusta. La de la ministra de Defensa que ha dicho que es un tema que todavía no está resuelto. De todas formas, convengamos que para el conjunto de la sociedad la imagen de que las calles estén patrulladas por camionetas del Ejército no es una buena cosa”, afirmó. Castillo advirtió que “hay que tener mucho cuidado en la frontera entre las responsabilidades que tiene la Policía en materia de seguridad pública y la del Ejército en defensa de la soberanía” nacional, y cuestionó la forma en que se comunicó la resolución incluso a la interna del propio gabinete.
Un uso temporal y la compra de vehículos propios
Desde el Ministerio del Interior confirmaron que el uso de los blindados se prevé como una medida “temporal” de apoyo en zonas de acceso más complejo, hasta que la Policía cuente con unidades propias adecuadas para ese tipo de patrullaje. Está prevista una compra de vehículos de esas características y el convenio con Defensa se instrumentará bajo la modalidad de préstamo.
Mientras tanto, el gobierno uruguayo deberá gestionar la autorización de Estados Unidos para poder utilizar los vehículos donados en tareas de seguridad interna, y resolver los aspectos legales y operativos que aún están pendientes. El viernes, el Consejo de Ministros definirá el marco final de una medida que ya está generando debate dentro y fuera del oficialismo.
a.
Redacción
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