La protección de los recursos marinos del Atlántico Sur y de la Antártida atraviesa un momento especialmente delicado. Las disputas entre potencias, los desacuerdos sobre las cuotas pesqueras y el bloqueo de nuevas áreas protegidas están poniendo a prueba un sistema internacional construido durante décadas para evitar que la explotación de los océanos vuelva a quedar sometida exclusivamente a intereses económicos.

La cuestión adquiere especial relevancia para Argentina, Chile y los demás países vinculados al Atlántico Sur, debido al enorme valor ecológico y económico de sus recursos. En esta región se encuentran especies fundamentales para el equilibrio del ecosistema antártico, entre ellas el krill, peces de aguas profundas y otras especies que sostienen cadenas alimentarias de las que dependen aves, focas, ballenas y otros grandes depredadores.

Uno de los principales instrumentos para proteger este ecosistema es la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), creada en 1980 después de que la expansión de la pesca de krill generara preocupación internacional. Su particularidad consiste en que no fue concebida únicamente para administrar una actividad económica: su objetivo es conservar el ecosistema marino antártico considerando las relaciones entre las distintas especies.

La historia explica por qué esa protección resulta necesaria. Durante los siglos XIX y XX, la explotación comercial de focas, ballenas y peces produjo fuertes presiones sobre los recursos del Atlántico Sur. El crecimiento de las flotas pesqueras y la ausencia de mecanismos internacionales adecuados favorecieron episodios de sobreexplotación que posteriormente obligaron a establecer restricciones y sistemas científicos de evaluación.

Uno de los antecedentes más importantes ocurrió durante la década de 1970, cuando las capturas exploratorias de krill realizadas por la Unión Soviética generaron preocupación por el impacto que una explotación a gran escala podía provocar sobre toda la cadena alimentaria antártica. El krill no es simplemente otro recurso pesquero: constituye una fuente fundamental de alimento para numerosas especies del ecosistema austral.

A partir de esa experiencia se consolidó una idea que continúa siendo central en la conservación antártica: no basta con determinar cuánto pescado puede extraerse; es necesario conocer cómo esa extracción afecta al conjunto del ecosistema. Por esa razón, la CCRVMA incorpora evaluaciones científicas y busca mantener las poblaciones dentro de niveles que permitan preservar sus relaciones ecológicas.

Uno de los casos que demuestra las consecuencias de una explotación excesiva es el del pez de hielo en las islas Georgias del Sur. Las estimaciones científicas y las tensiones existentes entre los países miembros desembocaron en el colapso de esa pesquería en 1991. La actividad tuvo que ser cerrada y, según el análisis del experto Enrique Marschoff, la población todavía no ha recuperado los niveles existentes antes de la explotación intensiva.

Otro recurso especialmente sensible es la merluza negra, una especie longeva y de crecimiento lento que comenzó a ser capturada mediante palangres profundos alrededor de 1989. Precisamente porque necesita mucho tiempo para alcanzar la madurez, una presión pesquera excesiva puede tener consecuencias prolongadas sobre la población.

En el caso del krill se adoptó una estrategia diferente. La CCRVMA estableció un límite preventivo de 620.000 toneladas anuales, considerablemente inferior a la biomasa estimada, con el propósito de reducir el riesgo de que la extracción afecte a los animales que dependen de este pequeño crustáceo como alimento.

La geopolítica entra en las aguas antárticas

El problema actual es que la conservación marina ya no depende exclusivamente de criterios científicos. Las tensiones internacionales están trasladándose a los organismos encargados de administrar los recursos.

El enfrentamiento entre Rusia y Ucrania constituye uno de los ejemplos señalados por el especialista consultado por DEF. Según Marschoff, Rusia ha negado su consenso para establecer límites de captura de merluza negra en las aguas próximas a las Georgias del Sur. Paralelamente, el Reino Unido mantiene una interpretación propia de las reglas y autoriza operaciones de sus buques bajo un límite de captura independiente.

La situación es particularmente compleja porque las decisiones de la CCRVMA se adoptan mediante consenso. Este mecanismo busca garantizar que las medidas de conservación tengan respaldo de los miembros, pero también significa que una disputa política puede bloquear decisiones ambientales durante períodos prolongados.

Y allí aparece uno de los mayores riesgos: que la falta de acuerdo termine beneficiando indirectamente a las actividades extractivas. Si los países no consiguen establecer límites comunes, el sistema de protección pierde capacidad para actuar de manera coordinada.

Argentina y Chile tienen un papel central

El debate también involucra directamente a Argentina y Chile. Ambos países presentaron en 2014 una propuesta conjunta para establecer un Área Marina Protegida en la península Antártica, una de las regiones ecológicamente más importantes del continente.

Sin embargo, la iniciativa permanece estancada debido a la falta de consenso dentro de la CCRVMA. Para sus impulsores, la demora representa una oportunidad perdida para proteger un ecosistema sometido a presiones ambientales y económicas crecientes.

La CCRVMA ya consiguió un precedente importante en 2009, cuando estableció un Área Marina Protegida en la región de las islas Orcadas del Sur. Ese antecedente demostró que la cooperación internacional puede generar mecanismos concretos de protección cuando existe voluntad política.

Pero la situación actual plantea una pregunta mucho más profunda: ¿puede mantenerse una política ambiental internacional cuando los países atraviesan conflictos geopolíticos que nada tienen que ver directamente con la conservación?

Un ecosistema que no entiende de fronteras

El problema de fondo es que los ecosistemas marinos no respetan las fronteras políticas. Una población de krill, una ballena, un pez o una corriente marina forman parte de sistemas interconectados que atraviesan distintas zonas jurisdiccionales.

Una decisión adoptada en un sector puede terminar afectando a especies ubicadas cientos o miles de kilómetros más lejos. Por eso, la conservación del Atlántico Sur y de la Antártida requiere necesariamente cooperación científica, intercambio de información y reglas comunes.

Argentina, además, mantiene operaciones de vigilancia de su Zona Económica Exclusiva en el Atlántico Sur para combatir la pesca ilegal y proteger sus recursos marinos. En mayo de 2026, la Armada Argentina desarrolló la operación Mare Nostrum XI, destinada al control de los espacios marítimos jurisdiccionales y a la prevención de actividades pesqueras ilegales.

En paralelo, Argentina continúa aplicando medidas específicas vinculadas con la conservación de los recursos vivos marinos antárticos en el marco de la CCRVMA. Una resolución publicada en junio de 2026 incorporó medidas de conservación relacionadas con las decisiones adoptadas en la 44.ª reunión de la organización.

El verdadero desafío: conservar antes de que sea demasiado tarde

La experiencia histórica demuestra que recuperar una especie después de un colapso puede llevar décadas y, en determinados casos, no garantizar que la población vuelva a sus niveles originales.

Por eso, el principio preventivo resulta fundamental. La conservación marina no puede comenzar cuando una especie ya está al borde del colapso; debe actuar cuando todavía existen suficientes datos para evitar llegar a ese punto.

El Atlántico Sur y la Antártida representan además una reserva estratégica de biodiversidad para todo el planeta. El cambio climático, el aumento de la presión pesquera y las nuevas tecnologías de explotación marina pueden incrementar el interés económico sobre estos espacios durante las próximas décadas.

La gran amenaza, por tanto, no es solamente la pesca ilegal o la sobreexplotación. También lo es la parálisis institucional. Cuando los organismos internacionales dejan de adoptar decisiones porque los conflictos políticos bloquean el consenso, los ecosistemas quedan expuestos a una presión creciente.

El futuro de la conservación marina en el Atlántico Sur y la Antártida dependerá de que la ciencia vuelva a ocupar el centro de las decisiones y de que los países sean capaces de separar, al menos en estos espacios, la protección del ecosistema de sus disputas geopolíticas. La historia de la región demuestra que cuando los recursos quedan librados a la explotación sin límites, las consecuencias terminan pagando un precio que puede durar generaciones.

Foto: Archivo DEF