

El ex titular del BCU critica la reforma que convierte al Estado en cliente de los administradores de fondos, generando conflicto de intereses y afectando el derecho de propiedad de los afiliados.
¿Cómo vislumbra la actividad económica y esto apunta a una recesión?
Por lo menos la economía está estancada, que no es un fenómeno de ahora, sino que se está volviendo prácticamente secular, digamos. O sea, desde mediados de la década pasada el crecimiento de Uruguay ha sido muy lento por factores que tienen que ver sobre todo con la inversión en capital humano, que realmente tiene problemas de formación en Uruguay. Desde el gobierno se ha señalado que su objetivo ha sido incrementar la inversión en capital físico, que también es un factor que influye en el crecimiento, pero tampoco las medidas que se han tomado han generado un clima de inversión favorable, con lo cual, digamos, sin grandes proyectos de inversión y con serios retrasos en lo que tiene que ver con la formación de capital humano, Uruguay tiene una perspectiva de crecimiento muy pobre y los periodos de buen crecimiento de Uruguay han estado en general condicionados por la situación externa. En esta coyuntura, donde además tenemos el shock negativo del petróleo, eso tampoco ayuda a un buen desempeño de la economía uruguaya a corto plazo. Es cierto que el cambio en la matriz energética hace que este shock energético sea menos grave de lo que ha sido en el pasado y, a su vez, en la medida que se mantengan todavía condiciones de financiamiento aceptables a nivel internacional y haya buena liquidez a nivel internacional, y el hecho de que eventualmente otras materias primas de las cuales somos exportadores en este contexto puedan subir de precio, por lo menos compensa parcialmente también lo que es el impacto negativo del petróleo. Pero, en balance, digamos, es un año que también arranca, digamos, con factores negativos desde el punto de vista de la coyuntura, así que yo diría que va a ser un año de un crecimiento muy bajo o prácticamente cero.
¿Cómo se explica un crecimiento débil y un aumento del costo del Estado?
Entre los problemas que tiene Uruguay justamente está en que por el costo del Estado y las regulaciones, en definitiva, lo hacen un país que es poco competitivo a nivel internacional, y eso es lo que, en definitiva, termina transformándose en un factor que afecta la dinámica de crecimiento. Hasta que no se encare el tema del tamaño del Estado, las funciones y la eficacia del Estado en sus cometidos, difícilmente Uruguay pueda alcanzar tasas de crecimiento aceptables.
La situación del mercado laboral preocupa, ¿cuáles pueden ser los efectos en el futuro?
El mercado laboral de Uruguay está con sus niveles de desempleo estructurales y presenta, frente a las posibilidades de innovación tecnológica, justamente las dificultades derivadas de un sistema educativo que no forma trabajadores adaptados a lo que son las necesidades del mundo moderno. Entonces, eso está permanentemente generando tensiones en el mercado laboral y hace que cada vez que hay proyectos que incorporan mano de obra calificada, después es difícil conseguir esa mano de obra calificada en Uruguay y termina siendo una limitante para el crecimiento. Y, por otro lado, la abundancia relativa de mano de obra no calificada hace que el empleo sea muy dependiente de lo que ocurre con sectores como la construcción, que es el que básicamente ha podido absorber ese tipo de mano de obra y eso depende mucho del influjo de inversión del extranjero.
El ministro Oddone ha manifestado en los últimos días que Uruguay está obligado a un debate tributario. ¿Cuál es su opinión?
Uruguay lo que tiene es un problema de exceso de gasto público y seguir presionando en materia de impuestos para financiar un gasto público que no es eficaz desde el punto de vista del gasto, lo único que hace es limitar todavía más las posibilidades de crecimiento. Entonces, Uruguay, por la vía de tratar de financiar ese gasto público, no ha hecho más que profundizar en estos últimos 20 años en un esquema tributario que, más allá de sus efectos sobre la presión tributaria de las personas y llevando al extremo todo lo que pueda ser la confidencialidad y la reserva en materia de intimidad de las personas, además ha generado un costo para la actividad productiva que es significativo. O sea, todo lo que es el diseño del sistema tributario uruguayo es todo lo contrario de lo que uno necesitaría desde el punto de vista del desarrollo del capital humano. Entonces, continuar por ese camino de seguir creando impuestos, aumentando impuestos, lo único que hace es todavía frenar más las posibilidades de crecimiento de Uruguay y afectar negativamente el clima de inversión. Lo que realmente debería darse en Uruguay es la discusión sobre la eficacia del gasto público, la transparencia en que tanto se insiste en materia de transparencia fiscal desde el punto de vista del contribuyente, se debería pasar a una transparencia desde el punto de vista del gasto público, qué es lo que se hace con ese gasto y qué eficacia tiene. Y finalmente ponerle el diente a algo que parece como una vaca sagrada que es que el número de funcionarios públicos no se baja, por el contrario sigue creciendo y que el tamaño del gasto público parece también imposible tocar. ¿Cuándo? Desde el punto de vista del sector privado, cuando los recursos son limitados, lo que uno hace justamente es tratar de revisar su gasto y tratar de atender las prioridades de lo que uno tiene que hacer, eso en el Estado no se hace.
Se pretende avanzar nuevamente sobre el IVA personalizado, ¿es viable?
A ver, todo depende de cuál sea el modelo de IVA personalizado que se quiera. Hay un modelo estilo japonés que supone un avance importante sobre los derechos de privacidad de las personas que básicamente supone tener la situación personal en materia de ingresos disponible a nivel de mecanismos de compensación de pagos como para poder aplicar de manera inmediata tasas diferenciales según quien sea el consumidor. Eso yo creo que Uruguay desde el punto de vista tecnológico está todavía lejos de poderlo implementar.
Lo que se habló al comienzo de este gobierno era una forma bonita de llamar algo que 30 años atrás se denominaba unificación y generalización del impuesto al valor agregado, que era realmente lo único novedoso en esa propuesta, que era pasar a tener un IVA a una tasa única sin exoneraciones o limitando mucho las exoneraciones y compensar el efecto que eso pudiese tener sobre la distribución del ingreso con transferencias a los hogares de bajos ingresos. Esas transferencias ya existen. La única novedad que había con esa propuesta era justamente la unificación y generalización del impuesto, y que en definitiva no es muy distinto a cuestiones que a nivel académico se manejaban en los años 90. Yo mismo, en mis tiempos en CERES, hice un trabajo en esa línea de estimación de cómo sería un cambio hacia un IVA generalizado y sin exoneraciones. El propio Bension, cuando era ministro de Economía, llegó a hacer un planteo en esta línea que después no tuvo apoyo político. Y esto es lo mismo, en definitiva, pero planteado con otro nombre. Y con ese nombre parece que ha tenido un poco más de marketing político, pero la realidad es que de lo que se trata es, en el fondo, de una unificación y generalización del IVA, complementado con el sistema de transferencias que hoy ya existe. Como poder hacerse, se puede hacer. Personalmente no estoy en contra, ya le digo, yo mismo he escrito sobre este tema 30 años atrás. Creo que no es lo que, sobre todo a nivel del partido de gobierno, es lo que realmente esperan sus bases.
¿Qué opinión tiene sobre el cambio de regla sobre el tema AFAPs?
Yo creo que es un gran error. Lo que se ha dicho en materia de que no cambia nada y que las AFAPs siguen funcionando, la verdad es que no es así. Hay un cambio sustancial desde el punto de vista de lo que es la responsabilidad fiduciaria sobre los ahorros de las personas, el hecho de transferir las cuentas a una entidad estatal y dejar a los administradores de fondos, en definitiva, ya no con los afiliados como clientes, sino con el Estado como cliente, lo que hace es generar allí la falta de oposición de intereses que hoy ofrece el sistema. O sea, hoy las AFAPs compran deuda pública o no compran deuda pública de acuerdo a lo que consideren más conveniente hacer desde el punto de vista del riesgo de los instrumentos de deuda uruguaya y hacen las inversiones dentro de las limitaciones que tienen en el portafolio que consideran más convenientes para el afiliado. Desde el momento en que el Estado pasa a ser su cliente, ahí se da el conflicto de intereses de que los principales papeles que tienen disponibles para comprar son los que emite el mismo que las está contratando. Entonces, ya su interés deja de ser la rentabilidad del afiliado y pasa a estar en un problema donde la asignación de su portafolio va a estar mucho más dictada por el mismo que las está contratando. Eso genera un problema de agencia fuertemente negativo. O sea, que el Estado le asigne a los administradores de fondos previsionales recursos para invertir y que yo diga: bueno, mirá, no me gustan las cosas que me ofrece, lo voy a mantener todo en efectivo. Eso seguramente genere una situación de conflicto donde en definitiva terminan siendo obligadas a invertir en lo que el Estado procura. En otros países, sobre todo en países nórdicos donde se aplica algún sistema de este tipo, allí los administradores de los fondos previsionales tienen total libertad para asignar los fondos y de hecho colocan prácticamente el 100% de las inversiones en el exterior. Discusión que en Uruguay se ha intentado dar y en general ha habido cierto rechazo a nivel político para que los fondos previsionales inviertan en el exterior. Esa sería la única manera de lograr un cierto equilibrio en el sistema dándole más independencia a los administradores de fondos respecto de la oferta de opciones de inversión que pueda provenir del propio Estado. Realmente se podrían hacer muchas cosas para mejorar la rentabilidad de los fondos previsionales, por ejemplo, admitiendo inversiones en el exterior. Hay mucho para hacer para mejorar la rentabilidad de lo que es el periodo de desacumulación, o sea, cuando los agentes retiran, antes que estar introduciendo este cambio que creo que tiene consecuencias muy negativas desde el punto de vista del derecho de propiedad en la sociedad, en lo que es la garantía para los afiliados del sistema.
Iván Mourelle
Fuente de esta noticia: https://www.xn--lamaana-7za.uy/economia/el-cambio-en-la-operativa-de-las-afap-es-un-gran-error/
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