La administración de Donald Trump prepara una medida migratoria sin precedentes: la revocación de hasta 200.000 visas de turismo y negocios otorgadas a extranjeros que ingresaron legalmente a Estados Unidos y posteriormente solicitaron asilo o se encuentran en proceso de hacerlo. El plan, que involucra al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), podría convertirse en la mayor cancelación colectiva de visas registrada en la historia estadounidense.

La medida se concentra en las visas B1 y B2, utilizadas principalmente para viajes de negocios y turismo. Según la información divulgada por Associated Press y confirmada por funcionarios estadounidenses, el Gobierno analiza permisos emitidos entre 2016 y 2026 cuyos titulares posteriormente recurrieron al sistema de asilo para intentar permanecer en el país. El número definitivo todavía no fue establecido públicamente, pero las estimaciones citadas por AP llegan a unos 200.000 casos.

El argumento de Washington se basa en que determinadas personas habrían utilizado una visa destinada a una estadía temporal para ingresar a Estados Unidos y posteriormente iniciar un procedimiento de asilo con la intención de permanecer de manera permanente. El subsecretario de Estado Christopher Landau cuestionó públicamente lo que calificó como utilización abusiva del sistema, mientras el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Piggott, confirmó que ambas agencias están coordinando la identificación de los casos.

La diferencia entre esta operación y una deportación es importante. La cancelación de una visa no significa automáticamente que la persona sea expulsada del territorio estadounidense en ese mismo momento. La medida afecta el permiso que había sido concedido para ingresar como visitante temporal y puede modificar la situación migratoria de quienes todavía se encuentran en el país, mientras que los procedimientos de asilo y deportación tienen sus propias etapas legales.

El plan tampoco aparece de manera aislada. La administración Trump viene aplicando desde su regreso a la Casa Blanca una política de mayor control sobre la inmigración legal e irregular. El Departamento de Estado informó el 10 de agosto que ya había revocado más de 175.000 visas durante la administración, principalmente por infracciones migratorias, delitos, fraude, abuso del sistema y otros motivos relacionados con seguridad.

Entre las causas que anteriormente habían generado miles de cancelaciones aparecen delitos como agresiones, conducción bajo los efectos del alcohol, robos y delitos relacionados con drogas. También fueron revocadas visas por fraude, abuso infantil, agresiones sexuales y otras conductas consideradas incompatibles con las condiciones del permiso.

La nueva medida tiene una característica diferente: el criterio central no sería la comisión de un delito, sino la utilización posterior del sistema de asilo por personas que originalmente habían ingresado como visitantes. Por esa razón, el alcance potencial es mucho mayor y podría afectar a personas que inicialmente obtuvieron sus visas de manera regular.

El Gobierno estadounidense también está endureciendo las condiciones para obtener visas. En los últimos meses se han incorporado controles adicionales y se estudian mecanismos para ampliar la información exigida a los extranjeros, incluyendo antecedentes relacionados con redes sociales. La estrategia forma parte de una política más amplia destinada a examinar con mayor profundidad tanto a quienes solicitan visas como a quienes ya poseen permisos vigentes.

La dimensión de la ofensiva queda más clara al comparar las cifras. En enero de 2026 el Gobierno había anunciado la revocación de más de 100.000 visas; en agosto informó que el total ya superaba las 175.000. Si la nueva operación alcanza los 200.000 casos estimados, la administración podría llevar la cancelación de permisos a una escala muy superior a la registrada en anteriores períodos presidenciales.

El endurecimiento también está generando cuestionamientos legales. Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes sostienen que una política de este alcance puede afectar a personas que utilizaron mecanismos previstos por la legislación estadounidense para solicitar protección. Además, cualquier procedimiento masivo podría enfrentar demandas judiciales destinadas a determinar hasta dónde llegan las facultades del Ejecutivo para cancelar visas emitidas anteriormente.

El contexto judicial ya es especialmente sensible. El pasado 22 de agosto, un juez federal bloqueó una política de la administración Trump que había suspendido el procesamiento de visas de inmigrantes para ciudadanos de 75 países, al considerar que el secretario de Estado había excedido sus facultades legales al aplicar una restricción general basada en nacionalidades. La decisión muestra que las políticas migratorias de la administración están siendo sometidas a un intenso escrutinio judicial.

Para los viajeros extranjeros, el escenario supone una modificación importante del concepto de seguridad de una visa. Tener una visa estadounidense válida ya no significa necesariamente que el documento permanecerá vigente durante todo el período para el cual fue concedido, porque el Gobierno puede revisar posteriormente determinadas circunstancias y proceder a su cancelación cuando considere que existen razones legales para hacerlo.

El impacto potencial también alcanza a personas que llegaron a Estados Unidos bajo un permiso completamente regular y que, posteriormente, cambiaron de estrategia migratoria. El punto central de la nueva política será determinar qué solicitudes de asilo están vinculadas a un uso legítimo del sistema de protección y cuáles, según el Gobierno, representan un intento de transformar una entrada temporal en una permanencia permanente.

La Casa Blanca está colocando esta política dentro de una estrategia migratoria mucho más amplia. El Gobierno también ha aumentado los controles sobre estudiantes extranjeros, trabajadores especializados y otros grupos de inmigrantes legales, mientras continúa con su política de deportaciones y con medidas destinadas a dificultar diferentes vías de permanencia en Estados Unidos.

La controversia puede crecer precisamente porque el asilo y las visas de turismo responden a finalidades jurídicas diferentes. Una persona puede entrar inicialmente como visitante y posteriormente alegar circunstancias que, según su interpretación, justifican una solicitud de protección. La administración Trump sostiene que determinados casos representan un abuso de esa posibilidad; sus críticos advierten que una cancelación automática o generalizada podría impedir que cada situación sea evaluada individualmente.

La magnitud de la operación también puede generar consecuencias diplomáticas y consulares. Estados Unidos recibe millones de visitantes extranjeros cada año y mantiene relaciones comerciales, académicas y turísticas con prácticamente todo el mundo. Una política que implique revisar retrospectivamente visas emitidas durante una década podría generar incertidumbre entre viajeros que hasta ahora consideraban estable su autorización para ingresar al país.

El dato más importante es que todavía se trata de un plan en preparación y no de una cancelación automática de 200.000 visas. El Gobierno está identificando a los potencialmente afectados y coordinando el procedimiento entre el Departamento de Estado y el DHS. La cifra de 200.000 representa una estimación máxima divulgada por fuentes vinculadas al proceso, no un número definitivo de personas que necesariamente perderán sus permisos.

Si finalmente se ejecuta en la escala prevista, Estados Unidos entrará en un escenario migratorio nuevo: cientos de miles de visas podrían ser revisadas por una misma condición posterior a su otorgamiento. La medida reforzaría la política de control migratorio de Trump, pero también abriría una nueva batalla sobre los límites del poder presidencial, el debido proceso y la protección de quienes recurren al sistema de asilo.

La historia todavía está abierta. La próxima etapa será conocer los criterios exactos de selección, el procedimiento individual de revocación y qué ocurrirá con quienes tengan solicitudes de asilo pendientes. El tamaño definitivo de la operación y su resistencia ante los tribunales determinarán si la iniciativa se convierte realmente en la mayor revocación masiva de visas de Estados Unidos o queda limitada por decisiones judiciales.