Un matrimonio estafa 79000 euros a un cura: dijeron que evitarían abortos y ayudarían a prostitutas

Sucedió en O Barco de Valdeorras a partir de 2017. Según informa La región, un matrimonio de nacionalidad rumana se instaló en el municipio de Orense antes de aquel año, donde conocieron al párroco, ya fallecido. Según el Ministerio Público, el matrimonio ya contaba con un plan preconcebido para enriquecerse a través de estafas y mentiras y el párroco, conocido por su voluntad de ayudar, no dudó en acogerles cuando estos fueron a conocerle.

Tras ganarse su confianza, comenzaron a pedirle dinero con infinidad de pretextos. Entre ellos, desde ayudas para el alquiler de la casa, comida o gastos médicos propios y de sus familiares, hasta gastos derivados de accidentes de tráfico e incluso amenazas de criminales.

La estafa llegó al punto de crear identidades falsas de prostitutas para pedirle así más dinero y ayudar, según la ilusión creada por los criminales, a «no realizar abortos o necesidades básicas», según palabras de la Fiscalía.

Convencido de su responsabilidad para ayudar en esta causa, el párroco vacío sus cuentas y todos sus ahorros, llegando a dar al matrimonio casi 45.000 euros en 30 transferencias.

Al quedarse sin nada, siguieron pidiéndole insistentemente nuevos envíos de dinero, para lo que el párroco pidió ayuda a otra persona. Esta última le llegó a dejar 34.200 euros que también fueron entregados a los estafadores.

La confianza del párroco era absoluta, pues además de su convicción caritativa, el matrimonio afirmó poner su casa de Rumanía como seguro, prometiendo que devolverían el dinero íntegramente cuando se produjese la venta del inmueble, lo que no era sino parte de la estafa e hicieron «con la intención de generar tranquilidad en el mismo y que siguiera dándoles dinero», explica la acusación.

El juicio por los hechos, previsto para este mes de julio, se suspendió debido a que un letrado se encontraba en otra provincia por otro juicio. La nueva fecha fijada para esclarecer el caso es el 19 de febrero de 2025.

La Fiscalía solicita para los acusados, actualmente en libertad, una pena de cuatro años y medio de prisión, una multa de 10 meses a razón de seis euros día y el abono de una indemnización conjunta fijada en 79.119 euros. El párroco y víctima ya ha fallecido.