Sala IV prohíbe discutir y votar presupuesto 2027

La discusión y aprobación en segundo debate del Presupuesto Nacional para 2027 quedaron suspendidas tras dos medidas cautelares relacionadas con los recursos del Poder Judicial y las universidades públicas.

Las resoluciones fueron emitidas por los magistrados Fernando Cruz e Ingrid Hess, tras la aprobación del proyecto en primer debate el 5 de noviembre.

“El Plenario de la Asamblea Legislativa deberá abstenerse de discutir y aprobar en segundo debate el proyecto de ley que se tramita bajo el expediente legislativo número 25.754, antes del 29 de noviembre de 2026”, dispuso la Sala.

La primera medida responde a una petición urgente de Patricia Vargas González, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, para evitar que se apruebe el presupuesto sin resolver su consulta constitucional.

La controversia abarca las normas 9, 10, 11 y 12. Una de las disposiciones condiciona la liberación de ¢29.843,8 millones, equivalentes al 5,6% del presupuesto judicial, a la aprobación de una comisión legislativa. Otras limitan los traslados de fondos y los nombramientos.

La Corte alegó que estas disposiciones podrían provocar el despido de más de 2.400 funcionarios, el cierre de despachos y afectaciones al OIJ y a los servicios judiciales. También cuestionó la falta de consulta prevista en el artículo 167 de la Constitución Política, que exige 38 votos para apartarse del criterio judicial sobre su organización y funcionamiento.

La segunda medida se originó en una consulta presentada por 12 diputados contra la rebaja de ¢8.048 millones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), destinados a cubrir cotizaciones patronales de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).

La moción se aprobó el 19 de octubre en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Los consultantes consideran que el traslado de esos recursos podría vulnerar la autonomía y el régimen de financiamiento de las universidades estatales, protegidos por los artículos 84 y 85 de la Constitución.

También señalaron que las universidades no fueron consultadas antes del recorte. Además, citaron una sentencia de 2022 que declaró inconstitucional otra rebaja legislativa al FEES. Entre las posibles afectaciones mencionaron las inversiones regionales y la ampliación de cupos académicos.

La Sala también señaló atrasos legislativos en la remisión de los expedientes solicitados. El correspondiente al Poder Judicial se pidió el 26 de octubre y el relacionado con el FEES, el 27. Ambos requerimientos se reiteraron el 4 de noviembre.

Las medidas son provisionales y no resuelven aún si las normas cuestionadas son inconstitucionales. La Constitución establece que el presupuesto debe aprobarse definitivamente antes del 30 de noviembre.

 Nogui Acosta

Diputado PPSO

“Hay que separar el tema de la discusión del tema de la votación, y lo único que resuelve la medida cautelar es que no se puede votar el presupuesto en segundo debate, podemos agotar la discusión, no tiene sentido detener la discusión si hay un plazo perentorio para poder hacer la votación”.

Diana Murillo

Diputada PLN

“Las normas de ejecución presupuestaria planteadas por el Ministerio de Hacienda y el Gobierno de la República eran normas atípicas e inconstitucionales. Estas interfieren directamente con la operación del Poder Judicial y esa es precisamente nuestra preocupación”.