El Gobierno de Colombia anunció que presentará ante el Congreso un proyecto de reforma destinado a crear un nuevo marco jurídico para clasificar formalmente como “terroristas” a las guerrillas, organizaciones narcotraficantes y otras estructuras armadas ilegales que operan en el país. La iniciativa representa un giro significativo en la política de seguridad colombiana y busca reemplazar las diferencias jurídicas y políticas utilizadas hasta ahora para referirse a guerrillas, grupos armados y organizaciones criminales por una categoría común que permita al Estado aplicar herramientas específicas contra ellas. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, explicó que el proyecto establecerá primero una definición legal de qué constituye una organización terrorista y posteriormente creará un mecanismo para incluir oficialmente a los grupos que cumplan esos criterios.

El anuncio forma parte de la nueva estrategia de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el poder el 7 de agosto y prometió modificar sustancialmente la política aplicada durante el Gobierno de Gustavo Petro frente a los grupos armados. La nueva administración sostiene que las organizaciones ilegales deben recibir una respuesta estatal unificada, independientemente de que se presenten como guerrillas, estructuras narcotraficantes u otras formas de organización criminal. La Presidencia afirmó que “todos son terroristas y vamos a tratarlos como tales”, una definición política que ahora el Gobierno pretende convertir en una categoría jurídica mediante una reforma que deberá ser debatida y aprobada por el Congreso. La iniciativa aparece en un contexto de fuerte deterioro de la seguridad en varias regiones del país y de expansión de las organizaciones armadas ilegales.

Uno de los elementos centrales del proyecto será determinar qué características debe reunir una organización para ser considerada terrorista. Según explicó Rodrigo Lara, Colombia ya tiene tipificado penalmente el delito de terrorismo, pero carece de una definición específica de “organización terrorista” que permita establecer formalmente una lista de grupos sometidos a ese régimen. La reforma buscará llenar ese vacío mediante un estatuto antiterrorista que establezca criterios objetivos y posteriormente permita al Estado incorporar o excluir organizaciones de esa clasificación. El Gobierno todavía no ha publicado el texto definitivo del proyecto ni ha informado cuáles serán exactamente los grupos incluidos en la primera lista, por lo que aspectos fundamentales como el procedimiento de designación, los mecanismos de revisión y las consecuencias jurídicas concretas todavía deberán conocerse durante el trámite legislativo.

La decisión adquiere especial relevancia por el crecimiento registrado por las estructuras armadas ilegales durante los últimos años. Un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), elaborado con información del Ministerio de Defensa, señala que en julio de 2026 los grupos armados ilegales alcanzaban aproximadamente 28.802 integrantes, frente a 15.120 registrados en diciembre de 2022, al comienzo del Gobierno Petro. Esto representa un incremento cercano al 90% en ese período. El Clan del Golfo aparece como la organización más numerosa, con 10.268 integrantes, seguido por el ELN con 7.123, el Estado Mayor Central con 4.480 y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano con 2.359. La FIP advierte que el aumento del poder de estas estructuras tiene causas tanto estructurales como coyunturales y que la política de “Paz Total” no consiguió reducir la violencia ni impedir la expansión de varios grupos.

La nueva política representa precisamente un cambio respecto del enfoque de “Paz Total” impulsado durante la administración de Gustavo Petro. Aquel modelo buscaba combinar negociaciones, ceses al fuego y procesos de desmovilización con diferentes organizaciones armadas, bajo la premisa de reducir la violencia mediante acuerdos políticos y judiciales. El nuevo Gobierno considera que esa estrategia no logró impedir la expansión territorial y militar de las organizaciones ilegales y plantea ahora una respuesta mucho más centrada en seguridad, persecución criminal e inteligencia. La propia FIP señala que el debate sobre las causas del crecimiento de estos grupos continúa abierto, aunque registra que los grupos son hoy considerablemente más numerosos y que las disputas entre ellos se intensificaron.

La reforma también tiene una dimensión relacionada con las finanzas del crimen organizado. El Gobierno de De la Espriella anunció la reactivación de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) como parte de la nueva estrategia de seguridad, con el objetivo de perseguir los recursos económicos de las organizaciones criminales. La intención es que la lucha contra estos grupos no se concentre únicamente en operaciones militares o policiales, sino que también permita identificar y bloquear las redes financieras que sostienen el narcotráfico, el contrabando, la extorsión y otras actividades ilícitas. En este esquema, la clasificación como organización terrorista podría convertirse en una herramienta adicional dentro de una estrategia que combine inteligencia, persecución patrimonial, operaciones de seguridad y cooperación internacional.

La dimensión internacional también es importante. El Gobierno colombiano mantiene una relación estrecha con Estados Unidos y el proyecto aparece en un momento en que Washington ha ampliado el uso de la clasificación de organizaciones criminales como terroristas. Según la información difundida por AFP, Estados Unidos ya ha aplicado esta categoría a determinadas organizaciones ilegales de México, Colombia, Ecuador y otros países, mientras que el presidente Donald Trump sostiene que esa designación facilita ampliar operaciones policiales, de inteligencia y de contrainsurgencia contra esas estructuras. Bogotá busca ahora desarrollar su propio mecanismo jurídico interno, aunque todavía no está claro hasta qué punto la legislación colombiana reproducirá los efectos de las designaciones estadounidenses.

El proyecto aparece además en un momento particularmente delicado para la seguridad territorial colombiana. La Defensoría del Pueblo emitió recientemente una alerta temprana por la situación en el departamento del Cauca, donde operan disidencias de las FARC y el ELN y existen disputas por corredores estratégicos. La violencia incluye enfrentamientos, extorsiones, secuestros, reclutamiento de menores y utilización de drones explosivos, mientras comunidades indígenas han advertido sobre el deterioro de las condiciones de seguridad. Este contexto ayuda a explicar por qué la nueva administración pretende acelerar una política de seguridad más contundente y dotar al Estado de nuevas herramientas jurídicas.

Uno de los aspectos más sensibles será determinar cómo se aplicará la nueva categoría sin afectar las garantías constitucionales y el debido proceso. Una clasificación como terrorista puede tener consecuencias importantes sobre las investigaciones, las medidas de inteligencia, el tratamiento de los integrantes de una organización y las posibilidades de negociación con el Estado. Colombia cuenta además con un complejo sistema de justicia transicional derivado del acuerdo de paz de 2016 y con normas específicas para quienes abandonaron las armas y se incorporaron a la vida política. La Corte Constitucional ha insistido en que la seguridad jurídica y el respeto por el marco jurídico del Acuerdo Final son obligaciones constitucionales, por lo que cualquier nueva legislación deberá establecer claramente sus límites y evitar confusiones entre organizaciones criminales actuales y actores sometidos a mecanismos de justicia transicional.

La iniciativa también plantea una discusión sobre qué ocurre cuando una organización armada combina características políticas, criminales y territoriales. Durante décadas, Colombia enfrentó grupos que podían tener simultáneamente estructuras militares, control territorial, fuentes de financiación derivadas del narcotráfico y objetivos políticos. La nueva administración pretende reducir esa diferenciación y tratar a todas las organizaciones ilegales bajo una lógica de amenaza terrorista. El ministro Lara incluso señaló que podrían ser considerados dentro de la nueva categoría grupos responsables de incendios y ataques contra poblaciones y propiedades rurales, especialmente cuando esas acciones tengan como finalidad distraer o agotar las capacidades de respuesta del Estado.

Para el Gobierno, el objetivo es que las fuerzas de seguridad dispongan de instrumentos jurídicos más claros para enfrentar organizaciones que, según su diagnóstico, han incrementado su capacidad de fuego y control territorial. La reforma deberá definir cuáles serán esas herramientas y hasta dónde podrán llegar. No se conoce todavía el texto definitivo, por lo que sería prematuro afirmar que la clasificación automáticamente habilitará determinadas operaciones o sanciones. Lo que sí está confirmado es la intención política de crear una categoría legal específica para organizaciones terroristas y utilizarla como parte de una nueva estrategia nacional contra el crimen organizado y los grupos armados.

El cambio puede tener además repercusiones regionales, particularmente para los países vecinos de Colombia. Las organizaciones dedicadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas operan frecuentemente a través de fronteras y utilizan territorios de diferentes Estados para transportar drogas, armas y dinero. Una política colombiana más agresiva contra estas estructuras podría incrementar la necesidad de cooperación policial, intercambio de inteligencia y coordinación fronteriza con Venezuela, Ecuador, Panamá, Perú y Brasil, además de fortalecer los mecanismos regionales contra el crimen organizado. La propuesta, por tanto, no se limita a una reforma penal interna: puede terminar influyendo sobre la arquitectura de seguridad de buena parte de América del Sur.

La reforma antiterrorista marca así uno de los primeros grandes movimientos del Gobierno de Abelardo de la Espriella para modificar la estrategia de seguridad heredada de Gustavo Petro. Después de años de negociaciones con grupos armados bajo la denominada Paz Total, la nueva administración apuesta por una política basada en la clasificación jurídica de las organizaciones ilegales como terroristas, el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y la persecución de sus estructuras financieras. El proyecto todavía debe ser presentado y debatido por el Congreso, por lo que sus alcances definitivos aún están por definirse, pero su orientación política ya está clara: el Gobierno colombiano pretende abandonar las diferencias entre guerrilla, narcotráfico y otras organizaciones ilegales y establecer una respuesta estatal común frente a todas ellas.