𝗟𝗮 𝗣𝗼𝗹𝗶𝗰í𝗮 𝗠𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝗿 𝗱𝗲𝗹 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗥í𝗼 𝗱𝗲 𝗝𝗮𝗻𝗲𝗶𝗿𝗼 𝗽𝘂𝘀𝗼 𝗲𝗻 𝗺𝗮𝗿𝗰𝗵𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗺𝗮ñ𝗮𝗻𝗮, 𝗷𝘂𝗲𝘃𝗲𝘀 𝟭𝟯 𝗱𝗲 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟲, 𝘂𝗻𝗮 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗰𝗼𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗱𝗮 𝗲𝗻 𝗮𝗹 𝗺𝗲𝗻𝗼𝘀 𝟮𝟳 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝗲𝘅𝗽𝗮𝗻𝘀𝗶ó𝗻 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗩𝗲𝗿𝗺𝗲𝗹𝗵𝗼 (𝗖𝗩). 𝗟𝗮 𝗼𝗳𝗲𝗻𝘀𝗶𝘃𝗮 𝗿𝗲ú𝗻𝗲 𝗮 𝟮𝟳 𝗯𝗮𝘁𝗮𝗹𝗹𝗼𝗻𝗲𝘀, 𝗹𝗮𝘀 𝘂𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗢𝗽𝗲𝗿𝗮çõ𝗲𝘀 𝗘𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗶𝘀 (𝗖𝗢𝗘) 𝘆 𝗹𝗼𝘀 𝗼𝗰𝗵𝗼 𝗖𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗣𝗼𝗹𝗶𝗰𝗶𝗮𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲 Á𝗿𝗲𝗮 (𝗖𝗣𝗔), 𝗰𝗼𝗻 𝗮𝗰𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗺𝘂𝗹𝘁á𝗻𝗲𝗮𝘀 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹, 𝗹𝗮 𝗕𝗮𝗷𝗮𝗱𝗮 𝗙𝗹𝘂𝗺𝗶𝗻𝗲𝗻𝘀𝗲 𝘆 𝗹𝗮 𝗥𝗲𝗴𝗶ó𝗻 𝗠𝗲𝘁𝗿𝗼𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗮𝗻𝗮. 𝗟𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗼𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗲𝘀 𝗰𝘂𝗺𝗽𝗹𝗶𝗿 ó𝗿𝗱𝗲𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗶𝘀𝗶ó𝗻, 𝗮𝗽𝗿𝗲𝗵𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗮𝗿𝗺𝗮𝘀 𝘆 𝗱𝗿𝗼𝗴𝗮𝘀, 𝗿𝗲𝗰𝘂𝗽𝗲𝗿𝗮𝗿 𝘃𝗲𝗵í𝗰𝘂𝗹𝗼𝘀 𝗿𝗼𝗯𝗮𝗱𝗼𝘀 𝘆 𝗿𝗲𝘁𝗶𝗿𝗮𝗿 𝗯𝗮𝗿𝗿𝗶𝗰𝗮𝗱𝗮𝘀 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗹𝗮𝗱𝗮𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗴𝗿𝘂𝗽𝗼𝘀 𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀. 𝗟𝗮 𝗷𝗼𝗿𝗻𝗮𝗱𝗮 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝘆ó 𝘁𝗶𝗿𝗼𝘁𝗲𝗼𝘀, 𝗯𝗮𝗿𝗿𝗶𝗰𝗮𝗱𝗮𝘀 𝗲𝗻 𝗹𝗹𝗮𝗺𝗮𝘀, 𝗱𝗼𝘀 𝘀𝗼𝘀𝗽𝗲𝗰𝗵𝗼𝘀 𝗵𝗲𝗿𝗶𝗱𝗼𝘀 𝘆 𝗹𝗮 𝗰𝗮𝗽𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗲 𝘂𝗻 𝗵𝗼𝗺𝗯𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝘂𝗻 𝗳𝘂𝘀𝗶𝗹 𝗔𝗥-𝟭𝟬, 𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝘀 𝗹𝗮𝘀 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗯𝘂𝘀𝗰𝗮𝗻 𝗳𝗿𝗲𝗻𝗮𝗿 𝗹𝗮 𝗱𝗶𝘀𝗽𝘂𝘁𝗮 𝗽𝗼𝗿 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗵𝗮 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝗳𝗮𝗰𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗮𝗿𝗺𝗮𝗱𝗮𝘀 𝗲𝗻 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝘀 𝘇𝗼𝗻𝗮𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗥í𝗼.

La dimensión de la operación revela que no se trata de una intervención aislada en una favela determinada. Los efectivos fueron distribuidos en diferentes puntos con objetivos específicos, de acuerdo con la situación de cada territorio. Entre las áreas mencionadas se encuentran Ciudad de Dios, Complejo de Chapadão, Pombo Sem Asa, Canal, Vila Vintém, Batan, Andaraí, Quitungo y Guaporé, además de municipios de la Baixada Fluminense y de la Región Metropolitana.

En la Ciudad de Dios, agentes del Grupamento de Ações Táticas fueron atacados desde una zona de vegetación. Después de que cesaran los disparos, los policías localizaron a dos hombres heridos, a quienes se les incautaron una pistola, una granada, un radiotransmisor y una mochila con drogas. Ambos fueron trasladados al Hospital Municipal Lourenço Jorge. Hasta las primeras horas de la tarde no se había informado públicamente sobre su estado de salud.

En otra zona de la capital, entre Quitungo y Guaporé, policías del 16º BPM fueron atacados a tiros durante la intervención. Tras establecer un cerco, localizaron a un hombre que llevaba un fusil AR-10. La captura adquirió especial relevancia porque, según la Policía Militar, el detenido estaría relacionado con el asesinato del sargento Marco Antônio Matheus Maia, ocurrido en diciembre de 2024 en Quitungo.

La Policía también informó que el detenido, conocido como “Coquinho”, tenía antecedentes por delitos como robo a mano armada y homicidio. El caso fue trasladado a la 38ª Comisaría de Policía de Brás de Pina, donde deberá continuar la investigación judicial.

Mientras tanto, en el Complejo de Chapadão, la Policía Militar puso en marcha la denominada Operación Barricada Zero, destinada principalmente a combatir robos de cargas y vehículos, recuperar automóviles robados o clonados, localizar drogas y eliminar obstáculos colocados en las calles por grupos criminales. Durante el avance policial, delincuentes incendiaron vehículos para intentar dificultar el desplazamiento de los agentes.

Una operación que abarca buena parte del área metropolitana

El despliegue también alcanzó Duque de Caxias, São João de Meriti, Queimados, Magé, Itaboraí, São Gonçalo y Niterói. Esta extensión territorial muestra que la preocupación de las autoridades ya no se limita al control de determinados complejos de favelas de la capital, sino que está relacionada con la capacidad de las organizaciones criminales para ampliar sus áreas de influencia hacia otros municipios.

La estrategia combina diferentes instrumentos policiales. En algunos puntos se ejecutan órdenes judiciales de prisión y allanamiento; en otros, la prioridad es recuperar vías bloqueadas, retirar barricadas, localizar armas o drogas y recuperar vehículos. En zonas consideradas de mayor riesgo participan unidades especializadas como el Bope, especialmente en operaciones relacionadas con disputas territoriales.

El concepto de expansión territorial resulta fundamental para comprender la operación. El Comando Vermelho no actúa únicamente como una estructura dedicada al comercio de drogas. En los territorios bajo disputa, las organizaciones buscan controlar rutas, puntos de venta, extorsiones, circulación de mercancías y actividades económicas locales, además de imponer restricciones a la movilidad de los habitantes.

El antecedente inmediato: una ciudad marcada por nuevos enfrentamientos

La ofensiva ocurre apenas un día después de otro episodio que mostró los riesgos que enfrenta la población civil. El miércoles 12 de agosto, una mujer de 53 años, identificada como Aline de Siqueira Affonso, fue alcanzada por un disparo en el cuello mientras viajaba en un autobús durante un enfrentamiento entre policías y delincuentes en Vicente de Carvalho.

El conductor quedó en estado de shock y un policía militar tomó el control del autobús para trasladar a la víctima hasta un hospital. El episodio volvió a poner en evidencia uno de los principales problemas de la violencia urbana en Río: los enfrentamientos entre grupos criminales y fuerzas de seguridad pueden producir víctimas incluso cuando las personas afectadas no tienen ninguna relación con las organizaciones que se enfrentan.

La sucesión de episodios también explica la presión sobre la Policía Militar para realizar operaciones simultáneas en diferentes regiones. La disputa territorial obliga a las fuerzas de seguridad a responder en varios puntos al mismo tiempo, mientras los grupos criminales buscan aprovechar cualquier desplazamiento de efectivos para consolidar posiciones en otros sectores.

El problema de las barricadas

Uno de los objetivos centrales de la jornada es la eliminación de las barricadas.

Estos obstáculos, construidos con vehículos, bloques de cemento, estructuras metálicas y otros materiales, tienen una función estratégica para las organizaciones criminales: dificultan el acceso de vehículos policiales, retrasan operaciones, permiten controlar quién entra y sale de determinadas áreas y pueden servir como mecanismos de alerta ante la llegada de las fuerzas de seguridad.

Para los residentes, sin embargo, las barricadas significan una reducción concreta del derecho de circulación. Ambulancias, camiones de reparto, transporte público, servicios de emergencia y vecinos pueden encontrar dificultades para atravesar determinados puntos.

Por esa razón, la Policía Militar presenta la retirada de estos obstáculos no solamente como una acción contra el crimen, sino también como una forma de recuperar la movilidad de los habitantes y restablecer la presencia del Estado en calles controladas de facto por grupos armados.

De la disputa entre facciones al control territorial

La violencia actual del Río de Janeiro tiene antecedentes mucho más profundos. Durante décadas, la ciudad desarrolló un modelo de ocupación territorial marcado por la presencia de facciones del narcotráfico y milicias, con áreas donde el Estado tuvo dificultades para ejercer un control permanente.

El problema se agravó cuando las organizaciones comenzaron a competir por territorios estratégicos y a utilizar armamento cada vez más pesado. Los fusiles incautados durante operaciones recientes muestran que determinadas facciones poseen una capacidad de fuego muy superior a la delincuencia convencional.

La disputa no es solamente por una favela. En muchos casos, controlar un territorio permite acceder a rutas de transporte, puntos de distribución de drogas, zonas comerciales, comunidades densamente pobladas y conexiones con otras áreas dominadas por aliados o grupos rivales.

Por eso, una operación policial puede conseguir retirar barricadas, decomisar armas o detener sospechosos durante un día, pero el desafío de largo plazo consiste en impedir que otra organización ocupe el espacio dejado por la anterior.

El antecedente de las grandes operaciones

Río de Janeiro ya ha experimentado operaciones policiales de enorme magnitud. La experiencia más reciente demuestra precisamente la complejidad de este tipo de estrategia.

En octubre de 2025, una gigantesca operación en los complejos de Alemão y Penha contra el Comando Vermelho produjo un número extraordinariamente elevado de muertes y provocó un intenso debate nacional sobre el modelo de seguridad pública utilizado en Río. Aquella operación movilizó aproximadamente 2.500 agentes y buscaba cumplir órdenes de prisión contra integrantes de la organización.

El episodio dejó una discusión abierta que continúa vigente: si las operaciones de gran escala consiguen realmente desarticular las estructuras criminales o si, por el contrario, producen una interrupción temporal que puede ser seguida por nuevas disputas territoriales.

Ese antecedente hace que la operación del 13 de agosto sea observada con especial atención. La cantidad de comunidades involucradas demuestra una estrategia de presencia simultánea, pero todavía será necesario conocer cuántas órdenes fueron cumplidas, cuántos detenidos se produjeron, qué cantidad de armas y drogas fue incautada y si las autoridades lograron modificar efectivamente el control territorial.

La población queda en medio

Para los residentes de las comunidades donde se desarrollan los enfrentamientos, la operación representa una realidad mucho más inmediata.

Los tiroteos pueden interrumpir el transporte, obligar al cierre de comercios, suspender clases y limitar el desplazamiento de trabajadores. En zonas donde las confrontaciones ocurren con frecuencia, la población desarrolla rutinas condicionadas por los horarios de las operaciones y por la posibilidad de que un enfrentamiento cierre una carretera o una vía de acceso.

La situación también genera un dilema permanente para las fuerzas de seguridad: deben ingresar en territorios donde pueden enfrentar hombres armados, pero al mismo tiempo tienen la obligación de reducir al mínimo el riesgo para los residentes.

El episodio de la mujer herida dentro de un autobús el día anterior demuestra hasta qué punto una confrontación localizada puede afectar rápidamente a personas que simplemente están transitando por la ciudad.

Lo que puede ocurrir después de la operación

El verdadero resultado de la ofensiva no se medirá solamente por las armas decomisadas o por las detenciones realizadas durante este jueves.

El indicador más importante será determinar si las autoridades consiguen mantener presencia permanente en las zonas intervenidas. Si las barricadas son retiradas pero vuelven a aparecer días después, o si una facción recupera rápidamente los puntos de venta y las rutas que perdió, el impacto de la operación será limitado.

También será fundamental el trabajo de inteligencia. Las investigaciones necesitan identificar no solamente a los hombres que están físicamente en las calles, sino a quienes financian, coordinan y administran las estructuras criminales, incluyendo las redes económicas que permiten lavar dinero, adquirir armas y mantener operaciones logísticas.

La reciente Operación Hidra, realizada por la Policía Civil de Maranhão en varios estados y que también llegó al Río de Janeiro, ofrece un ejemplo de esta otra dimensión. En aquella investigación fueron detenidas personas señaladas como integrantes de la estructura del Comando Vermelho y se ordenó el bloqueo de más de 17,2 millones de reales, además del secuestro de vehículos.

Eso demuestra que combatir una facción exige actuar simultáneamente sobre su estructura territorial, financiera y logística.

Antes, ahora y después

Antes, la violencia de las facciones estaba más asociada a determinados territorios y corredores del narcotráfico. Con el paso del tiempo, las organizaciones ampliaron sus áreas de influencia y aumentaron su capacidad para disputar comunidades enteras.

Ahora, la Policía Militar responde con una operación de dimensiones estatales, movilizando 27 batallones y ocho comandos de área, mientras unidades especializadas actúan en comunidades consideradas estratégicas para las disputas territoriales.

Después de esta jornada comenzará la parte más difícil: determinar si las detenciones y las incautaciones consiguen modificar de forma duradera la estructura del crimen organizado. La experiencia de Río muestra que recuperar una calle o una comunidad es solamente el primer paso. El desafío real es impedir que el territorio vuelva a quedar bajo el control de una organización criminal.

La operación del 13 de agosto, por lo tanto, representa mucho más que una nueva incursión policial. Es otro capítulo de una disputa que lleva años transformando la seguridad pública de Río de Janeiro y que enfrenta al Estado con organizaciones capaces de controlar territorios, levantar barricadas, utilizar armas de guerra y disputar comunidades enteras.

El resultado final dependerá de lo que ocurra después de que los policías abandonen las áreas intervenidas: si el Estado permanece, la operación puede convertirse en una recuperación territorial; si se retira y las estructuras criminales regresan, habrá sido apenas una pausa dentro de una guerra que continúa afectando a millones de habitantes del estado de Río de Janeiro.