El juicio oral por el caso Cuadernos volvió a quedar este martes en el centro de la escena política y judicial argentina después de que Héctor Zabaleta, exdirectivo de Techint, reconociera ante el Tribunal Oral Federal N.º 7 que entregó dinero al entonces funcionario Roberto Baratta. El testimonio tiene especial relevancia porque las entregas que describió coinciden con fechas y movimientos registrados por Oscar Centeno, el exchofer de Baratta cuyos cuadernos dieron origen a la investigación.

Zabaleta, de 80 años, respondió afirmativamente cuando la fiscal Fabiana León le preguntó si había realizado las entregas de dinero que aparecen vinculadas con Baratta. Según su declaración, los pagos fueron realizados en pesos argentinos y alcanzaron en conjunto un valor equivalente a aproximadamente US$ 1 millón. El exdirectivo explicó que recibió la instrucción de entregar esos fondos de parte de Luis Betnaza, otro alto ejecutivo de Techint.

El testimonio adquiere mayor peso dentro del juicio porque las entregas no aparecen solamente como un recuerdo presentado ahora ante los jueces. Las fechas mencionadas por Zabaleta guardan coincidencias con las anotaciones realizadas por Centeno, quien durante años registró recorridos, lugares y encuentros de Baratta con empresarios. Esa coincidencia temporal constituye uno de los elementos que la acusación utiliza para reconstruir el circuito de entregas investigado.

La declaración también vuelve a poner bajo la lupa el capítulo de Techint dentro de la causa. Zabaleta y Betnaza ya habían declarado en 2018 como imputados colaboradores y habían reconocido pagos vinculados con las dificultades que enfrentaba la compañía por la situación de su participación en SIDOR, en Venezuela, durante el gobierno de Hugo Chávez. En aquel momento, los ejecutivos señalaron que las entregas estaban relacionadas con gestiones para resolver los problemas de la empresa en Venezuela.

El caso SIDOR constituye una pieza particular dentro del expediente. Techint había participado en 1998, junto con otras empresas, en la privatización de la siderúrgica venezolana. Diez años después, el gobierno de Chávez nacionalizó la compañía y el grupo recibió una compensación que, según el testimonio citado en el juicio, terminó de cobrarse en 2012. En ese contexto se produjeron las gestiones oficiales que los ejecutivos de Techint relacionaron con las entregas de dinero.

El testimonio actual vuelve a colocar en discusión la naturaleza de aquellos pagos. La causa investiga un supuesto sistema de sobornos vinculados con contratos y decisiones estatales, mientras que algunos empresarios que declararon como arrepentidos inicialmente describieron determinados desembolsos como aportes o contribuciones políticas. A lo largo del proceso judicial, esa diferencia sobre el destino y la finalidad del dinero se convirtió en uno de los puntos centrales de controversia.

En el caso de Zabaleta, la declaración de este martes aporta un elemento concreto: reconoció que existieron entregas de dinero y que fueron realizadas por instrucciones internas de la empresa. El monto señalado —aproximadamente un millón de dólares al cambio de la época— permite dimensionar la importancia económica de las operaciones que quedaron incorporadas al debate judicial.

Pero el juicio también está mostrando que las declaraciones de los empresarios no son uniformes. Algunos admitieron pagos y otros cuestionaron posteriormente lo declarado durante la etapa de investigación. Incluso dentro del grupo de imputados colaboradores existen diferencias sobre el motivo de las entregas, las personas que las solicitaron y el destino final del dinero. Esa diversidad de testimonios será determinante para la valoración que finalmente realicen los jueces.

La propia defensa de Baratta sostiene desde hace años una versión completamente diferente. El exfuncionario niega haber cobrado coimas y ha cuestionado las declaraciones de empresarios que lo señalaron. En presentaciones anteriores, su defensa sostuvo que algunos ejecutivos habían reconocido entregas de dinero pero que los fondos podrían haber tenido otros destinos, además de cuestionar contradicciones entre distintas declaraciones.

El escenario judicial se encuentra ahora en una etapa especialmente importante. El Tribunal Oral Federal N.º 7 analiza un expediente que involucra a 86 acusados, entre empresarios y exfuncionarios, y que intenta determinar si existió un sistema organizado de recaudación de sobornos relacionado con contratos estatales durante los gobiernos kirchneristas.

La fiscalía mantiene una posición particularmente dura sobre la responsabilidad de los acusados. Apenas un día antes del testimonio de Zabaleta, la fiscal general Fabiana León pidió rechazar las propuestas de reparación integral formuladas por las defensas de 47 empresarios y cuatro exfuncionarios acusados de entregar o recibir sobornos, argumentando que la reparación económica no debe convertirse en una vía para cerrar las responsabilidades penales.

El juicio, por lo tanto, está entrando en una fase en la que los testimonios de quienes participaron directamente en las operaciones adquieren un peso considerable. La declaración de Zabaleta resulta particularmente significativa porque no se limitó a referirse a las anotaciones de Centeno: reconoció personalmente haber realizado las entregas y describió cómo se originaron las instrucciones dentro de la estructura empresarial.

El caso Cuadernos nació en 2018 a partir de los registros manuscritos de Centeno, entonces chofer de Baratta. Las anotaciones describían recorridos y encuentros en los que, según la acusación, se transportaban bolsos con dinero. La investigación posterior incorporó declaraciones empresariales, documentación, movimientos financieros y otros elementos destinados a determinar si aquellos registros correspondían a un sistema sistemático de recaudación ilegal.

La importancia del testimonio de Zabaleta está precisamente en esa conexión entre los registros escritos y el reconocimiento de uno de los protagonistas de las entregas. La Justicia deberá determinar ahora qué valor probatorio tiene esa coincidencia y cómo encaja con el resto de las pruebas acumuladas durante años.

El episodio también vuelve a colocar a Techint en una posición relevante dentro del juicio. La compañía ya había aparecido en las primeras declaraciones de empresarios arrepentidos y en las anotaciones de Centeno, pero la confirmación realizada ahora ante el tribunal introduce un nuevo elemento para analizar la relación entre los ejecutivos empresariales y los funcionarios que aparecen en el expediente.

La declaración no constituye por sí misma una sentencia ni determina la responsabilidad penal definitiva de Baratta o de otros acusados. Corresponderá al Tribunal Oral Federal N.º 7 analizar este testimonio junto con las demás pruebas, las declaraciones anteriores y las explicaciones de las defensas antes de establecer qué hechos considera acreditados.

Pero políticamente y judicialmente, el testimonio vuelve a colocar una cuestión central sobre la mesa: cómo funcionaba la relación entre grandes empresas y funcionarios públicos durante el período investigado, qué motivaba las entregas de dinero y si esos pagos estaban vinculados con beneficios concretos dentro del Estado.

El caso Cuadernos sigue así avanzando sobre una de las investigaciones de corrupción más extensas de la Argentina. Y cada nuevo testimonio agrega una pieza a un expediente que comenzó con las anotaciones de un chofer y que, ocho años después, continúa intentando determinar qué ocurrió realmente con millones de dólares que circularon entre empresarios y funcionarios.