El Gobierno de Bolivia reconoció que el retiro parcial de la subvención al diésel forma parte de los compromisos vinculados al programa de financiación negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La decisión, aplicada a los denominados grandes consumidores, ha provocado una fuerte reacción de productores, empresarios y transportistas en un país que continúa enfrentando problemas de abastecimiento de combustibles.
La declaración fue realizada por el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, durante una reunión encabezada por el presidente Rodrigo Paz con representantes municipales. Según explicó el funcionario, el Decreto Supremo 5676 está relacionado con las condiciones establecidas dentro del programa financiero acordado con el FMI. El Gobierno sostiene que mantener indefinidamente el sistema de subvenciones representa una carga insostenible para las finanzas públicas.
La medida, emitida el 17 de agosto, estableció un precio referencial de 18 bolivianos por litro de diésel para industrias, empresas y otros usuarios considerados clientes directos o grandes consumidores. En cambio, se mantiene el precio de 9,80 bolivianos por litro para el transporte público, usuarios particulares y consumidores que no superen los 5.000 litros mensuales. La modificación busca, según el Ejecutivo, responder también a los graves problemas de abastecimiento que han generado largas filas en estaciones de servicio de diferentes regiones del país.
Un acuerdo de USD 1.900 millones en el centro del debate
El entendimiento entre Bolivia y el FMI contempla un programa técnico de 36 meses por USD 1.900 millones, destinado a respaldar el proceso de reformas económicas impulsado por la administración de Rodrigo Paz. Sin embargo, el acuerdo todavía requiere instancias de aprobación, entre ellas las correspondientes al directorio del organismo internacional y al ámbito legislativo boliviano.
La admisión oficial de que la política sobre el diésel está vinculada a compromisos con el FMI añade una nueva dimensión política al conflicto. Durante meses, Bolivia ha enfrentado dificultades relacionadas con la disponibilidad de combustibles, la presión sobre las cuentas públicas y la necesidad de encontrar nuevas fuentes de financiación.
El debate sobre las subvenciones es especialmente sensible porque Bolivia ha mantenido durante años precios internos de combustibles considerablemente regulados. El sistema permitió amortiguar el impacto directo de los precios internacionales, pero también generó un elevado costo fiscal y abrió discusiones sobre contrabando, distorsiones en el mercado y sostenibilidad financiera.
Productores y transportistas rechazan la medida
La reacción fue inmediata desde distintos sectores. Productores agropecuarios, organizaciones empresariales y transportistas cuestionaron el incremento del precio para los grandes consumidores y exigieron la anulación del decreto.
En Santa Cruz, principal motor agroproductivo del país, organizaciones del sector manifestaron su preocupación por el posible impacto sobre los costos de producción. Productores de arroz, caña de azúcar y otras actividades agrícolas también expresaron rechazo, mientras la Confederación Agropecuaria Nacional advirtió sobre posibles consecuencias para el sector productivo.
La tensión llegó también a las carreteras. Productores de arroz realizaron bloqueos en la ruta que conecta Santa Cruz y Beni, lo que provocó la intervención de fuerzas militares y policiales para despejar el paso. Al menos ocho sectores habían expresado públicamente su rechazo a la medida durante los primeros días de vigencia.
El sector del transporte, por su parte, declaró el estado de emergencia. Sus representantes reclaman una solución no solo al nuevo esquema de precios, sino también a la persistente escasez de diésel, que ha obligado a conductores de camiones y autobuses a esperar durante largas jornadas para conseguir combustible.
El Gobierno descarta retroceder
El presidente Rodrigo Paz ha defendido la necesidad de tomar decisiones difíciles frente a la situación económica del país. La posición del Ejecutivo plantea un dilema que podría marcar los próximos meses: mantener el elevado costo fiscal de las subvenciones o avanzar hacia una liberación gradual de los precios, con el riesgo de generar mayores costos para la producción y nuevas protestas sociales.
Al mismo tiempo, la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) busca ampliar la participación de proveedores privados para mejorar el abastecimiento. La empresa abrió procesos para evaluar nuevas ofertas, aunque la crisis del suministro todavía no ha sido completamente resuelta.
La situación representa uno de los desafíos económicos y políticos más importantes para Bolivia. El país intenta equilibrar la necesidad de reducir la presión sobre el Estado y obtener financiación internacional con la creciente preocupación de los sectores que dependen directamente del diésel para producir, transportar alimentos y mantener en funcionamiento la economía.
La discusión ya no se limita al precio de un litro de combustible. El conflicto revela una pregunta de fondo para Bolivia: cómo reformar una economía presionada por la escasez y las restricciones fiscales sin trasladar un impacto excesivo a los sectores productivos y a la población. La respuesta que adopte el Gobierno tendrá consecuencias directas en la estabilidad económica y social del país.
Foto: EFE / Luis Gandarillas
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