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En medio de una campaña electoral marcada por la polarización y la circulación acelerada de versiones sin verificar, ha tomado fuerza una narrativa que sugiere que el presidente Gustavo Petro estaría detrás de un supuesto impulso a la candidatura de Abelardo de la Espriella. La afirmación, replicada en redes y espacios políticos, se sostiene sobre una lectura imprecisa de hechos judiciales que, hasta ahora, no respaldan esa conclusión.
Lo que sí ha sido confirmado es la existencia de interceptaciones autorizadas por un juez en el marco de una investigación relacionada con la empresa Thomas Greg & Sons, protagonista del controvertido proceso del contrato de pasaportes. Según la información disponible, dichas interceptaciones hacen parte de un procedimiento judicial dirigido a esclarecer posibles irregularidades en ese negocio, y no a realizar seguimientos políticos a candidatos o figuras públicas.
La confusión surge cuando se intenta trasladar el foco de esa investigación hacia el terreno electoral. En ese tránsito, una diligencia judicial ordinaria termina presentada como un episodio de espionaje político, sin que existan pruebas que sustenten esa afirmación. En un país donde el uso indebido de interceptaciones ha dejado episodios sensibles en la historia reciente, la ligereza con la que se hacen estas acusaciones no resulta menor.
Expertos en temas judiciales coinciden en que la aparición incidental de nombres de figuras públicas dentro de una investigación no implica, por sí misma, la existencia de persecución. Las interceptaciones, cuando cuentan con aval judicial, responden a líneas de indagación concretas, y su alcance está determinado por el objeto del proceso, no por intereses políticos coyunturales.
Sin embargo, en el actual clima electoral, la distinción entre hechos y versiones parece diluirse con facilidad. La construcción de relatos que conectan elementos inconexos termina imponiéndose sobre la verificación rigurosa, alimentando percepciones que encuentran terreno fértil en la incertidumbre propia de la campaña.
El caso del contrato de pasaportes, que involucra a Thomas Greg & Sons, sigue siendo objeto de debate público y requiere transparencia institucional para esclarecer sus implicaciones. Pero convertir ese proceso en una supuesta estrategia política sin evidencia no solo distorsiona la discusión, sino que contribuye a erosionar la confianza en las instituciones.
En un escenario donde la información circula a gran velocidad y las narrativas compiten por imponerse, la responsabilidad de diferenciar entre hechos comprobados y especulación resulta clave. Porque en tiempos electorales, no toda versión es verdad, y no toda investigación judicial puede interpretarse como una maniobra política.
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REDACCIóN COLOMBIA
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