
La oficina regional de Antinarcóticos fue “barrida”, sin embargo, permanecen dos suboficiales que participaron del sugestivo allanamiento, para informar a los nuevos y dar secuencia a los “negocios”.
Una verdadera guerra interna por el control del narcotráfico sería la que actualmente se está librando dentro de la propia Policía Nacional en Alto Paraná, irónicamente involucrando directamente al Departamento de Antinarcóticos, organismo que teóricamente debería combatir el tráfico de drogas y el crimen organizado en la frontera. El escándalo, que en los últimos días provocó el desmantelamiento casi total de la oficina regional de Antinarcóticos, ahora amenaza con escalar aún más luego de que el abogado Mauro Barreto anunciara la presentación de una denuncia formal contra policías y asistentes fiscales que participaron del polémico allanamiento a la vivienda del suboficial Porfirio Cárdenas, procedimiento realizado dos semanas atrás en el km 10 Acaray de Ciudad del Este.
Según la versión sostenida por la defensa del uniformado, el operativo habría sido ejecutado como una represalia o “venganza” relacionada con conflictos internos y supuestas disputas derivadas de una “mexicaneada” entre agentes policiales ligados a Investigación de Delitos y miembros de Antinarcóticos.
La denuncia será presentada este lunes 11 de mayo contra agentes policiales y también contra asistentes fiscales de la unidad 2 del fiscal antidrogas Manuel Rojas Rodríguez, quienes acompañaron el allanamiento que buscaba supuestamente un vehículo con un importante cargamento de cocaína. Sin embargo, durante el procedimiento no se encontró absolutamente ninguna evidencia incriminatoria.
El caso terminó desatando un feroz enfrentamiento interno dentro de la institución policial, exponiendo nuevamente las profundas fracturas, sospechas de filtración de información y vínculos oscuros que desde hace años rodean a organismos sensibles de seguridad en Alto Paraná.
De acuerdo a los antecedentes, el suboficial Porfirio Cárdenas presta actualmente servicios en Investigación de Delitos de Ciudad del Este, mientras que su hermano Santiago Cárdenas, también policía y anteriormente integrante de Antinarcóticos, actualmente trabaja en la oficina regional de Santa Rita. Ambos nombres comenzaron a sonar con fuerza tras el operativo fallido ejecutado por Antinarcóticos. La defensa sostiene que detrás del procedimiento existiría una disputa interna por territorio, dinero y control de operaciones relacionadas al narcotráfico en la zona de frontera.
INTERVENCIÓN DE LA CÚPULA
La gravedad del caso obligó incluso a la cúpula policial a intervenir de manera urgente la oficina regional de Antinarcóticos de Alto Paraná. La medida derivó en el traslado del entonces jefe de la dependencia, comisario Derlis Núñez Chávez, además de otros jefes y subalternos que integraban la estructura antidrogas regional.
Entre los efectivos policiales señalados como participantes del allanamiento aparecen: el subcomisario Santiago Argüello González, suboficial mayor Derlis Rubén Giménez Colmán. suboficial mayor Zacarías Cabrera Torres; oficial primero Gloria Estefani García López. suboficial mayor Gustavo Salinas y suboficial mayor Isabelino Cantero.
Sin embargo, llamativamente, dos de los agentes mencionados en el procedimiento no fueron trasladados tras la intervención de la dependencia regional antidrogas: Suboficial mayor Gustavo Salinas y el suboficial mayor Isabelino Cantero. Precisamente sobre estos dos uniformados recaen ahora fuertes sospechas dentro del propio ambiente policial. Según fuentes vinculadas al caso, serían los encargados de permanecer dentro de la oficina regional para seguir manejando información sensible, contactos y “directivas” internas relacionadas a los supuestos negocios ilícitos que operan bajo protección policial.
SOSPECHAS GRAVES
Las sospechas son extremadamente graves, ya que apuntan directamente a una supuesta estructura enquistada dentro de Antinarcóticos que, en lugar de perseguir el tráfico de drogas, terminaría administrando esquemas de protección y manejo del negocio ilícito en la frontera. La situación genera enorme preocupación debido a que Alto Paraná continúa siendo uno de los principales corredores utilizados por organizaciones criminales para el tráfico de cocaína, marihuana, armas y contrabando hacia el Brasil y otros mercados internacionales.
El abogado Mauro Barreto reconoció incluso que existen dudas sobre el avance real de la denuncia que será presentada este lunes, atendiendo a los fuertes vínculos y relaciones internas que históricamente existen entre sectores de la Policía Nacional y el Ministerio Público. Según sostuvo, muchas veces las denuncias contra uniformados terminan frenadas o directamente diluidas debido a mecanismos de protección corporativa, tráfico de influencias y contactos políticos que terminan garantizando impunidad a los agentes involucrados. Otro elemento que aumenta todavía más las sospechas es que, pese al escándalo generado tras el allanamiento y la posterior intervención policial, los asistentes fiscales denunciados continúan desempeñando funciones normalmente dentro de la unidad nº 2.
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Fuente de esta noticia: https://www.laclave.com.py/2026/05/11/guerra-interna-por-narcotrafico-sacude-a-la-policia-y-salpica-a-antinarcoticos-en-alto-parana/
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