La Justicia argentina ordenó la detención de 15 agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en el marco de la investigación por presuntas torturas, golpizas y abusos sexuales contra mujeres detenidas en la Unidad Penitenciaria N.º 51 de Magdalena, provincia de Buenos Aires. Los procedimientos se realizaron durante la madrugada de este martes en distintas dependencias penitenciarias, poco más de dos meses después de que cinco internas denunciaran hechos de extrema violencia ocurridos dentro del penal.

La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías N.º 4, a cargo del juez Juan Pablo Masi, con el objetivo de poner a disposición de la Justicia a los agentes señalados y asegurar elementos de prueba. La causa se originó por hechos ocurridos entre el 3 y el 4 de junio, después de una pelea entre internas que provocó el ingreso de personal penitenciario a uno de los pabellones.

El expediente comenzó a tomar dimensión a partir de una presentación de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que intervino como mecanismo de prevención de la tortura. Según los testimonios recogidos por el organismo, cinco mujeres fueron sometidas a diferentes formas de violencia y dos denunciaron agresiones sexuales. Los relatos incluyen golpes, utilización de gas pimienta a corta distancia, amenazas, desnudez forzada y prácticas de asfixia.

Uno de los episodios denunciados quedó asociado a una frase que se convirtió en el símbolo del expediente: “Besame las botas”. Según el testimonio incorporado a la denuncia, una de las mujeres habría sido obligada a arrodillarse mientras era golpeada y sometida a otras formas de tormento. La CPM también documentó la denuncia de que su cabeza fue sumergida repetidamente en agua.

La denuncia describe además una situación de extrema vulnerabilidad para las detenidas. De acuerdo con los testimonios, algunas fueron obligadas a desnudarse durante procedimientos realizados con presencia de agentes masculinos y posteriormente trasladadas a distintos sectores del establecimiento. Dos de las mujeres denunciaron agresiones de carácter sexual durante esos episodios.

Los relatos también plantearon una posible contradicción entre las primeras evaluaciones médicas y las lesiones observadas posteriormente. En uno de los casos, una historia clínica del mismo día de los hechos consignaba que la mujer no presentaba lesiones, mientras que una revisión posterior realizada en el marco de la investigación registró signos compatibles con las agresiones denunciadas.

La gravedad de las acusaciones llevó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires a separar preventivamente a diez agentes y remover a integrantes de la conducción de la Unidad 51. También se inició un sumario administrativo mientras avanzaba la investigación penal.

Ahora, las 15 detenciones representan un nuevo salto en la causa. La Justicia busca determinar la responsabilidad individual de los agentes que participaron del operativo y establecer qué ocurrió en cada uno de los sectores donde las internas aseguran haber sido agredidas. La detención de los sospechosos no implica una condena, ya que deberán prestar declaración y las acusaciones deberán ser contrastadas con el resto de las pruebas reunidas en el expediente.

La investigación también deberá establecer el grado de responsabilidad de quienes tenían funciones de mando. Los testimonios incorporados a la causa señalan la presencia de autoridades de la unidad durante parte de los episodios denunciados. Por eso, además de identificar a quienes habrían ejecutado directamente las agresiones, la Justicia deberá determinar si existieron órdenes, tolerancia o falta de control por parte de superiores.

El caso adquirió una dimensión particularmente sensible porque los hechos denunciados ocurrieron el 3 de junio, mientras en distintas ciudades del país se desarrollaban movilizaciones por el aniversario de Ni Una Menos, movimiento surgido contra la violencia de género. La coincidencia temporal fue destacada por organismos de derechos humanos al denunciar lo sucedido dentro del penal.

La situación también volvió a poner bajo discusión las condiciones de las mujeres privadas de libertad y los mecanismos de control sobre las cárceles bonaerenses. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sostuvo que los hechos denunciados incluyen golpes, gas, desnudez forzada y violencia sexual, y reclamó que las responsabilidades sean esclarecidas judicialmente.

Más allá de las responsabilidades penales que eventualmente puedan establecerse, el expediente plantea una cuestión institucional de fondo: qué controles existen dentro de las cárceles para impedir que una intervención penitenciaria derive en actos de violencia, humillación o tortura. La investigación deberá establecer no solamente qué ocurrió aquella jornada, sino también si existieron fallas de supervisión que permitieron que los hechos llegaran a producirse.

La causa permanece abierta y los próximos pasos serán determinantes. Las declaraciones de los detenidos, las pericias médicas, los registros internos del penal, las eventuales imágenes de cámaras de seguridad y otros elementos documentales deberán ser confrontados con los testimonios de las mujeres que denunciaron los abusos.

Quince agentes penitenciarios quedaron ahora a disposición de la Justicia en una causa que comenzó con los relatos de cinco mujeres privadas de libertad y que terminó poniendo bajo investigación a una estructura completa del sistema penitenciario bonaerense. La dimensión de las detenciones muestra que el expediente dejó de ser solamente una denuncia contra agentes individuales y pasó a convertirse en una investigación sobre lo ocurrido dentro de la Unidad 51 de Magdalena y las responsabilidades que pudieron existir alrededor de esos hechos.