La Federación Venezolana de Maestros (FVM) denunció que el sistema educativo público inicia el nuevo año escolar en medio de graves deficiencias de infraestructura, falta de servicios básicos y una profunda precariedad salarial de los docentes. El reclamo se produce cuando millones de estudiantes regresan a las aulas y el gremio cuestiona que se presente una imagen de normalidad mientras persisten problemas que afectan tanto a profesores como a alumnos.

La organización sindical sostiene que una parte importante de las escuelas venezolanas no dispone de condiciones adecuadas para recibir a la comunidad educativa. Entre las principales deficiencias señaladas aparecen interrupciones o ausencia de agua potable, electricidad y saneamiento, además de años de falta de mantenimiento preventivo y correctivo. La situación, según la FVM, compromete las condiciones mínimas necesarias para desarrollar las actividades escolares con normalidad.

A estas dificultades se suman los daños provocados por los terremotos registrados el pasado 24 de junio, de magnitudes 7,2 y 7,5 según los reportes citados por el gremio. La Federación reclama que los establecimientos afectados sean sometidos a evaluaciones técnicas antes de permitir el ingreso de estudiantes y trabajadores, especialmente en las zonas donde los movimientos sísmicos ocasionaron daños estructurales.

El Gobierno venezolano informó anteriormente que, de unas 27.000 escuelas existentes en el país, 900 resultaron afectadas por los terremotos y 11 llegaron a colapsar. También anunció la reubicación de alumnos pertenecientes a 91 centros educativos que sufrieron daños importantes. La Federación, sin embargo, cuestiona que no exista un informe técnico público y completo que permita conocer con precisión el estado de cada plantel.

El conflicto no se limita a los edificios escolares. La situación económica de los docentes constituye uno de los principales puntos de la protesta. La FVM afirma que el salario base se encuentra severamente deteriorado y cuestiona que las autoridades presenten los bonos y asignaciones extraordinarias como si fueran parte del salario regular. Según datos difundidos por el gremio, el sueldo mínimo mensual establecido para el sector público es de 130 bolívares, mientras que existe además una bonificación equivalente a unos 240 dólares desde mayo.

La Federación insiste en que un bono no sustituye un salario. En un comunicado difundido antes del inicio de clases, el gremio afirmó que el ingreso base de los docentes se encuentra en niveles de extrema precariedad y rechazó la política de compensar la pérdida salarial fundamentalmente mediante bonificaciones. Otra información difundida por medios venezolanos sitúa el salario base mensual de los docentes en un rango equivalente de apenas entre 0,30 y 1,50 dólares, según la categoría, una cifra que el propio gremio utiliza para dimensionar el deterioro del poder adquisitivo.

La alimentación de los estudiantes constituye otro de los reclamos. La FVM cuestiona la ausencia de un Programa de Alimentación Escolar permanente, completo y de calidad, mientras representantes regionales del magisterio han denunciado que el suministro de alimentos no cumple de manera regular con las necesidades nutricionales de los alumnos.

La crisis, por lo tanto, reúne tres problemas que se retroalimentan: escuelas deterioradas, servicios básicos insuficientes y docentes con ingresos fuertemente depreciados. Para la organización sindical, hablar únicamente de la apertura del calendario escolar no resuelve las condiciones reales en las que estudiantes y trabajadores deben desarrollar sus actividades.

La presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, Carmen Teresa Márquez, reclamó una evaluación integral de la infraestructura y sostuvo que no resulta aceptable abrir planteles simplemente para cumplir con el calendario si no existen garantías suficientes de seguridad. El gremio también reclama la apertura de mesas de negociación con las representaciones sindicales para abordar la situación laboral del sector.

La Federación también cuestiona el discurso oficial sobre los ingresos docentes. En los últimos días, el gremio rechazó públicamente cifras atribuidas al Ministerio de Educación sobre remuneraciones promedio y sostuvo que esas cantidades incorporan bonos que no forman parte del salario base. Para los maestros, esta diferencia es fundamental porque las bonificaciones pueden cambiar o desaparecer y no sustituyen los derechos laborales vinculados a la remuneración permanente.

El reclamo adquiere una dimensión mayor porque la crisis ocurre precisamente al comenzar el año escolar 2026-2027. El gremio considera que recuperar la calidad educativa requiere algo más que convocar a estudiantes y profesores a las aulas: exige infraestructura segura, servicios funcionando, alimentación escolar y condiciones económicas que permitan a los docentes ejercer su profesión sin encontrarse en situación de pobreza.

La situación de Venezuela vuelve a colocar en el centro del debate regional una pregunta fundamental: cómo garantizar el derecho a la educación cuando las escuelas no cuentan con condiciones básicas y quienes tienen la responsabilidad de enseñar denuncian que sus ingresos ya no alcanzan para cubrir sus necesidades esenciales. Para la Federación Venezolana de Maestros, la solución no pasa por bonos temporales ni por discursos de normalidad, sino por una recuperación estructural del sistema educativo, con inversión, infraestructura segura, servicios públicos y salarios dignos.

Foto: EFE / Ronald Peña