La Justicia uruguaya condenó a diez personas vinculadas a una presunta organización que obtenía información sobre víctimas de accidentes de tránsito para captar clientes y ofrecerles servicios legales. Entre los condenados hay abogados, policías y gestores. Otros dos imputados continuarán sometidos a investigación.

El caso involucra a una red conocida popularmente como “caranchos”, integrada, según la investigación de la Fiscalía, por personas que accedían ilegalmente a datos contenidos en reportes de siniestros. Esa información habría sido obtenida a través de contactos con policías y otras personas vinculadas a la atención de emergencias, para luego localizar a las víctimas y convencerlas de contratar representación.

Las autoridades investigan a unas 70 personas en el marco general de la causa. De los 13 detenidos inicialmente, uno fue liberado por falta de pruebas y 12 participaron posteriormente de la audiencia judicial. Diez aceptaron acuerdos con la Fiscalía mediante un proceso abreviado y recibieron condenas de prisión.

Abogados y policías entre los condenados

Entre los condenados figura Richard Alzugaray, abogado y también funcionario policial. Recibió una pena de tres años y dos meses de penitenciaría, además de una multa y la inhabilitación para ejercer funciones públicas durante el tiempo de la condena. La sentencia incluyó delitos vinculados a amenazas, asociación para delinquir, cohecho y acceso ilícito a datos informáticos.

También fueron condenados los abogados Elizabeth Frogge, Giselle Freccero y Gustavo Bentos. Las penas impuestas varían según los delitos atribuidos, entre ellos asociación para delinquir especialmente agravada, cohecho y uso indebido de información privilegiada.

En el caso de los profesionales del derecho, las resoluciones judiciales deberán ser comunicadas a la Suprema Corte de Justicia, organismo que puede iniciar los procedimientos administrativos correspondientes respecto de la habilitación para ejercer la profesión.

La participación de funcionarios policiales

Otros tres policías fueron condenados: Christian Larrosa, Oscar Bleda y Robby Rodríguez. Según la información judicial recogida en la investigación, recibieron penas de prisión por delitos relacionados con asociación para delinquir, cohecho y uso indebido de información privilegiada.

Las condenas también contemplan multas y, en algunos casos, la inhabilitación para desempeñar funciones públicas mientras dure la pena.

Los gestores y la búsqueda de clientes

La red también contaba con gestores que, según la Fiscalía, cumplían la función de localizar y contactar a potenciales clientes para los abogados.

Entre los condenados se encuentran Leonardo Yorda, Sebastián Viera y Washington García. Las penas impuestas incluyen prisión y multas, tras la atribución de delitos vinculados a asociación para delinquir, cohecho y uso indebido de información privilegiada.

De acuerdo con la investigación, el sistema se habría sostenido mediante pagos por información que podían variar de acuerdo con las características de los accidentes y las eventuales indemnizaciones vinculadas al Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA).

Una investigación que continúa

Aunque diez personas ya fueron condenadas, el caso todavía no está completamente cerrado. Un abogado y un gestor no aceptaron los acuerdos propuestos y la investigación sobre sus respectivas situaciones continuará.

La causa ha puesto bajo la atención pública un mecanismo que, según la Fiscalía, combinaba acceso irregular a información sensible, contactos con víctimas de accidentes y la búsqueda de beneficios económicos mediante la captación de clientes.

El caso de los “caranchos” vuelve a colocar en debate la protección de los datos de las víctimas y la responsabilidad de quienes, por su función pública o profesional, tienen acceso a información sensible. Para la Justicia uruguaya, las condenas dictadas representan un avance importante en una investigación que todavía mantiene a decenas de personas bajo análisis.

Foto: El Observador