𝗟𝗮 𝗣𝗼𝗹𝗶𝗰í𝗮 𝗡𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗣𝗮𝗿𝗮𝗴𝘂𝗮𝘆 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗱𝗲𝗿𝗮 𝗾𝘂𝗲 𝗲𝗹 𝘁𝗿á𝗳𝗶𝗰𝗼 𝗱𝗲 𝗱𝗿𝗼𝗴𝗮𝘀 𝗲𝘀 𝘂𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝗵𝗶𝗽ó𝘁𝗲𝘀𝗶𝘀 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝘅𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝗿 𝗲𝗹 𝗯𝗿𝘂𝘁𝗮𝗹 𝗲𝗻𝗳𝗿𝗲𝗻𝘁𝗮𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗮𝗿𝗺𝗮𝗱𝗼 𝗿𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗼 𝗲𝗻 𝗧𝗮𝘃𝗮’𝗶, 𝗱𝗲𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗖𝗮𝗮𝘇𝗮𝗽á, 𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗲𝗷ó 𝗱𝗼𝘀 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝘀 𝗺𝘂𝗲𝗿𝘁𝗮𝘀 𝘆 𝗰𝘂𝗮𝘁𝗿𝗼 𝗵𝗲𝗿𝗶𝗱𝗮𝘀. 𝗘𝗹 𝗰𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗣𝗼𝗹𝗶𝗰í𝗮 𝗡𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹, 𝗰𝗼𝗺𝗶𝘀𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗖é𝘀𝗮𝗿 𝗦𝗶𝗹𝗴𝘂𝗲𝗿𝗼, 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗿𝗺ó 𝗲𝘀𝘁𝗲 𝟭𝟭 𝗱𝗲 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝘆𝗮 𝗵𝗮𝘆 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝘀 𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗱𝗮𝘀 𝘆 𝗰𝗼𝗻 ó𝗿𝗱𝗲𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝗽𝘁𝘂𝗿𝗮, 𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝘀 𝗹𝗮𝘀 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗴𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝘁𝗮𝗻 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗮𝗿 𝘀𝗶 𝗲𝗹 𝗮𝘁𝗮𝗾𝘂𝗲 𝗳𝘂𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗿𝗶𝘃𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗹𝗮𝗻 𝗗í𝗮𝘇 𝘆 𝗹𝗮 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗮𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗶𝗱𝗮 𝗮 𝗙𝗲𝗹𝗶𝗽𝗲 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗶𝗮𝗴𝗼 𝗔𝗰𝗼𝘀𝘁𝗮 𝗥𝗶𝘃𝗲𝗿𝗼𝘀, 𝗮𝗹𝗶𝗮𝘀 “𝗠𝗮𝗰𝗵𝗼”. 𝗟𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗶𝗮 𝗣𝗼𝗹𝗶𝗰í𝗮, 𝘀𝗶𝗻 𝗲𝗺𝗯𝗮𝗿𝗴𝗼, 𝗺𝗮𝗻𝘁𝗶𝗲𝗻𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗮𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮 𝘆 𝗻𝗼 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮 𝗮ú𝗻 𝗲𝘀𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗲𝘅𝗶ó𝗻 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝘂𝗻 𝗵𝗲𝗰𝗵𝗼 𝗷𝘂𝗱𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗺𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗼.

El episodio ocurrió durante la tarde del sábado en el barrio San Roque de Tava’i, frente al lavadero Saúl. De acuerdo con la reconstrucción preliminar difundida por medios paraguayos, un grupo de personas se encontraba reunido junto a un automóvil cuando dos hombres que llegaron en motocicleta abrieron fuego. El ataque desencadenó una respuesta armada y terminó con dos fallecidos y cuatro heridos.

Entre los fallecidos fueron identificados Julio César Ortega Servián, de 26 años, y Justo Pastor Bogado Ortigoza, de 29 años. Las investigaciones señalan que ambos tendrían presuntos vínculos con estructuras criminales, y uno de ellos habría formado parte del entorno de seguridad de Felipe Santiago Acosta Riveros, alias “Macho”. Esta información forma parte de las líneas investigativas y no equivale a una condena judicial.

La gravedad del enfrentamiento llevó a la Comandancia de la Policía a enviar a Javier Flores, director de Hechos Punibles, a Tava’i para encabezar las diligencias en el terreno. El comandante Silguero confirmó que los investigadores ya identificaron a personas presuntamente relacionadas con el ataque y que existen órdenes de captura pendientes de ejecución.

El dato más importante de la declaración policial es la relación entre la violencia y el negocio de la marihuana. Silguero señaló que la Policía no puede afirmar todavía que exista una “guerra de narcotraficantes” consolidada en Caazapá, pero admitió que el tráfico de drogas constituye una de las hipótesis centrales para explicar la rivalidad. También reconoció que el departamento posee una presencia significativa de plantaciones de marihuana y que la Unidad de Antinarcóticos y la Secretaría Nacional Antidrogas, SENAD, trabajan para desarticular esas estructuras.

El cambio que preocupa a las autoridades

La particularidad del caso no reside únicamente en las dos muertes. Lo que genera preocupación es que Tava’i y Caazapá aparecen cada vez con mayor frecuencia en investigaciones relacionadas con estructuras dedicadas a la producción y acopio de marihuana.

Hasta hace algunos años, cuando se hablaba de las principales zonas de producción de cannabis en Paraguay y de las disputas entre organizaciones criminales, la atención se concentraba principalmente en Canindeyú y Amambay. La situación está cambiando.

En febrero de 2025, la propia Policía realizó en Tava’i la denominada Operación Sprout, dirigida contra integrantes del Clan Díaz. El procedimiento tuvo lugar en una zona rural del asentamiento Santa Librada y terminó con la muerte de dos miembros de la organización durante un enfrentamiento. El operativo contó con fuerzas especiales, investigadores de crimen organizado y fiscales especializados en narcotráfico.

Aquella operación es un antecedente particularmente importante para entender lo sucedido ahora. Significa que la presencia de estructuras vinculadas al tráfico de drogas en Tava’i no apareció con el enfrentamiento de agosto de 2026. Las autoridades ya habían detectado anteriormente la instalación de integrantes del Clan Díaz en el territorio.

¿Quiénes son los grupos que aparecen en la investigación?

La Policía analiza principalmente la posible participación de estructuras asociadas al Clan Díaz y al grupo atribuido a alias “Macho”, aunque las autoridades todavía investigan cuál habría sido exactamente la cadena de mando detrás del ataque.

El nombre de Macho aparece desde hace años en investigaciones relacionadas con el crimen organizado en la zona oriental de Paraguay. En mayo de 2026, el Ministerio Público imputó a dos personas por un caso de sicariato y señaló que serían integrantes de una estructura criminal atribuida a alias “Macho”, que opera en Canindeyú.

La disputa tampoco es nueva. Investigaciones periodísticas y policiales han vinculado a Macho con la lucha por el control de sectores del mercado de marihuana en Canindeyú, donde la competencia entre organizaciones criminales ha producido asesinatos, ataques y desplazamientos de grupos.

La importancia de este antecedente es que permite interpretar el episodio de Tava’i como parte de un fenómeno territorial más amplio: las organizaciones criminales no solo buscan vender droga; necesitan controlar cultivos, lugares de acopio, rutas de transporte, proveedores, intermediarios y mecanismos de protección.

La marihuana explica buena parte del conflicto

Paraguay es uno de los principales productores de cannabis de Sudamérica y buena parte de la producción ilegal tiene como destino los mercados regionales, especialmente Brasil.

La lógica económica es sencilla: controlar una zona productora permite controlar una parte de la cadena de suministro. Cuando un grupo intenta ingresar a un territorio donde otro ya tiene productores, depósitos, compradores y rutas, la disputa puede transformarse rápidamente en violencia.

El problema adquiere una dimensión transfronteriza porque la marihuana paraguaya tiene como uno de sus principales destinos el mercado brasileño. La existencia de una extensa frontera con Brasil y de múltiples rutas terrestres facilita el movimiento clandestino de mercancías y personas.

Por eso, una disputa aparentemente localizada en Tava’i puede tener conexiones con estructuras y mercados situados a cientos de kilómetros.

Caazapá ya está bajo presión de las operaciones antidrogas

La actividad reciente de la SENAD demuestra que Caazapá no es una zona marginal dentro del mapa del narcotráfico paraguayo.

En operaciones recientes dentro del Parque Nacional Caazapá, agentes antidrogas detectaron cultivos ilegales de marihuana con sistemas de riego y estructuras destinadas a mejorar el rendimiento de las plantaciones. En una de las intervenciones fueron erradicadas 47 hectáreas de cultivos, con una estimación de 141.000 kilos de marihuana en etapa de crecimiento y un perjuicio económico superior a 4 millones de dólares para las organizaciones criminales.

En otro procedimiento, la SENAD desmanteló un complejo compuesto por cuatro campamentos interconectados y dos depósitos de acopio, incautando 1.752 kilos de marihuana entre droga picada y prensada. La infraestructura incluía prensas rústicas, generadores, una máquina de envasado al vacío y otros elementos utilizados para el procesamiento.

Estos datos son relevantes porque muestran que el problema no se limita a pequeños cultivos clandestinos. Existen estructuras capaces de instalar infraestructura logística dentro de zonas boscosas y áreas protegidas, lo que demuestra un nivel de organización considerable.

El componente ambiental de la guerra narco

La expansión del cultivo ilícito también está generando un problema ambiental.

Cuando las organizaciones criminales ingresan en zonas boscosas para establecer plantaciones, necesitan abrir espacios, instalar campamentos, construir caminos y garantizar el suministro de agua. La SENAD ha encontrado incluso sistemas de riego destinados a optimizar el cultivo de marihuana dentro del Parque Nacional Caazapá.

Esto significa que la lucha contra el narcotráfico en Caazapá tiene dos dimensiones simultáneas: seguridad y conservación ambiental.

La destrucción de bosques para instalar cultivos ilegales produce daños que pueden permanecer mucho después de que una organización sea desarticulada. De ahí que los operativos dentro de áreas protegidas tengan un impacto que va más allá de la droga incautada.

El antecedente de 2025 anticipó el desplazamiento

La Operación Sprout de febrero de 2025 resulta especialmente reveladora.

En aquella ocasión, la Policía descubrió una guarida atribuida al Clan Díaz en el asentamiento Santa Librada de Tava’i. La operación fue realizada por fuerzas especializadas y fiscales de unidades contra el narcotráfico y crimen organizado. Durante el procedimiento murieron dos integrantes de la organización y una mujer y un niño resultaron heridos.

Es decir, la penetración de estructuras criminales en Caazapá ya había sido detectada por las autoridades mucho antes del ataque de agosto de 2026.

Lo que parece estar cambiando ahora es la intensidad de la confrontación. La presencia criminal deja de ser solamente una cuestión de cultivos o campamentos clandestinos y empieza a expresarse mediante enfrentamientos armados en espacios públicos.

Ese salto es precisamente lo que preocupa a las autoridades.

La violencia también sigue las rutas del negocio

El tráfico de drogas necesita movilidad. Los grupos que controlan la producción necesitan sacar la mercancía de las zonas rurales y llevarla hasta los puntos de distribución.

En Paraguay, esa logística conecta departamentos productores con corredores nacionales y, posteriormente, con las fronteras. La presencia de organizaciones brasileñas como el Primer Comando de la Capital, PCC, y otras estructuras regionales ha aumentado la presión sobre las organizaciones locales.

Un estudio regional sobre el narcotráfico en la Hidrovía Paraná-Paraguay describe cómo organizaciones criminales utilizan Paraguay y sus conexiones fluviales y terrestres para movilizar marihuana, cocaína, armas y otros productos ilícitos hacia mercados regionales.

Esto permite entender por qué la violencia puede aparecer lejos de las fronteras. La disputa por una zona productora puede estar relacionada con el control de toda una cadena logística que termina en Brasil, Argentina u otros mercados internacionales.

El desafío para la Policía

La respuesta policial tendrá que ir mucho más allá de detener a los autores materiales del tiroteo.

Las órdenes de captura anunciadas por el comandante Silguero constituyen el primer paso. Después será necesario determinar quién ordenó el ataque, quién financió la operación, qué organización tenía interés en el territorio y cuál era el objetivo concreto de las víctimas.

La investigación también deberá establecer si existe una estructura permanente operando en Caazapá o si el ataque fue producto de una incursión puntual de grupos procedentes de otros departamentos.

Esta diferencia es fundamental.

Si se trata de una disputa ocasional, el Estado podría enfrentar un episodio criminal localizado. Si, por el contrario, se confirma una estructura estable con producción, acopio, logística, sicariato y control territorial, el problema sería considerablemente mayor.

Antes, ahora y después

Antes, Caazapá no ocupaba en el imaginario nacional el mismo lugar que Canindeyú o Amambay cuando se hablaba de guerras entre grupos vinculados al narcotráfico. La producción de marihuana existía, pero los grandes conflictos criminales se asociaban principalmente con otras zonas del país.

Ahora, la situación presenta señales diferentes. La SENAD está encontrando cultivos sofisticados, campamentos, depósitos y estructuras de producción dentro del departamento, mientras que la Policía investiga enfrentamientos armados vinculados presuntamente con grupos que compiten por actividades ilícitas.

Y después puede abrirse un escenario todavía más complejo si las organizaciones criminales consolidan su presencia territorial.

El principal riesgo no es solamente que aumenten los homicidios. La consolidación de una estructura criminal puede generar extorsión, corrupción, lavado de activos, reclutamiento de jóvenes, intimidación de productores, control de rutas y desplazamiento de familias.

Por eso, la investigación del ataque de Tava’i tiene una importancia que supera ampliamente las dos muertes registradas.

Una advertencia para todo Paraguay

La declaración de César Silguero contiene un elemento de prudencia que resulta importante: la Policía todavía no afirma de manera definitiva que exista una guerra entre los clanes mencionados. Habla de una hipótesis y reconoce que la investigación continúa.

Esa diferencia debe mantenerse hasta que aparezcan pruebas judiciales.

Pero existe algo que ya está confirmado: Caazapá tiene una actividad importante de producción ilegal de marihuana y las fuerzas de seguridad están encontrando estructuras cada vez más organizadas en el departamento. Los operativos recientes de la SENAD y el antecedente de la Operación Sprout proporcionan un contexto que hace imposible considerar el enfrentamiento de Tava’i como un hecho completamente aislado.

El futuro dependerá de si el Estado consigue actuar antes de que la disputa territorial se consolide. Desarticular las redes financieras, destruir la infraestructura de producción, controlar las rutas y capturar a los responsables intelectuales será mucho más importante que responder únicamente después de cada tiroteo.

Porque si la hipótesis del narcotráfico termina confirmándose, el enfrentamiento de Tava’i podría no ser el comienzo de la violencia criminal en Caazapá, sino una señal visible de una disputa que llevaba tiempo desarrollándose lejos de los focos de atención nacional.