**Colombia ingresó oficialmente a la Coalición de las Américas Contra los Carteles, conocida como Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por Estados Unidos para coordinar la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y las organizaciones armadas consideradas terroristas. La incorporación, formalizada el 12 de agosto de 2026 durante una reunión de la coalición en Panamá, convierte a Colombia en el decimonoveno integrante del bloque y marca un giro significativo en la relación de seguridad entre Bogotá y Washington. El acuerdo bilateral firmado por el ministro de Defensa colombiano, mayor general retirado Jorge Eduardo Mora, y las autoridades estadounidenses contempla un aumento del intercambio de información, una mayor coordinación operacional y la posibilidad de profundizar las operaciones conjuntas. El cambio adquiere una dimensión todavía mayor después de que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, revelara que el Gobierno de Abelardo de la Espriella solicitó directamente colaboración estadounidense para operaciones militares conjuntas contra organizaciones armadas y redes de narcotráfico. **
La incorporación colombiana no es un hecho aislado ni comenzó el 12 de agosto. Es el resultado de un cambio acelerado en la política de seguridad exterior de Bogotá después de la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia el 7 de agosto. Durante su discurso de posesión, el nuevo mandatario prometió endurecer la ofensiva contra las organizaciones criminales y anunció que Colombia se integraría al Escudo de las Américas, una decisión que rápidamente fue respaldada por la administración de Donald Trump.
El nuevo escenario también debe interpretarse a la luz de una relación bilateral que durante los años anteriores atravesó momentos de tensión. La cooperación entre Colombia y Estados Unidos en materia de seguridad, inteligencia y lucha contra las drogas tiene varias décadas de historia, pero durante el Gobierno de Gustavo Petro surgieron diferencias importantes respecto de la estrategia antidrogas, la erradicación de cultivos ilícitos y el papel de la cooperación militar estadounidense. Un análisis de la Cámara de Comercio Colombo Americana elaborado antes de la incorporación al bloque advertía que la exclusión inicial de Colombia del Escudo de las Américas no significaba la desaparición de los mecanismos bilaterales existentes, pero sí podía ser interpretada como una señal de Washington sobre el nivel de cooperación que esperaba de Bogotá.
Ahora esa situación cambió radicalmente. Colombia no solamente ingresó al mecanismo regional, sino que ofreció sus propias capacidades militares y experiencia operacional para fortalecer la seguridad en el Pacífico y el Caribe. El Ministerio de Defensa colombiano indicó que Bogotá pretende desempeñar un papel activo dentro de la coalición y no limitarse a recibir asistencia estadounidense.
¿Qué es realmente el Escudo de las Américas?
El denominado Escudo de las Américas es una iniciativa multinacional de seguridad impulsada por Washington que busca coordinar a países del hemisferio occidental frente a organizaciones criminales transnacionales, especialmente redes vinculadas al narcotráfico. La estrategia contempla intercambio de inteligencia, cooperación militar, coordinación de operaciones y apoyo entre los Estados participantes.
La incorporación de Colombia adquiere especial importancia porque el país ocupa una posición geográfica estratégica: tiene costas tanto sobre el océano Pacífico como sobre el mar Caribe, limita con Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá y se encuentra en una de las principales zonas de producción, tránsito y salida de cocaína hacia los mercados internacionales.
Por esa razón, para Washington la participación colombiana ofrece capacidades que difícilmente podrían ser reemplazadas por otro miembro de la coalición. Colombia posee una larga experiencia en inteligencia contra organizaciones armadas, interdicción marítima, operaciones aéreas, control territorial y lucha contra redes de narcotráfico. El propio Gobierno colombiano ha presentado durante años sus fuerzas de seguridad como un socio regional capaz de exportar conocimientos y entrenamiento.
El punto que cambia todo: operaciones militares conjuntas
La parte más sensible del nuevo acuerdo no es solamente el intercambio de información. Es la posibilidad de realizar operaciones militares conjuntas.
El 12 de agosto, Pete Hegseth afirmó públicamente que Colombia había solicitado a Estados Unidos participar en operaciones militares dentro del territorio colombiano contra lo que Washington denomina “narcoterrorismo”. Según el funcionario estadounidense, el Gobierno de De la Espriella autorizó operaciones conjuntas destinadas a combatir organizaciones y redes terroristas.
Reuters informó que Hegseth incluso confirmó que había hablado sobre la posibilidad de realizar ataques conjuntos contra grupos armados colombianos, incluidos el ELN y remanentes de las antiguas FARC, organizaciones que Estados Unidos considera terroristas. El funcionario sostuvo que las organizaciones designadas como terroristas podrían convertirse en objetivos legítimos de operaciones estadounidenses cuando actúen junto con gobiernos socios.
Ese planteamiento representa un salto cualitativo respecto de la cooperación tradicional. Durante décadas, Washington proporcionó a Colombia equipos, entrenamiento, inteligencia, asistencia financiera y apoyo logístico. Una participación estadounidense más directa en operaciones militares dentro de Colombia elevaría considerablemente el nivel de integración entre ambos aparatos de seguridad.
Del Plan Colombia al posible “nuevo Plan Colombia”
La comparación histórica resulta inevitable.
A comienzos de los años 2000, Estados Unidos y Colombia desarrollaron Plan Colombia, un gigantesco programa de cooperación que combinó asistencia militar, lucha contra el narcotráfico, fortalecimiento institucional y programas sociales. El mecanismo transformó las capacidades de las Fuerzas Militares y de la Policía colombianas y convirtió a Colombia en uno de los principales socios de Washington en seguridad en América Latina.
Ahora, un funcionario estadounidense citado por Reuters señaló que la nueva asociación podría incluso superar el nivel de cooperación alcanzado durante Plan Colombia. Washington anunció además un paquete de aproximadamente 1.000 millones de dólares en asistencia de seguridad para el Gobierno de De la Espriella.
La diferencia, sin embargo, es que el nuevo contexto internacional es mucho más amplio. El narcotráfico ya no es visto exclusivamente como un problema policial. Washington está vinculando las organizaciones criminales con amenazas a la seguridad hemisférica y con la influencia de actores externos.
El regreso de una política hemisférica más dura
La estrategia de la administración Trump también tiene una dimensión geopolítica.
Hegseth presentó el nuevo enfoque como una defensa del hemisferio frente a narcotraficantes y amenazas externas, utilizando incluso una reinterpretación de la histórica Doctrina Monroe, denominada por él “Donroe Doctrine”, en referencia al presidente Donald Trump.
Esto significa que la lucha contra el narcotráfico se está incorporando a una estrategia estadounidense más amplia de seguridad hemisférica. Washington busca fortalecer alianzas militares con gobiernos considerados más dispuestos a cooperar y, al mismo tiempo, reducir la influencia de actores externos en sectores considerados estratégicos.
Para Colombia, esto puede significar un aumento considerable de su peso dentro de la arquitectura de seguridad estadounidense en América Latina. Pero también implica asumir mayores responsabilidades y riesgos.
¿Qué gana Colombia?
El primer beneficio potencial es el acceso a más inteligencia, tecnología, capacitación y capacidades operacionales estadounidenses.
Estados Unidos posee sistemas de vigilancia aérea y marítima, capacidades satelitales, inteligencia de señales, seguimiento financiero y experiencia en operaciones contra redes transnacionales que pueden complementar las capacidades colombianas.
Para un país que enfrenta simultáneamente al ELN, disidencias de las FARC, estructuras del narcotráfico, minería ilegal, extorsión y otras economías criminales, disponer de una cooperación más integrada puede aumentar la capacidad del Estado para localizar objetivos, identificar rutas y desarticular estructuras.
También existe un componente financiero. El paquete estadounidense de 1.000 millones de dólares anunciado para Colombia puede traducirse en equipos, entrenamiento, infraestructura y programas de seguridad que el Estado colombiano difícilmente podría financiar por sí solo en el corto plazo.
¿Y qué arriesga Colombia?
La otra cara del acuerdo es la soberanía nacional.
El Ministerio de Defensa colombiano insistió en que la cooperación se desarrollará respetando la soberanía, la Constitución, el derecho internacional y el ordenamiento jurídico colombiano. Esa precisión no es menor: una mayor participación estadounidense en operaciones militares inevitablemente generará preguntas sobre quién toma las decisiones, bajo qué legislación se realizan las operaciones y qué mecanismos de control tendrán las instituciones colombianas.
También existe el riesgo de que Colombia termine involucrada en una estrategia militar regional cuyos objetivos excedan la lucha contra las drogas. Si Washington considera que determinados grupos criminales forman parte de una amenaza terrorista hemisférica, las operaciones podrían adquirir una dimensión mucho más agresiva que las tradicionales misiones antidrogas.
Por eso, el Gobierno de De la Espriella tendrá que explicar con precisión qué tipo de operaciones están autorizadas, qué presencia estadounidense habrá en territorio colombiano, cuáles serán las reglas de enfrentamiento y qué controles ejercerán las autoridades civiles.
El cambio frente al Gobierno de Petro
La diferencia política con la administración anterior es evidente.
El Gobierno de Gustavo Petro defendió una estrategia que buscaba modificar el enfoque tradicional de la guerra contra las drogas, poniendo mayor énfasis en la reducción de daños, la sustitución de economías ilícitas y la negociación con organizaciones armadas.
La administración De la Espriella está planteando prácticamente el camino inverso: más presión militar, mayor cooperación con Washington, fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y ofensiva directa contra las organizaciones criminales.
El giro coincide con la estrategia regional de Trump, que busca convertir la lucha contra los carteles en una prioridad de seguridad hemisférica.
El narcotráfico colombiano sigue siendo el problema central
La decisión también responde a una realidad que ningún Gobierno puede ignorar: Colombia continúa siendo un actor fundamental dentro de la economía mundial de la cocaína.
El país posee enormes zonas rurales de difícil acceso, corredores hacia las costas del Pacífico y Caribe y fronteras extensas que dificultan el control estatal. Las organizaciones criminales aprovechan esa geografía para producir, transportar y exportar drogas.
Durante años, la cooperación con Estados Unidos permitió realizar operaciones de interdicción marítima, destrucción de laboratorios, captura y extradición de narcotraficantes y seguimiento financiero de organizaciones criminales. Un documento de la Cancillería colombiana registra que la cooperación bilateral en seguridad y lucha antidrogas ya había alcanzado un alto grado de integración antes del actual acuerdo.
El nuevo escenario pretende llevar esa cooperación a un nivel superior.
Una Colombia estratégica para Estados Unidos
Hay otro elemento que explica la importancia de la decisión: la geografía colombiana.
Colombia es el único país sudamericano con acceso simultáneo al Pacífico y al Caribe. Sus costas permiten controlar rutas marítimas hacia Centroamérica, México y Estados Unidos, mientras que su posición junto a Panamá la convierte en un punto fundamental para la seguridad del corredor interoceánico.
El ministro Jorge Eduardo Mora afirmó que Colombia puede contribuir especialmente en ambos espacios marítimos. Esa capacidad convierte al país en un socio fundamental dentro de una estrategia estadounidense que pretende controlar las rutas utilizadas por organizaciones criminales transnacionales.
El factor Venezuela y el nuevo mapa regional
El cambio colombiano también ocurre en un momento de profunda transformación de la política estadounidense hacia América Latina.
La administración Trump ha incrementado su participación militar en la región y ha desarrollado operaciones contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas, mientras que Estados Unidos también realizó en enero una operación que terminó con la salida del poder de Nicolás Maduro en Venezuela, según el contexto descrito por Reuters.
La frontera entre Colombia y Venezuela adquiere así una importancia adicional. El territorio fronterizo ha sido históricamente utilizado por grupos armados y redes de contrabando, y cualquier aumento de operaciones militares colombianas puede tener repercusiones directas sobre la dinámica de seguridad venezolana.
Eso significa que la cooperación Colombia-Estados Unidos ya no debe analizarse únicamente como una cuestión bilateral. Puede convertirse en una pieza de una nueva arquitectura de seguridad que abarque Caribe, Pacífico, Centroamérica y norte de Sudamérica.
¿Qué puede ocurrir ahora?
El primer paso será transformar el acuerdo político en protocolos operativos concretos. Eso significa establecer qué información se compartirá, qué unidades participarán, cómo se coordinarán las operaciones, qué tecnología será suministrada y cuáles serán los procedimientos para ejecutar acciones conjuntas.
El segundo desafío será demostrar resultados. El Gobierno de De la Espriella prometió reducir drásticamente los cultivos ilícitos y recuperar el control territorial. Estados Unidos, por su parte, espera resultados concretos contra las organizaciones que producen y transportan drogas.
El tercer desafío será político. Una ofensiva militar más intensa puede generar resistencia de sectores que cuestionen una mayor presencia estadounidense en Colombia. La discusión sobre soberanía, derechos humanos y límites constitucionales probablemente crecerá a medida que la cooperación pase del intercambio de información a operaciones concretas.
Y existe un cuarto desafío: los resultados no pueden medirse únicamente por toneladas de cocaína incautadas. Si las organizaciones criminales son golpeadas pero rápidamente sustituidas por nuevas estructuras, el problema continuará. La verdadera eficacia deberá medirse por la reducción de homicidios, extorsiones, secuestros, desplazamientos, control territorial de las bandas y capacidad del Estado para recuperar las zonas donde las economías ilegales sustituyeron a las instituciones.
Antes, ahora y después
Antes, Colombia era uno de los principales socios militares de Estados Unidos en América Latina, pero la relación atravesó un período de tensión durante los últimos años, especialmente alrededor de la política antidrogas del Gobierno de Petro. La exclusión inicial de Bogotá del Escudo de las Américas simbolizó ese distanciamiento.
Ahora, con Abelardo de la Espriella en la Presidencia, Colombia pasó de estar fuera de la iniciativa a convertirse en su decimonoveno miembro, con un acuerdo bilateral que busca ampliar el intercambio de inteligencia y la coordinación operacional. Al mismo tiempo, Washington anunció 1.000 millones de dólares de asistencia de seguridad y comenzó a hablar abiertamente de operaciones militares conjuntas.
Después vendrá la prueba más difícil: determinar si esta nueva alianza consigue realmente debilitar las estructuras criminales sin producir una escalada de violencia, conflictos de soberanía o violaciones de derechos.
La incorporación al Escudo de las Américas puede convertirse en uno de los mayores cambios de la política de seguridad colombiana en décadas. Puede significar el regreso de una cooperación con Estados Unidos incluso más intensa que la de Plan Colombia, pero también coloca a Bogotá en primera línea de una estrategia hemisférica mucho más ambiciosa de Washington.
La pregunta ya no es si Colombia volverá a cooperar estrechamente con Estados Unidos. Eso ya ocurrió. La verdadera cuestión es hasta dónde llegará esa cooperación y qué precio político, militar y estratégico tendrá para Colombia.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
GILSON DANTAS CARMINI
Gilson Dantas Carmini es periodista brasileño, presidente y editor en jefe de Prensa Mercosur. Especializado en integración regional, geopolítica y derechos humanos, desarrolla una destacada labor en el ámbito de la comunicación internacional.
Posee un Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional y mantiene una amplia red de relaciones profesionales, académicas y diplomáticas en América Latina y Asia.
Entre sus reconocimientos destacan el Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores de México (2021), el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Internacional México Blanco (2020) y el título de Amigo de la Niñez y la Adolescencia.
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