La posible extensión del estado de excepción en Bolivia por otros 90 días genera resistencia en Santa Cruz, donde representantes del sector agropecuario y de la dirigencia cívica cuestionan que la medida haya resuelto los problemas que llevaron a su declaración. Mientras el Gobierno sostiene que existen razones para mantener el régimen excepcional ante eventuales nuevas protestas, el debate ya avanzó en la Cámara de Diputados y ahora adquiere una dimensión política y económica.

El estado de excepción fue declarado por el Gobierno de Rodrigo Paz el 20 de junio, después de semanas de movilizaciones y bloqueos que provocaron problemas de circulación y abastecimiento. Su vigencia inicial es de 90 días y se aproxima a su vencimiento en septiembre. La legislación boliviana permite una ampliación excepcional, pero requiere autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

La posibilidad de prorrogarlo comenzó a tomar forma política esta semana. La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución para autorizar una ampliación de hasta 90 días y remitió la iniciativa al pleno. Si obtiene respaldo en Diputados, el procedimiento deberá continuar conforme al marco constitucional y legislativo. La aprobación en comisión, por sí sola, todavía no significa que el estado de excepción haya sido prorrogado.

Desde Santa Cruz, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) expresó una posición crítica. Su presidente, Klaus Frerking, señaló que el sector productivo necesita principalmente seguridad jurídica, reglas claras y condiciones que permitan invertir, producir y generar empleo. Su planteamiento coloca el foco en la recuperación económica y no en la prolongación de medidas excepcionales.

Frerking sostuvo que la salida de la crisis requiere recuperar la actividad productiva, atraer inversiones y aumentar las exportaciones. Para el empresariado agropecuario cruceño, la incertidumbre política puede convertirse en un obstáculo adicional para sectores que necesitan estabilidad para planificar sus operaciones y comprometer capital.

El Comité Pro Santa Cruz también adoptó una posición de cautela. Su presidente, Stello Cochamanidis, anunció que consultará con asesores jurídicos para determinar si la ampliación corresponde y cuáles serían sus fundamentos. El dirigente cuestionó que, durante el período vigente, hayan continuado situaciones que, según su evaluación, no deberían producirse bajo un estado de excepción.

La postura cruceña contrasta con la del Gobierno. El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, consideró conveniente ampliar el régimen ante las amenazas de nuevas protestas sociales. El Ejecutivo sostiene que persisten riesgos que podrían afectar la estabilidad y la reactivación económica, argumento que también ha sido utilizado por otros integrantes del Gobierno para defender la continuidad de la medida.

El debate, además, tiene una dimensión constitucional. La Ley 1740 establece que el estado de excepción puede tener una duración de hasta 90 días y que una ampliación excepcional requiere autorización de la Asamblea Legislativa. Por ello, la discusión no puede resolverse únicamente mediante una decisión administrativa del Ejecutivo.

Existe también una controversia política adicional: una eventual prolongación podría afectar el calendario de reformas constitucionales. El expresidente Jorge Quiroga advirtió que mantener vigente el estado de excepción retrasaría ese proceso, debido a que la Constitución boliviana establece restricciones para realizar reformas constitucionales mientras rige un régimen de excepción.

La oposición también ha cuestionado la eficacia de la medida. El exministro de Gobierno Eduardo del Castillo afirmó recientemente que el estado de excepción «no sirvió de nada» y calificó la posibilidad de ampliarlo como una decisión meramente decorativa. Su postura se suma a otras voces que reclaman al Gobierno una mayor capacidad de diálogo con los sectores sociales antes de prolongar las restricciones.

El escenario, por tanto, todavía está abierto. La Comisión de Diputados ya dio un primer paso, pero la decisión definitiva dependerá del tratamiento legislativo posterior. Mientras el Gobierno argumenta que necesita herramientas para prevenir nuevos conflictos, sectores de Santa Cruz sostienen que Bolivia necesita principalmente seguridad jurídica, producción, inversión y empleo.

La discusión sobre el estado de excepción se convierte así en un reflejo de una disputa más amplia sobre cómo enfrentar la crisis boliviana: mediante mayores mecanismos de control y prevención de protestas o mediante acuerdos políticos y medidas económicas capaces de reducir las causas que alimentan la conflictividad social.

Foto: Hoy Bolivia